El pacto de Estado frente a la emergencia climática se resquebraja por las reticencias de los socios
La propuesta de pacto de Estado contra la emergencia climática, lanzada en agosto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como gran iniciativa política frente a la oleada de incendios forestales que asoló España, atraviesa serias dificultades antes incluso de arrancar. Lo que pretendía ser una estrategia de unidad nacional para afrontar la crisis medioambiental se enfrenta ahora a resistencias tanto de la oposición como de los propios socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo.
Durante la comisión de Transición Ecológica del Congreso, formaciones como BNG, PNV, EH Bildu y Junts, que apoyaron la investidura de Sánchez, se mostraron muy críticas con la propuesta. Sus portavoces coincidieron en denunciar el carácter “táctico”, “propagandista” y, en algunos casos, de “cortina de humo” de la iniciativa. La principal preocupación radica en que este pacto pueda derivar en una recentralización de competencias, un extremo que ha levantado suspicacias entre partidos nacionalistas y regionalistas.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, trató de disipar esas dudas asegurando que el pacto no busca invadir competencias autonómicas y que se respetará tanto la Constitución como los estatutos de autonomía. “No se trata de centralizar competencias (…) el pacto en ningún caso es una cortina de humo, es una necesidad”, defendió.
Uno de los puntos más polémicos ha sido el anuncio de la creación de una subcomisión en el Congreso para trabajar en el acuerdo, una iniciativa impulsada unilateralmente por el PSOE. Pilar Calvo, de Junts, advirtió de que los independentistas catalanes “lo vemos como una ocasión más de recentralizar y de pisar nuestra competencias parte del Gobierno”.
En la misma línea, Néstor Rego (BNG) rechazó la idea de un marco único al señalar que “La realidad gallega no tiene nada que ver con el resto” del Estado. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) criticó que se lancen propuestas como la creación de una agencia estatal de emergencias como “si fuera una varita mágica”, sin consensuar previamente los pasos con las formaciones políticas.
Sospechas de oportunismo político
EH Bildu, a través de Mikel Otero, mostró un escepticismo similar, advirtiendo de que el documento presentado por Sánchez dejaba “fría” a su formación y sonaba a “planteamiento táctico”. Según Otero, la propuesta parece más una reacción partidista que una política de Estado construida desde el consenso. A su juicio, antes de hacer público el plan, el Gobierno debería haber trabajado con discreción para medir apoyos.
Incluso Sumar, socio de coalición, si bien se mostró dispuesto a participar en la negociación, alertó de que el pacto no puede convertirse en una “cortina de humo” con fines propagandísticos.
Por otro lado, la oposición tampoco ha facilitado el camino. El PP mantiene sus reservas y ha criticado la falta de medios en la gestión de incendios, mientras Vox ha vuelto a cuestionar el propio calentamiento global, lo que complica aún más un acuerdo de carácter transversal. La discusión en la comisión derivó en un cruce de acusaciones entre socialistas y populares sobre la gestión de emergencias, ejemplificando la dificultad de alcanzar consensos en un tema que, en teoría, debería unir voluntades.
La intención del Gobierno era iniciar el curso político con un gran acuerdo nacional que sirviera para blindar las políticas climáticas más allá de las legislaturas. Sin embargo, las críticas de sus aliados, la falta de confianza en el procedimiento y las reticencias de la oposición han colocado el proyecto en un terreno incierto. @mundiario
