La juez del 8-M censura a la Abogacía por estar un mes sin recoger la documentación

Marcha del 8M. / Pixabay
Marcha del 8M. / Pixabay
En la causa, abierta 23 de marzo la magistrada averigua la celebración de manifestaciones en Madrid durante la fase de expansión del coronavirus.
La juez del 8-M censura a la Abogacía por estar un mes sin recoger la documentación

El caso por las marchas del 8-M sigue levantando polémica. En ese sentido la juez Carmen Rodríguez-Medel, tras presentar la instancia judicial dependiente del Ejecutivo varios recursos contra la causa y solicitar una prórroga para la toma de declaración al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y único imputado, José Manuel Franco, ha dictado un nuevo escrito donde muestra su “sorpresa” por la petición de ese aplazamiento.

En esa línea, ha considerado llamativo que la Abogacía diga que “necesita tiempo” para informarse y le cuestiona que desde el 21 de abril se le notificó que podía pasar por el juzgado a recoger la documentación del caso.

“No siendo hasta que se le ha ordenado por resolución que comparezca el 26 de mayo”, cuando lo ha hecho, prosigue Rodríguez-Medel, a quien además ha acusado la Abogacía de vulnerar el derecho de defensa del investigado.


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En la causa, abierta  el 23 de marzo tras la presentación de la denuncia de un particular, la magistrada averigua la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. Entre esas, la marcha feminista del 8-M. La magistrada quiere saber si se permitieron esas concentraciones cuando se contaba ya con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”.

A día de hoy, el único imputado es Franco, al que se le atribuye un delito de prevaricación. De hecho, la juez lo ha citado a declarar el próximo 5 de junio. Pero, tras la petición de aplazamiento por parte de la Abogacía, ha aceptado aplazarlo al 10 de junio. Franco comparecerá y, a continuación, le seguirán los tres testigos llamados también a declarar: el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

El caso 8-M ha desatado una intensa batalla política entre el Gobierno y la oposición. Pero también ha elevado la tensión entre el Ejecutivo y la juez. @mundiario

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