Obras fracasadas en Madrid conllevan indemnizaciones a costa de la deuda pública

Pagos supuestamente ilícitos de los “papeles de Bárcenas” presumiblemente se tradujeron en licitaciones de obras "que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública".
Obras fracasadas en Madrid conllevan indemnizaciones a costa de la deuda pública

La R4, en Madrid

Madrid tiene nada menos que 13 autopistas radiales: cinco son de peaje y están en una situación ruinosa, recibiendo créditos participativos y compensaciones del Estado para que no quiebren, puesto que si esto ocurre el Estado tendría que hacerse cargo de las deudas con los bancos. Así lo denuncia la organización Ecologistas en Acción, que se ha sumado a la querella criminal contra dos extesoreros del Partido Popular, algunos de los dirigentes de la formación y varios responsables o ex responsables de grandes constructoras. La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos que aparecen en los “papeles de Bárcenas” presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura "que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública", advierte dicha organización ecologista en un comunicado remitido a MUNDIARIO.

Una de las autopistas a las que alude Ecologistas en Acción es la AP-41, Madrid-Toledo. Se trata de una autopista que tiene el 11% del tráfico previsto. Costó 440 millones de euros. La concesionaria, a la que pertenece el grupo Sando –cuyo presidente José Luis Sánchez es uno de los querellados– ha demandado a Fomento y el Tribunal Supremo le ha dado la razón, por lo que el Estado deberá compensar a la concesionaria, que reclama 320 millones, por incumplimiento contractual: alegaban que la obra iba a llegar hasta Córdoba y el hecho de que concluya en Toledo les ha hecho perder rentabilidad. "Un despropósito de gestión y un despilfarro de fondos públicos", concluye Ecologistas en Acción.

Otra inversión ruinosa según este grupo ecologista es la construcción de Metro Ligero Oeste de Madrid, que costó 585 millones de euros. OHL, empresa de la que es expresidente otro querellado, Juan Miguel Villar Mir, tiene el 51% de la concesionaria. La explotación sigue un sistema equiparable al peaje en la sombra, de tal modo que la Comunidad de Madrid paga unos 5 euros por pasajero que se monta en el metro ligero. El coste real de cada pasajero en el resto de la red de metro es de 1,7 euros, "lo que da idea de lo onerosa que resulta esta concesión para las arcas públicas", señala el comunicado. Además, si la demanda de viajeros queda por debajo del 68% de la prevista en el contrato, la Comunidad de Madrid también debe compensar a la concesionaria. "Un negocio redondo", sentencia Ecologistas en Acción.

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