Interior contrata a Huawei y desata alarma en EE UU: España asegura que no hay riesgo
Madrid ha salido al paso de las sospechas planteadas por Washington tras la adjudicación a la tecnológica china Huawei de un contrato por 12,3 millones de euros para almacenar comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los canales diplomáticos entre ambos países se han activado con urgencia para garantizar que el acuerdo no implica ningún riesgo para la seguridad compartida ni afecta los acuerdos bilaterales de inteligencia.
El contrato, firmado por el Ministerio del Interior, contempla la instalación del sistema OceanStor 6800V VS, destinado a clasificar y almacenar digitalmente escuchas telefónicas obtenidas con autorización judicial. La adjudicación, que en realidad supone una prórroga de un contrato anterior suscrito durante gobiernos del Partido Popular, ha despertado inquietudes en la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU.
Preocupación en Washington
Los congresistas Tom Cotton y Rick Crawford, ambos republicanos, enviaron el 16 de julio una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en la que instan a revisar los acuerdos de intercambio de información con España. Alegan que Huawei, al estar sujeta a las leyes de seguridad nacional chinas, podría ser obligada a compartir datos con el régimen de Pekín.
“España podría estar facilitando involuntariamente que Huawei y el Partido Comunista Chino accedan al sistema de interceptación legal de una nación aliada de la OTAN”, alertan. En su misiva, citan una publicación del medio español The Objective, que fue el primero en revelar la existencia del contrato.
Cotton y Crawford también remitieron copia de la carta a altos cargos estadounidenses, entre ellos el secretario de Defensa, el director de la CIA y el jefe en funciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), lo que evidencia el nivel de inquietud en ciertos sectores del Congreso norteamericano.
El Gobierno español descarta riesgos
Desde el Ejecutivo español se insiste en que no existe riesgo alguno de fuga de información. Fuentes oficiales aseguran que se trata de un sistema completamente aislado, sin conexión a redes externas, por lo que es técnicamente invulnerable a cualquier intrusión. Además, las grabaciones que se almacenan están vinculadas a investigaciones judiciales —no a operaciones de inteligencia o contraespionaje—, lo que limita aún más su sensibilidad estratégica.
El Ministerio del Interior se ha limitado a señalar que la contratación cumple con todos los estándares del Esquema Nacional de Seguridad, avalado por autoridades independientes. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque no ha comentado el contrato, aclara que hace años dejó de utilizar tecnología de Huawei y que su participación en estos procesos se limita a la verificación técnica de los dispositivos, no a la elección del proveedor.
¿Represalia política o descuido estratégico?
Mientras en EE UU algunos sectores ven el contrato como una amenaza potencial, fuentes diplomáticas y expertos en inteligencia en España consideran la reacción como una “sobreactuación”. Apuntan incluso a una posible represalia por la decisión del Gobierno español de suspender compras de armamento a Israel, que ha causado malestar en círculos republicanos cercanos a la industria militar.
Otros especialistas, en cambio, se muestran sorprendidos por la contradicción de que Interior siga confiando en tecnología de Huawei, cuando el Estado ha presionado a empresas privadas para eliminarla de sus redes 5G por motivos de seguridad.
Huawei, un socio incómodo en el corazón del sistema judicial
El caso vuelve a poner en primer plano el debate global sobre Huawei y la ciberseguridad. Aunque la empresa niega cualquier vínculo operativo con el gobierno chino, países como Estados Unidos, Australia o el Reino Unido han vetado sus equipos en infraestructuras críticas.
La paradoja en España es evidente: mientras se alerta al sector privado sobre los riesgos de depender de Huawei, el propio Estado continúa contratando sus servicios, incluso para almacenar datos altamente sensibles. La justificación, según fuentes gubernamentales, es económica: Huawei ofrece precios más competitivos que sus rivales occidentales.
Aunque no se prevé una ruptura en el intercambio de inteligencia entre Madrid y Washington —históricamente fluido incluso en momentos de fricción política—, el incidente subraya la necesidad de alinear criterios sobre seguridad tecnológica. La gestión de este contrato, y la transparencia en torno a su alcance, marcarán si este episodio se cierra como un malentendido o se convierte en un punto de tensión sostenido. @mundiario
