Illa y Bolaños piden al Supremo aplicar la amnistía a Puigdemont: presión ante la resistencia

El aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía, con una mayoría de seis votos frente a cuatro, ha sido interpretado como una victoria política por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Pero lejos de cerrar el capítulo del procés, ha abierto un nuevo frente: la aplicación efectiva de la norma por parte del Tribunal Supremo.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, han reclamado públicamente que se extienda la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, dos de los principales líderes independentistas aún excluidos por la negativa del Supremo a perdonar el delito de malversación.

En una declaración institucional pronunciada en tres idiomas —catalán, castellano e inglés— Salvador Illa celebró lo que calificó como “una hora feliz para Cataluña”. Destacó que la ley de amnistía ya ha beneficiado a más de 300 personas y ha contribuido a mejorar el clima político, social e institucional. Sin embargo, insistió en que “no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley” tras el fallo del TC y pidió expresamente al Supremo que la aplique con diligencia, en alusión directa al caso de Puigdemont.

En sintonía, el ministro Bolaños declaró desde el Congreso que la aplicación de la amnistía “no será completa hasta que se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista, incluyendo a sus líderes”. Recalcó que la voluntad del legislador fue clara  y que corresponde ahora al Poder Judicial hacer efectiva la norma, con respeto a la separación de poderes, pero también con responsabilidad institucional. Para el ministro, la decisión del TC representa “un día histórico” que culmina el compromiso del Gobierno de Sánchez de devolver la solución del conflicto político catalán al terreno del diálogo.

Las presiones desde Junts y ERC

Pese al tono institucional de Illa y Bolaños, desde Junts y ERC las reacciones han sido más incisivas. Jordi Turull, secretario general de los posconvergentes, ha exigido al Tribunal Constitucional que imponga “mecanismos coercitivos” al Supremo para forzar la aplicación de la ley, denunciando una supuesta “rebelión de determinados tribunales”. “La ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la represión, pero no resuelve el conflicto político, que se centra en cómo se aplica el resultado del referéndum del 1-O”, afirmó el número dos del partido del expresidente catalán exiliado en Bélgica. “Si España fuese una democracia completa, el juez Pablo Llarena retiraría la orden de busca y captura. En un Estado de Derecho normal, el president Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín podrían volver esta misma tarde. Pero estamos en el Estado español, que nosotros queremos abandonar”.

Desde ERC, Joan Ignasi Elena ha afirmado que la sentencia del TC representa “un gran éxito del independentismo”, pero que el conflicto político sigue vigente hasta que se reconozca el derecho a decidir mediante referéndum. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha mostrado escepticismo al considerar que su situación no cambiará, dado que el Supremo ha mostrado su voluntad de impedir la aplicación de la ley en su caso. Aun así, prometió persistir en su lucha por la autodeterminación.

La oposición conservadora ha reaccionado con dureza al fallo del Constitucional y a las presiones políticas al Supremo. Desde Bruselas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la amnistía como “una vergüenza para cualquier demócrata diga lo que diga un TC dividido”, y denunció que se trata de una “transacción corrupta de impunidad a cambio de poder y un obús contra la separación de poderes”, negociada por un Santos Cerdán ahora imputado por corrupción.

En la misma línea, Santiago Abascal, líder de Vox, consideró la amnistía como “el mayor acto de corrupción en la historia democrática de España” y acusó al PP de haber facilitado su aprobación al pactar la renovación del TC con el PSOE.

El Supremo mantiene su criterio sobre la malversación

Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía a Puigdemont y Toni Comín al considerar que incurrieron en malversación con ánimo de lucro, lo cual les excluiría de los beneficios de la ley. Esta interpretación contrasta con otras instancias, como la Audiencia de Barcelona, que sí han aplicado la amnistía en casos similares. El futuro inmediato de Puigdemont dependerá de si el TC, al abordar los recursos individuales, revoca el criterio del Supremo o lo mantiene. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará el 15 de julio sobre una cuestión prejudicial que podría condicionar la aplicación de la ley en clave europea.

Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha celebrado el fallo del TC como una “magnífica noticia” y como un triunfo del Estado de Derecho. Reivindicó la amnistía como una herramienta para cerrar una crisis que, según él, “nunca debió salir de la política”. Pese a los costes políticos y las críticas internas y externas, el presidente del Gobierno considera que la validación constitucional de la amnistía refuerza su hoja de ruta en Cataluña y le permite proyectar una imagen de estabilidad institucional y liderazgo transformador.

La sentencia del Constitucional ha legitimado la ley de amnistía, pero su aplicación plena sigue bloqueada por el criterio restrictivo del Supremo en los casos clave. El Gobierno y la Generalitat han intensificado su presión institucional para forzar su cumplimiento, mientras los partidos independentistas reclaman no solo aplicación, sino también avances hacia el referéndum. Por el contrario, la derecha y la ultraderecha consideran que se ha cometido una grave erosión de la separación de poderes. @mundiario