La Justicia de Guatemala arresta a otra exfuncionaria pública por corrupción

Iván Velásquez, jefe de la CICIG en Guatemala. / Nuevomundoradio
Iván Velásquez, jefe de la CICIG en Guatemala. / Nuevomundoradio

Anabella de León, una de las figuras más importantes del Gobierno anterior, ha sido arrestada por irregularidades en su gestión de una institución estatal, confirmaron el MP y la CICIG.

La Justicia de Guatemala arresta a otra exfuncionaria pública por corrupción

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ordenó el allanamiento de las oficinas del Registro de la Propiedad (RGP). Las pesquisas dieron como desenlace la posterior captura de Anabella de León, quien dirigió dicha institución de 2013 a 2015 tras haber sido nombrada por el entonces presidente y hoy privado de libertad, general Otto Pérez Molina. De León fue arrestada en su vivienda en Mixco, un pequeño municipio de la Ciudad de Guatemala.

El pasado 16 de junio el nombre de la extrabajadora del Estado surgió en una de las audiencias por el caso de La Línea, la red de sobornos aduaneros que precipitó la caída del poder de Pérez Molina y Roxana Baldetti de la presidencia y vicepresidencia respectivamente. La aparición del nombre de la abogada de León de bocas de dos de los involucrados en aquel escándalo llevó a la Feci a tener un fundamento para el cateo que realizaron este jueves por la mañana en las oficinas del RGP en el Centro Histórico de la capital guatemalteca. 

La exfuncionaria pública es acusada de irregularidades en su gestión al frente de la institución. De acuerdo a las pesquisas ordenadas por la CICIG (una oficina similar al FBI y enviada por la ONU para combatir la corrupción en Guatemala) y conducidas por el Ministerio Público y su Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), de León habría contratado de manera irregular a no menos de 18 personas. De acuerdo a la Feci las movidas de hoy obedecen a ocho órdenes de captura de personas que habrían participado en las ilegalidades de de León. Dentro de éstos se encuentran María Estela Hernández Cisneros y Joan María Ponce Sánchez. 

El delito en el que fueron pillados es el que se le ha dado el nombre de Plazas Fantasma. Estas plazas son puestos inexistentes dados a personas en instituciones estatales. Las personas que las ocupan reciben un sueldo por ellas, aunque su trabajo no exista. Junto al RGP se ha acusado incluso a varios diputados de emplear a personas para plazas fantasma en el Congreso, por lo que muchos de los legisladores han tenido que renunciar y muchos se encuentran ya bajo proceso penal. 

Historial de denuncias

Esta no es la primera ni probablemente la última denuncia que pese contra de León. Desde el año pasado la Feci la tenía en la mira por la denuncia de irregularidades en el manejo de 66.2 millones de quetzales (el equivalente a unos 9 millones de dólares estadounidenses) en el RGP cuando ella estuvo al frente de dicha organización. 

De acuerdo a los documentos confiscados por las autoridades, de León empleó a varias personas que tenían la labor de firmar contratos y acreditaciones, por ejemplo, e incluso auditores para manejar el presupuesto de la institución. Los testimonios dados por estos individuos dejaban serias dudas respecto a la veracidad de los mismos, pues de acuerdo a sus propias palabras muchos trabajaban en simultáneo tanto en la sede central en la capital como en la sede de Quetzaltenango, en el Oriente del país. 

La persona encargada de oficializar las contrataciones era Samantha Marisol Mejía Salguero. Mejía Salguero estuvo casada con Vernon González, exdiputado del Partido Patriota (del que de León ocupaba un alto cargo e incluso llegó a ser una de las personas de confianza del exbinomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti), quien enfrenta cargos por coaccionar a la exmagistrada Claudia Escobar. González es acompañado en este delito por Gudy Rivera, diputado del mismo partido, por supuesto.

Pero las maniobras delictivas de de León no se limitan tan sólo a la contratación de personal para puestos inexistentes. De acuerdo a la Feci la exfuncionaria también deberá rendir cuentas por la demanda interpuesta por la Contraloría General de la Nación (CGN), la cual la acusa de haber utilizado el programa Fenix para los ejercicios de auditoría de la institución. "Además de no ser confiable, en este sistema no se registran en su totalidad los ingresos", afirmó la identidad en un informe. "En el período auditado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se registraron Q321 millones 929 mil 113 (aproximadamente 41 millones de dólares). 90 de los que en el Sicoin web solo aparecen registrados Q274 millones 297 mil 226.16 (35 millones de dólares) siendo la diferencia de Q47 millones 631 mil 887.74 (6 millones de dólares), que corresponde a devoluciones por medio de transferencias a usuarios", prosigue la demanda. 

Pero probablemente la acción más desfachatada por la que está demandada es por un desayuno de empleados que supuestamente celebró para todos sus empleados del RGP. De León habría pagado 90 mil quetzales (11 mil dólares) para alimentar a los 564 individuos que laboraban en el registro de la propiedad. De acuerdo al área de auditoria de la organización, dicha actividad jamás se celebró. 

Se espera que la CICIG y el MP, por medio de sus titulares Iván Velásquez y Thelma Aldana den más información pasado el mediodía, hora local. La persecución a los políticos corruptos del Gobierno de Guatemala empezó el año pasado y a estas alturas han caído no sólo el expresidente y exvicepresidenta, sino también exministros y exfuncionarios del nefasto Gobierno del Partido Patriota. De León y su séquito tan sólo engrosan el listado de trofeos que tienen las dos instituciones de Justicia en el país. 

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