Mazón declarará como testigo en la causa de la dana mientras la justicia descarta indicios penales
La causa judicial sobre la gestión de la dana que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024 ha dado un giro relevante. La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido citar como testigo al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana descartara investigarle penalmente. La razón es técnica y jurídica. Al ser aforado, solo ese tribunal podía imputarle, y este concluyó que no existen indicios sólidos de delito ni una participación activa en decisiones clave como el envío del sistema de alertas masivas.
Este cambio no cierra el caso, pero sí redefine el terreno de juego. La magistrada entiende que Mazón puede aportar información relevante sobre la reunión del Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias, y sobre el flujo de decisiones en las horas críticas. Como testigo, además, está obligado a decir la verdad, lo que introduce un matiz importante en la búsqueda de hechos verificables.
El foco en la alerta y la cadena de decisiones
Uno de los puntos más delicados de la investigación es el envío del Es-Alert, el mensaje que debía advertir a la población del riesgo. Según la instructora, ese aviso llegó cuando la mayoría de las víctimas ya había fallecido. Esta afirmación convierte la alerta en el epicentro del análisis judicial. No se trata solo de cuándo se envió, sino de por qué se retrasó y quién tenía la capacidad efectiva de activarlo.
Para entenderlo, conviene imaginar la gestión de una emergencia como una cadena de eslabones. Si uno falla, el sistema entero pierde eficacia. La jueza ha solicitado no solo la declaración de Mazón, sino también los mensajes y llamadas de responsables políticos y alcaldes de municipios afectados como Utiel, Requena o Torrent. El objetivo es reconstruir esa cadena con precisión milimétrica.
Además, la Fiscalía ya apuntó que no existen indicios suficientes en este momento para imputar al expresidente, aunque no cerraba la puerta a futuras responsabilidades si aparecieran nuevos datos. Esa posición refleja una cautela habitual en procesos complejos, donde la verdad no aparece de golpe, sino a través de capas sucesivas de información.
Responsabilidad política más allá del delito
Una vez expuesto el marco judicial, surge una pregunta inevitable. Si no hay delito, ¿hubo fallos? Y si los hubo, ¿qué consecuencias deben tener? Aquí es donde el debate trasciende los tribunales y entra en el terreno de la responsabilidad política e institucional.
La gestión de una catástrofe no se mide solo en términos penales. También se evalúa en la capacidad de anticipación, coordinación y reacción. La posible tardanza en la alerta, si se confirma como un fallo estructural, no puede despacharse como un simple error administrativo. Implica revisar protocolos, reforzar sistemas de comunicación y, sobre todo, asumir que en situaciones límite cada minuto cuenta.
La citación de Mazón como testigo no es un punto final, sino una oportunidad para arrojar luz sobre decisiones que afectaron a miles de personas. La justicia hará su parte, pero la sociedad necesita algo más que resoluciones judiciales. Necesita explicaciones claras, aprendizaje institucional y garantías de que lo ocurrido no se repetirá.
Porque cuando la emergencia golpea, no basta con que la cadena funcione a medias. Debe funcionar entera y a tiempo. Y esa exigencia, más allá de los juzgados, es la que define la calidad de una democracia. @mundiario
