La OTAN se rearma, España resiste: ¿quién diseña la seguridad europea?

La nueva propuesta de la OTAN —comprometer a los aliados a dedicar un 5% del PIB al gasto militar en el plazo de una década— ha encendido todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez, en una carta enviada al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha expresado con contundencia su rechazo: no es una cuestión de voluntad, ha venido a decir el presidente español, sino de coherencia y responsabilidad. Para España, destinar ese porcentaje significaría retroceder décadas en la financiación del Estado del bienestar y desmantelar pilares como la sanidad, la educación o la transición ecológica.

Lo que podría parecer un gesto aislado es, en realidad, el reflejo de una batalla más profunda: ¿hasta qué punto puede Europa permitir que su agenda estratégica esté tutelada por la presión estadounidense? ¿Debe el Viejo Continente aceptar sin matices las prioridades marcadas por Washington y sus socios más beligerantes del este europeo, o puede —y debe— construir una defensa propia, con sus ritmos, necesidades y valores?

OTAN: entre la disuasión y el dogma contable

El objetivo del 5% surge como respuesta a una coyuntura internacional marcada por la guerra en Ucrania, la creciente amenaza rusa y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Rutte, recién instalado en el cuartel general de Bruselas, ha asumido el papel de ariete ideológico del trumpismo europeo, con una propuesta que busca elevar significativamente el umbral de gasto militar obligatorio para los países miembros. La lógica es clara: más armas, más blindaje, más disuasión.

Pero la propuesta tiene trampa. Ni siquiera Estados Unidos —máxima potencia militar del planeta— alcanza actualmente ese nivel de gasto. Y lo más grave: se pretende imponer como un criterio fijo, sin atender a las diferencias estructurales, sociales y geopolíticas entre países. Lo que para Polonia o los países bálticos puede ser una cuestión de supervivencia, para el sur de Europa —más preocupado por la inmigración irregular, la seguridad energética o el terrorismo yihadista— puede representar un sacrificio sin retorno.

La posición española: firmeza pragmática

Sánchez no ha cerrado la puerta a contribuir al esfuerzo colectivo de defensa, ni mucho menos ha cuestionado la pertenencia de España a la OTAN. Lo que ha puesto en cuestión es el marco. El presidente español plantea una alternativa razonada: mantener el compromiso con las capacidades militares acordadas, sin atarse a porcentajes fijos que ignoran la complejidad de cada país. De hecho, España ya ha previsto alcanzar el 2,1% del PIB en gasto de defensa en los próximos años, lo que supone una subida significativa respecto a niveles anteriores.

Pero Sánchez va más allá: advierte que imponer un objetivo tan elevado supondría una pérdida de soberanía estratégica para Europa, al forzar a muchos países a comprar material militar a proveedores no europeos por falta de una base industrial propia suficientemente desarrollada. El resultado sería una mayor dependencia tecnológica y económica, justo en un momento en que Bruselas busca reindustrializarse y ganar autonomía en sectores clave.

¿Europa militar o Europa social?

La gran pregunta de fondo es si Europa quiere ser una fortaleza o una comunidad. El modelo defendido por Estados Unidos y aceptado con entusiasmo por algunos gobiernos del este del continente se basa en un rearme masivo como garantía de paz. Pero eso conlleva un coste: menos recursos para políticas sociales, menos margen para la transición verde, más presión fiscal sobre las clases medias y, en definitiva, una alteración profunda del pacto social europeo.

Sánchez, al rechazar el 5%, lanza un mensaje político que va más allá de los números: España no renunciará a su modelo social para alimentar una carrera armamentística que, además, podría ser contraproducente. Como ha señalado el propio presidente, aumentar el gasto militar a ese nivel podría provocar una desaceleración económica, una inflación sostenida y una desinversión en sectores estratégicos con mayor efecto multiplicador, como la tecnología, la salud o la educación.

La OTAN en su encrucijada

Esta negativa española puede marcar un punto de inflexión en la Alianza Atlántica. No por su capacidad de veto, que sigue siendo limitada, sino por lo que revela: una fractura ideológica entre quienes quieren una OTAN subordinada a los dictados de Washington y quienes defienden un modelo europeo de seguridad que combine defensa con diplomacia, disuasión con cohesión interna.

Lo más probable es que el borrador de la declaración de la cumbre de La Haya tenga que reescribirse, o al menos matizarse. España no está sola: otros países como Italia o Portugal comparten muchas de sus reticencias. Y aunque las voces más duras dentro de la Alianza insistan en elevar la presión, no está claro que puedan imponer su visión sin fracturar el consenso que ha sostenido la organización desde su creación.

¿Y después de La Haya?

El debate no se cerrará en esta cumbre. Es más: probablemente se intensificará. La exigencia del 5% es una apuesta estratégica de Trump para que Europa asuma más costes en defensa, liberando recursos para que Estados Unidos centre su atención en el Indo-Pacífico. Pero esa lógica, pensada desde los intereses norteamericanos, no tiene por qué coincidir con las prioridades de las sociedades europeas.

España, con su negativa, no se declara antimilitarista, sino europeísta. No es una renuncia, sino una llamada al equilibrio: defensa sí, pero no a cualquier precio. Si Europa quiere seguir siendo una comunidad de valores y no solo una unión de intereses militares, tendrá que abrir este debate con valentía. La soberanía también se ejerce diciendo “no”. Y a veces, como ahora, eso es lo más difícil y lo más necesario. @mundiario