La reforma de la Administración es, más que nunca, una cuestión de máxima prioridad

El Instituto Nacional de Estadística recoge en este año la cifra de 8.117 municipios en España, de los cuales el 47 % tiene menos de 500 habitantes.En 2011 había según el INI 405.647 empleados públicos más que en 2002. La Administración central creció un 6,54% , mientras las autonómicas lo hicieron en un 22.31%.En 1975 había 760.000 empleados públicos y a día de hoy la cifra ronda los 3 millones de empleados del sector público.Como decía Thomas Paine, "el que no se atreve a ofender, no puede ser honesto".

España tiene un acusado minifundismo municipal y un Estado autonómico, ni cuasi federal o federal, que se asemeja más a una confederación. El problema de los territorios, sobre todo los históricos que componen España, ha de ser en esta posible reforma ideal la articulación de su singularidad tanto lingüística como cultural. Dicho lo cual, y asegurada la misma, la sociedad tiene que plantearse si quiere mantener una estructura de Estado, asimétrica, desigual , ineficiente y derrochadora.

El coste de no cambiarla va a ser para el ciudadano, mediante la pérdida del Estado social, la merma en justicia, educación, sanidad, seguridad ciudadana... Y todo ello aderezado con un aumento de la fiscalidad para la redistribución de la riqueza no ya para el Estado social, sino para un Estado político elefantíasico. Puestas las cartas encima de la mesa, que cada ciudadano sepa lo que supone una y otra opción.Bruselas le ha dado a España dos años de gracia en cuanto al plazo de cumplimiento del déficit público, que debería aprovecharlos para poner los cimientos de un futuro mejor para todos. La reforma de las administraciones es, más que nunca, una cuestión de máxima prioridad.