La jueza suspende por cuarta vez la declaración de la pareja de Ayuso: ¿por qué?
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha decidido suspender, por cuarta ocasión, la declaración del empresario Alberto González Amador como investigado por presunto fraude fiscal. La cita estaba prevista para el 7 de febrero, pero no se celebrará debido a una solicitud del investigado, que alegó compromisos profesionales en México y Estados Unidos durante esas fechas. La jueza no ha fijado todavía una nueva fecha para la comparecencia, según ha confirmado el abogado de Amador, Carlos Neira.
La declaración de González Amador ya se había aplazado anteriormente en tres ocasiones: el 20 de mayo, el 24 de junio y el 29 de noviembre. De los cuatro retrasos, dos fueron solicitados directamente por el empresario, mientras que los otros dos obedecieron a motivos externos.
La primera suspensión se produjo porque la jueza no logró coordinar la declaración de Amador con la de sus cuatro presuntos colaboradores en el caso. En la segunda ocasión, las acusaciones populares —encabezadas por el PSOE y Más Madrid— pidieron que se suspendiera para estudiar la posibilidad de ampliar la investigación a nuevos delitos, una solicitud que finalmente fue aceptada. En noviembre, el empresario solicitó otro aplazamiento, argumentando que la causa por fraude fiscal no debía avanzar mientras un recurso relacionado con otra pieza del caso estaba pendiente en la Audiencia Provincial.
En esta última ocasión, Amador justificó su petición indicando que tenía un “viaje profesional programado previamente” entre los días 4 y 12 de febrero. Sus abogados añadieron que uno de los letrados tenía otra citación judicial en la misma fecha, y que la causa por fraude debería detenerse hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso sobre la ampliación de delitos.
La jueza consulta a las partes y no fija nueva fecha
En una providencia emitida este viernes, a la que ha tenido acceso El País, la magistrada ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre si aceptan suspender la causa hasta que la Audiencia Provincial tome una decisión. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares, representadas por los partidos de izquierda, tienen cinco días para responder.
El caso lleva abierto desde marzo de 2024, y el plazo legal para la instrucción está a punto de cumplirse, lo que obligaría a la jueza a solicitar una prórroga para continuar con las pesquisas.
La investigación se centra en dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental relacionados con las declaraciones del impuesto de sociedades de la empresa de Amador, Maxwell Cremona, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Según Hacienda, el empresario habría presentado gastos falsos para reducir su carga fiscal, lo que derivó en un presunto fraude de 350.910 euros, una cantidad que supera el umbral de 120.000 euros establecido para diferenciar entre delito penal y sanción administrativa.
La consultora Maxwell Cremona se dedica a la evaluación de empresas para la obtención de sellos de calidad, como las certificaciones ISO. Durante los años investigados, los ingresos de Amador presuntamente aumentaron gracias a un negocio de intermediación en la venta de mascarillas y a los servicios que prestó al grupo sanitario Quirón.
El pacto frustrado con la Fiscalía
La Agencia Tributaria remitió el caso a la Fiscalía de Madrid en enero de 2023, y el abogado de Amador intentó en febrero alcanzar un acuerdo para reducir la condena. Dicho pacto solo podía cerrarse ante un juez, pero cuando la noticia de la investigación trascendió en marzo, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, afirmó públicamente que el acuerdo había sido retirado por “órdenes de arriba”.
Esta afirmación fue desmentida por la Fiscalía, que asegura haber tenido la intención de corregir lo que consideró un bulo. Sin embargo, las filtraciones sobre el caso han desencadenado una nueva polémica. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado por una presunta filtración de correos del abogado de Amador a los medios de comunicación. García Ortiz está citado a declarar como investigado el 29 de enero ante el Tribunal Supremo. @mundiario
