Los mismos que transgredieron la Constitución la invocan ahora para seguir con sus objetivos

Que un fugado, perseguido por la Justicia, invoque “inmunidad” es una burla al sistema democrático, pues es la conclusión de una serie de acciones para sustraerse a dar cuenta de sus responsabilidades: primero se escapa, cree haber conseguido inmunidad, y vuelve como si tal cosa y pretende que todos sus actos anteriores queden anulados y no afecten a su objetivo de reponerse en el puesto del que fue arrojado por sus propios actos y volver a intentar lo que se frustró la primera vez.

Por otro lado, yo no creo que haya nadie que conozca los fundamentos de un Estado de Derecho y de las Constituciones democráticas que no haya considerado impecable, acertado, y de sentido común el dictamen del Consejo de Estado considerando que no cabía un recurso preventivo contra un acto que no se ha ejecutado, y que por lo tanto no puede producir consecuencias jurídicas.

Nos gusten o no las triquiñuelas de Puigdemont, la grandeza del Estado de Derecho y la Constitución es que protege hasta a quienes pretenden destruirlos o transgredirlos. Por ello, el informe del Consejo de Estado advirtiendo al Gobierno con meridiana claridad que "No existen fundamentos jurídicos suficientes para la impugnación de la candidatura de Puigdemont” Sin la menor duda, ese recurso “Entraría dentro de lo que el TC considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara". Pero al mismo tiempo también ha dicho que era inconstitucional autorizar que Puigdemont intervenga a distancia o delegar el voto de huidos.

La caricatura política está sacando rendimiento al proceso catalán.

Lo que resulta sorprendente es la asombrosa capacidad de regeneración constitucional de los mismos que hace apenas unos meses ignoraron con desvergonzado descaro no sólo el Estatuto de Cataluña y la Constitución, y el Reglamento del Parlament y las advertencias de sus servicios jurídicos y dieron los pasos conocidos para convocar un referéndum ilegal y proclamar o lo que fuera la república catalana.

Realmente asombra el cinismo de otros que, tras haber considerados legítimos y legales todas estas medidas de la hoja de ruta de la cesión, de otros que buscaron pretendidos apoyos para justificar la rebelión de la Generalitat y su alzamiento contra la Constitución en parajes tan lejanos de la realidad catalana como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración y los Pactos de Derechos Humanos y otros ámbitos parecidos.

Ahora invocan la doctrina de la Constitución tras haber tratado de encontrar acomodo a los actos previamente cometidos contra ella. O sea, según conviene.

Nuevas provocaciones

En estas últimas horas se han sucedido los actos de provocación al Estado de Derecho y por parte de Puigdemont, sus partidarios y colaboradores en redes sociales, dando a entender que el Estado no podrá impedir el órdago que se prepara. El fugado ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, en el que acredita su condición de diputado del Parlament y subraya e invoca su condición de aforado para concluir que no precisa autorización judicial para presenta ante el mismo, entendiendo que la orden de detención vigente queda anulada de facto. En sintonía, los diputados de JxCat han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la nulidad de la medida cautelar que prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont. A su vez, éste ha enviado una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle "amparo" y que adopte "las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament".

El pasado sábado, el TC acordó una medida cautelar -en respuesta al recurso del Gobierno central- en la que se prohíbe la investidura a distancia de Puigdemont y se advierte de que tampoco podrá ser investido "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión".

Pero sus abogados entienden que el fugado está amparado y a cubierto de ser detenido o impedido de llegar al Parlament porque lo protege la inmunidad parlamentaria por lo que no le hace falta pedir "ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos". Asimismo, los diputados de JxCat han presentado recurso contra el acuerdo adoptado por el TC, que impuso las medidas cautelares que a su juicio son "nulas de pleno derecho".

Los recurrentes afirman que las iniciativas del Gobierno y sus efectos no sólo vulneran los derechos fundamentales, sino que pretenden coartar la propia autonomía del parlamento y que sólo la Mesa tiene competencia exclusiva para interpretar el Reglamento. Interesan que se declare la nulidad de la decisión del TC y que se acuerde su suspensión cautelar mientras se tramita el recurso. En este sentido, los gestos simbólicos se suceden. ¿O no son tan simbólicos? Estamos en una fase definitiva del desafío al Estado. Ya veremos con qué nuevas consecuencias. El Estado debe ser consciente de que la Defensa del orden jurídico y de la Constitución y debe ser más inteligente que los rebeldes, que saben usar con eficacia las armas que les brinda la propia Constitución para destruirla. @mundiario