El juez que investiga a Leire Díez reclama a la Audiencia Nacional las claves de su detención
El caso de Leire Díez ha dejado de ser una investigación fragmentada para convertirse en un relato judicial que empieza a adquirir coherencia narrativa. El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que desde hace meses investiga a la exmilitante socialista por presunto tráfico de influencias, ha dado un paso clave: pedir a la Audiencia Nacional detalles concretos sobre los motivos que llevaron a su reciente detención. No es un mero trámite burocrático. Es un movimiento que delata que el magistrado sospecha que ambos procedimientos —hasta ahora paralelos— podrían estar conectados por algo más que el nombre de la investigada.
La petición del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera la semana pasada a Díez en una operación secreta por supuestos amaños de contratos y ayudas públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Un arresto inesperado, rápido y judicializado en cuestión de horas, que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la causa abierta en Madrid. Ahora, Zamarriego quiere saber qué hay exactamente detrás de esa detención: qué indicios manejó la UCO, qué conversaciones se intervinieron y si ese material puede ser relevante para su propia investigación.
No se trata solo de compartir información entre juzgados. Lo que está en juego es determinar si Leire Díez es una figura aislada que operaba por su cuenta o el vértice de una red de relaciones que cruzan despachos políticos, fiscales y empresariales. El instructor madrileño, al reclamar el atestado policial que dio origen a las diligencias en la Audiencia Nacional, lanza un mensaje implícito: las piezas empiezan a encajar demasiado bien como para ignorarlo.
Dos causas, una misma sombra
Hasta ahora, los dos procedimientos avanzaban por carriles distintos. En Madrid, Zamarriego investiga si Díez trató de influir de manera ilícita en fiscales y mandos de la Guardia Civil para desbaratar investigaciones sensibles que afectaban a políticos y empresarios. En la Audiencia Nacional, el foco está puesto en un presunto entramado de contratos amañados y ayudas públicas de la SEPI, una de las joyas del sector público empresarial.
La detención de Díez ha actuado como un catalizador. No solo porque pone a la investigada en el centro del huracán judicial, sino porque ha activado a las acusaciones populares. La asociación Hazte Oír, personada en la causa de Madrid, ha presionado para que el juez solicite toda la información recabada por la UCO, incluidos los posibles volcados de teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería. El temor —o la esperanza, según se mire— es que en esos dispositivos haya mensajes que refuercen la tesis de un “plan delictivo” más amplio.
Zamarriego ha accedido a esa petición. En un escrito reciente, reclama formalmente a la Audiencia Nacional el atestado policial que originó la investigación sobre la SEPI y pide que, si la causa sigue bajo secreto, se le remita la información en cuanto se levante esa protección. Es un gesto poco habitual en términos de forma, pero muy elocuente en el fondo.
El contexto político que lo complica todo
El caso no se desarrolla en el vacío. Leire Díez ha reconocido reuniones con altos cargos del PSOE, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, en un momento políticamente explosivo: abril de 2024, tras la carta pública de Pedro Sánchez a la ciudadanía por la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Díez sostiene que actuaba como periodista, aportando información sobre las llamadas “cloacas policiales”. Pero esa explicación no ha despejado las dudas del juez.
El calendario judicial añade tensión. El próximo 2 de febrero están citados como testigos Cerdán y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. El magistrado quiere aclarar si las reuniones de Díez y del empresario Javier Pérez-Dolset con fiscales e imputados respondían a iniciativas personales o a algún tipo de encargo político. La línea que separa la mediación informal del tráfico de influencias es fina, pero decisiva. @mundiario
