El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez afirma que “no existiendo testigos presenciales de los hechos”, el “principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada”.
Íñigo Errejón. / RR. SS.
Íñigo Errejón. / RR. SS.

La justicia española ha dado un paso crucial en un caso que mezcla política, poder y violencia sexual. El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. La decisión pone en el centro del debate no solo la credibilidad de la víctima, sino también cómo la sociedad percibe a quienes ostentan cargos de poder. La política y el acoso sexual, como muestran estos episodios, nunca deberían estar separados.

Según el auto, los hechos se remontan a septiembre de 2021. El político, de 40 años, agredió sexualmente a Mouliaá, quien lo había acompañado a una fiesta, besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró el pestillo de la puerta y le realizó numerosos tocamientos sin su consentimiento, llegando a sacarse “su miembro viril”. Luego, se fueron en coche al domicilio de Errejón y allí él volvió a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. La gravedad de los hechos y la falta de testigos presenciales colocan el peso de la prueba en la declaración de la víctima, un testimonio que el juez considera coherente en lo esencial.

El proceso ha tenido resonancia pública, en parte por la filtración de un interrogatorio judicial que indignó a gran parte de la sociedad. Preguntas del juez Carretero, percibidas como despectivas hacia Mouliaá, suscitaron críticas masivas y obligaron al Consejo General del Poder Judicial a abrir una investigación que fue archivada un mes atrás. “Estaba muy ebria, ¿seguro?”, “Le dijo: ‘déjame en paz?’”, “no se entiende que usted no hiciera un gesto” o “usted es una mujer acostumbrada a tratar con el público, ¿cómo no es capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables?”, fueron algunos de los comentarios que enfrentó la actriz.

La declaración de la víctima como eje central

El auto del juez subraya tres factores que refuerzan la credibilidad de Mouliaá: la ausencia de enemistad previa con Errejón, la coherencia de su testimonio en lo esencial y la explicación del retraso en la denuncia, motivado por el miedo ante la personalidad del denunciado y por la aparición de casos similares en medios de comunicación. Para la defensa de la actriz, que ha visto cómo la justicia reconoce la importancia de su declaración, esto supone un reconocimiento simbólico y práctico de la validez del testimonio de las mujeres frente al silencio que a menudo enfrentan.

Por su parte, la defensa del exdiputado ha anunciado al diario EL PAÍS que recurrirá el auto, alegando contradicciones en los testimonios y cuestionando que el juez haya ignorado a los testigos imparciales presentes en la fiesta. Para ellos, el fallo se basa de manera excesiva en testimonios de familiares de la denunciante. Este choque entre partes refleja la tensión entre el poder político y la justicia, un conflicto que trasciende los tribunales y toca fibras sensibles en la opinión pública sobre cómo se juzgan los casos de agresión sexual contra figuras públicas.

El caso Errejón-Mouliaá es también un espejo de los retos que enfrentan las víctimas de violencia sexual en España y en el mundo. La sociedad, como subraya la abogada de la actriz, debe aprender a creer y proteger a las víctimas, incluso cuando los interrogatorios judiciales parecen diseñados para sembrar dudas sobre ellas. Este proceso abre preguntas incómodas sobre la cultura del poder, la impunidad y la presión mediática, especialmente cuando los acusados son figuras conocidas. @mundiario

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