¿Es legítimo tratar de retener a una nacionalidad histórica con voluntad de independizarse?
Segundo análisis de una serie de dos acerca de la situación de Cataluña en España, sobre la base de dos nacionalismos malos de avenir. Su autor es un destacado articulista.
La prudencia política obliga a los gobernantes a intentar dar vado a las situaciones que envenenan la convivencia. A la vista del ceño amenazador de desastre que lleva la demanda de autodeterminación del nacionalismo catalán separatista, puede calificarse de negligencia culpable esperar a que deje de llover y calmen las aguas.
La conciencia democrática pregunta: ¿es legítimo tratar de retener a una nacionalidad histórica que muestra voluntad política de independizarse? Responde que no y apunta los pasos que se deberían seguir el proceso, el primero de los cuales sería determinar por un método fiable (las encuestas de opinión y las manifestaciones no lo son) si existe una mayoría cualificada de ciudadanos catalanes decididos a avalar con su voto la creación de un estado propio. Queda la consulta popular, por supuesto convocada por el Gobierno central con autorización de las Cortes Generales y de acuerdo con la Generalitat de Cataluña.
Antes de celebrarla, además de informar a la ciudanía de las consecuencias que se seguirían caso de salir vencedora la propuesta independentista, para salvar la legalidad los partidos nacionales y nacionalistas con representación parlamentaria habrían de comprometerse ante notario a reformar la CE. Conocida la dificultad de la empresa por las ideas irreconciliables que sobre el particular mantienen y su renuencia a los pactos de Estado, sería un milagro que se avinieran. Tal vez pensaba en esto Felipe González al declarar que la independencia de Cataluña le parece imposible.
A la consulta a los catalanes solos habría de seguir, caso de exigirlo el resultado, un referéndum a escala nacional (Cataluña incluida, porque la soberanía reside en el conjunto del pueblo español). Cuando hay dos partes afectadas no es justo que una decida por la otra sin siquiera oír su parecer, y no cabe aquí delegar la responsabilidad en los partidos porque no incluyeron este asunto en sus programas electorales.
Curiosa la posición incongruente de la españolería cabalgante: creen que los catalanes no son españoles, pero se tiran al monte cuando reclaman el derecho a no serlo a la fuerza. Como si el ser de España dependieran de su extensión territorial.
