La jueza que investiga al hermano de Sánchez apuntala sus indicios sobre su contratación

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dictado un auto en el que señala que la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz pudo ser arbitraria. Según la jueza, “todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado” al hermano del presidente del Gobierno, acomodando sus funciones a sus “preferencias personales” para evitar la asistencia diaria a su despacho. Esta resolución judicial refuerza la investigación sobre una posible prevaricación administrativa.

La investigación comenzó en mayo de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas que sugerían que David Sánchez no desempeñaba las funciones asignadas y que supuestamente residía en Portugal para eludir el pago de impuestos en España. También se cuestionaba su patrimonio, supuestamente desproporcionado en relación con su salario. Sin embargo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó un enriquecimiento ilícito y la propia magistrada concluyó que no existía delito fiscal.

A pesar de esto, el informe de la UCO detectó “irregularidades” en la creación del puesto, el cual se habría establecido de forma apresurada en octubre de 2016 sin detallar las “razones primigenias” que pudieran justificar su necesidad. Los investigadores no pudieron determinar “de quién partió la iniciativa” la creación de la plaza, pero su análisis dejó abierta la posibilidad de que el proceso hubiera estado viciado desde su origen.

Desde el inicio de la instrucción, la jueza ha tomado declaración a David Sánchez y a otros ocho investigados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz. Tanto Sánchez como Gallardo han negado cualquier irregularidad, asegurando que la oferta fue publicada y que el proceso de selección se realizó conforme a la normativa. Sin embargo, el auto de la jueza cuestiona estos argumentos y rechaza el sobreseimiento solicitado por varios investigados, al considerar que hay indicios de criminalidad en la adjudicación del puesto.

La jueza apunta al “cambio de nomenclatura” del puesto

En su resolución, la magistrada destaca que el expediente de creación del puesto presenta deficiencias e “irregularidades en el proceso de selección de los candidatos” que llevan a pesar de que el puesto se creó “para ser asignado al señor Sánchez”.

Además, subraya que las funciones asignadas al hermano del presidente fueron modificadas posteriormente, permitiéndole “ocuparse casi en exclusiva de un proyecto de Ópera Joven que él mismo había propuesto en la documentación que presentó cuando aspiró al cargo”. La jueza resalta que, durante su excedencia y baja por paternidad, no se designó a otra persona para sustituirlo, lo que hace “patente la innecesaridad” del cargo.

Otro punto relevante del auto es el supuesto “cambio de nomenclatura” del puesto, que la magistrada considera un intento de otorgar una “apariencia de legalidad al procedimiento administrativo que tenía como finalidad el nombramiento del señor Sánchez como personal de alta dirección (en la Diputación de Badajoz) y la acomodación posterior de su puesto de trabajo a sus preferencias personales”.

Según la jueza, este cambio tenía como objetivo desvincular a Sánchez de las funciones iniciales en los conservatorios y consolidar su dedicación exclusiva a “Ópera Joven”. Documentación incorporada al caso, incluyendo declaraciones de testigos y un informe de un imputado, sustentaría esta sospecha, según el auto. @mundiario