El juicio contra García Ortiz revela la lucha por el relato en la causa contra el novio de Ayuso

El juicio contra el fiscal general del Estado ha evidenciado que su encausamiento tiene un frente en el terreno de la comunicación. En la última sesión, la defensa de Álvaro García Ortiz insistió en que el fiscal actuó de forma “defensiva” al recabar información sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el único objetivo de desmentir los “bulos” difundidos desde el entorno de la presidenta madrileña.

La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, sostuvo ante el tribunal que la actuación de su superior respondió a una crisis informativa desbordada tras las acusaciones de Ayuso contra la fiscal provincial de Madrid. Según su testimonio, la tormenta mediática se desató el 12 de marzo, cuando la baronesa popular “extendió una sombra de sospecha sobre toda la Fiscalía”.

Hedo relató que el 6 de marzo ya había recibido consultas de periodistas sobre una supuesta denuncia fiscal contra González Amador, y que el interés creció exponencialmente tras las declaraciones públicas de Ayuso. El 13 de marzo por la noche, El Mundo publicó un artículo con detalles literales del correo electrónico entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador, dando inicio a la polémica filtración que hoy sustenta la acusación.

La versión de Mar Hedo sostiene a que el fiscal general no filtró ningún documento, sino que intentó ordenar la comunicación ante un escenario de desinformación. Aseguró que el correo con el que se centra la causa llegó a manos de García Ortiz a las 21.59 del 13 de marzo, cuando ya se había publicado parte de su contenido en la prensa.

Enfrentamiento interno: discrepancias en la comunicación oficial

“La confusión ya era enorme porque los periodistas no sabían si lo correcto era lo de El Mundo o no. Y El Mundo ya entrecomillaba un correo concreto, con frases literales y datos concretos. Los correos se pusieron en el mercado”, afirmó. Hedo explicó que, en esas horas críticas, intercambió mensajes con García Ortiz para redactar un comunicado oficial, aunque solo recibió información verbal y nunca tuvo acceso directo al correo.

El comunicado de la Fiscalía, publicado el 14 de marzo, buscaba reconstruir la cronología del caso y aclarar que fue la defensa de González Amador quien propuso un acuerdo a la Fiscalía, y no al revés. Sin embargo, ese documento dividió internamente a la institución.

El director de Comunicación de la Fiscalía de Madrid reconoció en su testimonio que se opuso a publicar el comunicado redactado por la Fiscalía General, alegando que “ya no tenía sentido” porque el contenido “estaba en todos los medios”. La fiscal superior de Madrid que ya había expresado reservas durante la instrucción, Almudena Lastra consideró que la nota incluía datos personales innecesarios del empresario investigado.

Hedo, en cambio, defendió que las objeciones fueron “formales y no de contenido”, insistiendo en que la prioridad era proteger la imagen de la Fiscalía ante el aluvión de desinformación.

La sombra de Moncloa y la guerra política por el relato

El juicio dio un nuevo giro al abordar el papel del Gobierno en la difusión del correo. El exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, fue interrogado sobre si Moncloa intervino en la filtración. Negó tajantemente haber tenido acceso al correo o haber dado instrucciones al fiscal general. “Imposible”, zanjó.

Vallés explicó que sus conversaciones con el exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se limitaron a coordinar la respuesta política a los ataques del entorno de Ayuso, pero no incluyeron la gestión del correo filtrado. Según su versión, “simplemente hablamos de pedir la dimisión de Ayuso”.

Sin embargo, las comunicaciones aportadas al caso muestran que Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa y mano derecha del ministro de Transformación Digital Óscar López, sí remitió el correo a Lobato, que finalmente fue utilizado en una sesión parlamentaria. Aunque Vallés se desvinculó de esas acciones, las conversaciones revelan un flujo de información entre el Gobierno y el PSOE madrileño antes de que el medio El Plural publicara la carta a las 9.06 del 14 de marzo.

La estrategia de la defensa: desmontar la acusación de filtración

La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, intenta demostrar que la información ya circulaba en los medios antes de cualquier acción del fiscal general, y que su actuación se enmarcó en una gestión institucional de comunicación, no en una revelación de secretos.

Para reforzar este argumento, el fiscal Diego Lucas, de la Unidad Anticorrupción, declaró que la filtración no alteró la estrategia legal de la defensa de González Amador, ya que sus abogados volvieron a ofrecer un acuerdo tras conocerse el contenido del correo.

Además, la fiscal Esmeralda Rosillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, negó que el formateo y cambio de teléfono móvil de García Ortiz implicara destrucción de pruebas. Aseguró que esos reemplazos “son rutinarios” y que el acusado ya había cambiado de dispositivo en seis ocasiones desde 2020.

La vista oral del caso García Ortiz está exponiendo las fisuras dentro de la Fiscalía y su relación con el poder político. Lo que comenzó como una investigación sobre una presunta filtración ha derivado en un examen público sobre la transparencia institucional, el manejo de la comunicación y la independencia del Ministerio Público.

Mientras el tribunal dirime si existió revelación de secretos, el juicio también revela algo más profundo: una lucha por el relato, por quién controla la narrativa de un caso que mezcla justicia, política y comunicación en uno de los momentos más delicados para la credibilidad de la Fiscalía española. @mundiario