Las llamadas de la dana cercan a Mazón: la jueza investiga las horas más trágicas
Carlos Mazón se enfrenta a un nuevo frente judicial tras conocerse que la jueza Nuria Ruiz Tobarra, del juzgado de Catarroja, ha ordenado citar a seis de sus colaboradores más cercanos para aclarar el papel que desempeñaron durante la jornada trágica en la que una dana se cobró 229 vidas. La magistrada quiere saber qué comunicaciones mantuvieron el president y su exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, mientras la Comunidad Valenciana se hundía bajo el agua y el caos se apoderaba de los servicios de rescate.
Según el sumario, las horas previas al envío de la alerta masiva —emitida a las 20.11 horas, cuando más de 150 personas ya habían fallecido— fueron un laberinto de llamadas perdidas, conversaciones breves y decisiones tardías. Pradas registró 105 llamadas aquel día, 27 de ellas con el entorno directo de Mazón y solo 12 con él. En total, ambos hablaron 11 minutos, pese a que la catástrofe se desataba con una velocidad devastadora.
La jueza considera especialmente relevante conocer qué ocurrió entre las 14:45 y las 18:45 horas, cuando Mazón permanecía en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. Mientras el president almorzaba, la Generalitat ya había elevado el nivel de alerta, solicitado la intervención de la UME y convocado al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias. Sin embargo, la orden de enviar la alerta a los móviles no se ejecutó hasta casi tres horas después, cuando la tragedia era irreversible.
Los testigos citados —entre ellos el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; el director general de Comunicación, Francisco González; y la directora de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez— deberán explicar qué información manejaron y cómo se gestionó el flujo de datos entre Pradas y el president. También declarará el dueño de El Ventorro, que podría aportar detalles sobre la actividad y los contactos telefónicos de Mazón durante esas horas críticas.
El registro de llamadas revela una cronología inquietante. A las 12:59, cuando ya se había confirmado la primera desaparición, Pradas intentó contactar con Mazón, pero este canceló la llamada. A las 16:29, volvió a intentarlo sin éxito. A las 17:37, por fin hablaron dos minutos. A las 18:16, mantuvieron su conversación más larga —siete minutos—, justo cuando el barranco del Poyo se desbordaba y las muertes se multiplicaban. Después, las comunicaciones se volvieron erráticas: llamadas fallidas, mensajes sin respuesta y contactos indirectos a través de su equipo.
Entre las 19:00 y las 20:00 horas, el número de emergencias 112 colapsó con más de 13.000 llamadas, mientras el Cecopi seguía debatiendo si lanzar o no la alerta. A las 20:11, finalmente se envió el mensaje de aviso: “Evite desplazamientos y permanezca en su domicilio”. Para entonces, la mayoría de las víctimas ya estaban atrapadas en sus casas o vehículos.
La investigación judicial quiere determinar si hubo una negligencia en la coordinación de emergencias y si la tardanza en la reacción institucional agravó el balance mortal. La jueza también examina si el president fue informado puntualmente de la magnitud del desastre o si su entorno trató de protegerlo mientras el caos crecía.
El expediente revela además que Mazón realizó varias llamadas personales durante el almuerzo, algunas a sus asesores y otras a alcaldes, pero no consta que interviniera directamente en la toma de decisiones críticas. La exconsejera Pradas, imputada en la causa, habló más tiempo con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé —21 minutos— que con el propio Mazón.
A medida que avanza la instrucción, la presión política aumenta sobre el líder valenciano, que se mantiene en funciones mientras su gestión durante la catástrofe es objeto de escrutinio judicial y público. La dana, que arrasó cientos de viviendas y dejó casi 20.000 llamadas de auxilio en un solo día, no solo se llevó vidas por delante: también amenaza con arrastrar la credibilidad del Ejecutivo que debía protegerlas. @mundiario
