“Mutación constitucional”: el PP censura los pactos de Sánchez para salvar la legislatura
La dirección nacional y los gobiernos autonómicos del PP estudian recurrir ante los tribunales la financiación singular para Cataluña mientras crecen sus acusaciones de imponer “un Estado confederal por la puerta de atrás”.
El Partido Popular ha redoblado su ofensiva política y jurídica contra Pedro Sánchez tras el reciente acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para una financiación singular de Cataluña. Este pacto, aún sin concreción técnica ni respaldo parlamentario claro, ha sido interpretado por los populares como un nuevo paso hacia lo que denominan una España con un “Estado confederal por la puerta de atrás”, una transformación que, a su juicio, se está llevando a cabo mediante cesiones sucesivas a los socios independentistas a cambio de sostener la legislatura, en punto muerto a raíz de la crisis de credibilidad en el PSOE tras el estallido del caso Cerdán.
La flamante portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha verbalizado lo que ya es una tesis extendida en las filas conservadoras: el presidente del Gobierno está impulsando una “mutación constitucional”, a espaldas del consenso y de la legalidad vigente, con el único fin de aferrarse al poder. Para los populares, el acuerdo fiscal con Cataluña, al que llaman ya “cupo separatista”, supone un ataque directo al principio de igualdad entre españoles y al sistema de financiación autonómica recogido en la Constitución de 1978.
“Lo peor es que ya sólo queda un paso en el procés, que es el referéndum”, advirtió Muñoz, y deslizó que “algunos dicen que ya lo están negociando, y a mí no me extrañaría”. “Imagino que Pedro Sánchez ya estará intentando llamarlo consulta”, declaró ante medios de comunicación. “Por la vía de los hechos, Sánchez está construyendo un país a medida para los independentistas”, con el objetivo, a su juicio, de “liquidar la nación para que sus socios le permitan sostener al Gobierno artificialmente un poco más”. Por ello, la portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición cree que el presidente del Gobierno “se está coronando como líder del procés”.
Aunque todavía no se ha materializado formalmente el modelo de financiación pactado con ERC, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP –entre ellas Madrid, Castilla y León, Baleares y Extremadura– ya han anunciado que, si la propuesta prospera, acudirán al Tribunal Constitucional. Algunas también valoran la vía de los tribunales ordinarios, como ha anticipado Isabel Díaz Ayuso. La financiación singular supone una “carta blanca para el próximo golpe de Estado”, denunció la presidenta madrileña, y avisó de que la Comunidad de Madrid no va a firmar “la sentencia de muerte de España, que además está programada a espaldas de su pueblo”.
Con el cupo separatista, Sánchez nos está imponiendo un modelo confederal metido por la puerta de atrás, construyendo un país a medida para los independentistas para mantenerse un poco más en el Gobierno.
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) July 15, 2025
Después de siete años, Sánchez se está coronando como el líder del procés. pic.twitter.com/1mza6DA415
Una legislatura sostenida a base de cesiones
El PP interpreta este nuevo acuerdo como una pieza más del engranaje de cesiones del Gobierno desde la moción de censura de 2018. Indultos, amnistía y ahora financiación singular son, según los populares, los tres vértices de una estrategia de supervivencia política.
Una de las críticas centrales del PP se dirige a la quiebra del principio de solidaridad entre territorios. La nueva portavoz parlamentaria ironizó sobre la supuesta deriva “federal” de la reforma, tachándola en cambio de “feudal”. “Porque con esta reforma tendremos que pagarle el diezmo al señor Illa… y al señor Sánchez”, declaró, alertando de que comunidades como Castilla y León, Extremadura o Madrid podrían ver restringida su capacidad de financiación de servicios públicos esenciales si se rompe la caja común.
El rechazo no se limita al ámbito nacional. Dirigentes del PP ya han advertido de que, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el voto conjunto del Ministerio de Hacienda y de la Generalitat podría sacar adelante la propuesta pese a la oposición de la mayoría de comunidades autónomas.
Sin embargo, su tramitación parlamentaria sería mucho más compleja, dado que formaciones nacionalistas de otros territorios como Compromís, BNG, Coalición Canaria o la Chunta Aragonesista ya han expresado reticencias por considerar el modelo como un nuevo. Junts, la otra pata independentista catalana que sostiene la mayoría de Sánchez, también rechaza el acuerdo por considerarlo un nuevo “café para todos” al poder ser extensible a otras autonomías, si así lo solicitaran.
