El juez cita a declarar a una asesora de Moncloa por el caso de Begoña Gómez: ¿qué se sabe?

El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha llamado a declarar como testigo a Cristina Álvarez Rodríguez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, en el marco de la investigación sobre las gestiones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Álvarez está citada para el próximo 20 de diciembre, en una decisión que responde a una solicitud de las acusaciones populares, como la organización Hazte Oír, que en un principio pidieron su comparecencia como imputada.

La investigación se centra en el papel de Álvarez en las actividades profesionales de Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Según las acusaciones populares, la asesora habría desempañado funciones de “asistente personal” de Begoña Gómez en sus actividades profesionales “estrictamente privadas”, y supuestamente habría intervenido en tareas relacionadas con la gestión de la cátedra que dirigía la empresaria, pese a su cargo oficial como funcionaria de La Moncloa. Entre estas gestiones, como recoge El Mundo, figuraría un correo enviado a Reale Seguros en el que Álvarez trató de persuadir a la compañía para mantener el patrocinio de la cátedra, sugiriendo incluso una reducción del aporte económico.

Documentos aportados a la causa, derivados de informaciones periodísticas, aseguran que Álvarez utilizó tanto un correo personal como el oficial de La Moncloa, con membrete de Presidencia del Gobierno, para realizar estas gestiones. Las actividades incluyen comunicaciones con la UCM sobre el registro del software vinculado a la cátedra y la marca “Transformación Social Competitiva”, aspectos que también están bajo investigación por posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional.

Según las acusaciones populares, la participación de Álvarez en tareas estrictamente privadas podría implicar delitos de malversación. “Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas”, señala un escrito de la acusación de la agrupación ultracatólica Hazte Oír.

La defensa pide citar a seis testigos para rebatir las imputaciones

Desde el Ejecutivo, se defiende la figura de un asesor asignado a la pareja del presidente como algo habitual en la estructura de Presidencia. Sin embargo, no se ha aclarado si estas funciones incluyen gestiones relacionadas con actividades empresariales o académicas privadas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que el puesto que ocupa Álvarez es de personal eventual con nivel administrativo inferior al que desempeñaban quienes ocupaban roles similares durante el mandato de Mariano Rajoy. “No estamos hablando de un alto cargo del Gobierno, sino de un puesto de libre designación”, puntualizó.

La defensa de Gómez ha aportado los correos electrónicos de Álvarez como parte de su estrategia para desvirtuar las acusaciones de apropiación indebida. Sin embargo, las acusaciones populares insisten en que su actuación pudo haber violado normas éticas y legales. Además, apuntan que la intervención directa de Gómez como esposa del presidente podría agravar los posibles delitos, insistiendo en la hipótesis de un uso indebido de recursos públicos.

Por su parte, el abogado de la esposa del presidente del Gobierno, el exministro de Justicia Antonio Camacho, ha solicitado al juez que instruye la causa penal en su contra, Peinado, la realización de diversas diligencias, entre ellas la citación de seis testigos, en un esfuerzo por combatir la nueva imputación en su contra por presunta apropiación indebida e intrusismo.