El intenso debate político sobre la corrupción dificulta mejorar la prevención
No está claro cuanto se ha avanzado en la prevención de la corrupción política y administrativa. Las normas recientes necesitan tiempo para demostrar su eficacia. La renuencia del Gobierno y de la oposición para pactar cambios estructurales que refuercen la prevención no permite el optimismo.
El bochornoso comportamiento del fiscal jefe de las investigaciones contra la corrupción, tiene dos lecturas preocupantes. De un lado la laxitud moral del Gobierno que antepone el objetivo político de controlar la Fiscalía y el Poder Judicial a la necesaria independencia, eficacia y efectividad en su funcionamiento. Ahora descubrimos que el ya cesado tenía suficientes puntos oscuros en su trayectoria como para descartar su candidatura. El ministro de Justicia que la elevó al Consejo de Ministros no podía ignorar esos extremos.
Pero el suceso tiene otra dimensión que atañe al ámbito estrictamente judicial. Los datos publicados apuntan a la propia fiscalía como fuente, en el marco de las tensiones entre distintos grupos corporativos.
Anualmente la Fiscalía, el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial publican sendas Memorias que incluyen datos estadísticos sobre las diligencias incoadas por cada tipología delictiva. En ella descubrimos que solo el 30% de las personas imputadas o investigadas, resultan condenadas.
Son cifras que parecen indicar una fuerte implicación de la Fiscalia en la persecución de ese tipo de delitos.
Es una fracción pequeña que obliga a preguntarnos por el rigor de aquellas investigaciones, tan mediáticas muchas veces, tan vejatorias para muchos investigados que luego exonerados y a la postre tan inútiles. Pareciera que la extrema sensibilidad social de hoy ante esos delitos habria contagiado la instrucción de las causas.
No está claro cuanto hemos avanzado en la prevención de la corrupción política y administrativa. Las normas recientes necesitan tiempo para demostrar su eficacia. La renuencia del Gobierno y de la oposición para pactar cambios estructurales que refuercen la prevención no permite el optimismo: profesionalización de la alta Administración, mejoras en la Justicia, despolitización de los organismos reguladores, mayor transparencia de la contratación pública y de la política urbanística, etc.
Mientras la corrupción sea el argumento más socorrido en el debate politico será difícil mejorar la prevención, tan oscura pero tan eficaz.
