La hija de Carmen Pano, lanza la línea del rescate de Air Europa en mitad del juicio del caso Koldo

La expareja de Aldama, declara ante el Supremo que el empresario imputado y Koldo García supuestamente recogieron 500.000 euros en “casa del dueño de Air Europa” en vísperas de la aprobación del rescate de la aerolínea por la SEPI.
Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo. / Parlamento de Canarias
Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo. / Parlamento de Canarias

El testimonio de Leonor González Pano ante el Tribunal Supremo introduce un nuevo elemento en la investigación del caso Koldo: la supuesta recogida de medio millón de euros en casa del empresario Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, como presunta comisión vinculada al rescate público de la aerolínea durante la pandemia.

La declaración de González Pano, hija de la empresaria Carmen Pano y administradora única de la empresa Have Got Time manejada por Claudio Rivas, no aporta un testimonio directo de los hechos, pero sí refuerza una línea narrativa relevante para la investigación. Según afirmó este jueves, fue su expareja Víctor de Aldama quien le relató que él mismo y de Koldo García acudieron al domicilio del propietario de la aerolínea para recoger 500.000 euros.

El supuesto pago se habría producido en vísperas de la aprobación del rescate estatal de la aerolínea, una operación clave en plena crisis del covid-19. Este detalle temporal es central, ya que vincula el presunto flujo de dinero con una decisión pública de alto impacto económico.

Sin embargo, el carácter indirecto del testimonio, basado en lo que le habría contado Aldama, supone que no se trata de una prueba concluyente, sino de un indicio que deberá ser corroborado por otras evidencias. Interrogada por este mismo extremo, su madre aseguró que Aldama le había comentado que Hidalgo pagó medio millón de euros por sus gestiones.

El rescate de Air Europa bajo escrutinio

El 3 de noviembre de 2020, el Gobierno aprobó una ayuda de 475 millones de euros a Air Europa a través de la SEPI. La operación se enmarcó en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) diseñado durante la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la intervención del entonces ministro José Luis Ábalos fue relevante en las gestiones previas, incluyendo la difusión de una nota oficial que anticipaba el respaldo gubernamental. Según la acusación, ese movimiento tuvo un “alto valor estratégico” para la compañía al reforzar la confianza de acreedores e inversores.

En este contexto, el supuesto pago de 500.000 euros —de confirmarse— encajaría en la lógica de una contraprestación por influencias políticas, aunque, por ahora, no forma parte del objeto directo del juicio.

Una trama de relaciones personales y empresariales

El testimonio de González Pano también ilustra la compleja red de relaciones que rodea el caso. Su vínculo personal con Víctor de Aldama, al que describió como alguien cercano incluso después de la ruptura en su juventud, “casi de familia”, ayuda a entender cómo la información fluía en un entorno donde lo personal y lo profesional se entremezclaban.

La declaración también conecta con otros elementos ya conocidos del caso, como la compra de un chalé en Cádiz supuestamente destinado a Ábalos. Según la testigo, la orden de adquirir el inmueble partió de Rivas, imputado en la trama de hidrocarburos con González Pano y su madre, lo que apuntala la tesis de Anticorrupción de pagos en efectivo y beneficios en especie como formas de compensación por gestiones políticas.

Este esquema —si se confirma— respondería a un modelo en el que los intermediarios facilitan decisiones administrativas a cambio de retribuciones indirectas, difíciles de rastrear y fragmentadas entre distintos actores. Aunque la supuesta comisión de 500.000 euros no está formalmente incluida en el objeto del juicio actual, su aparición en sede judicial amplía el perímetro del caso y aumenta la presión sobre los implicados.

El rescate de Air Europa fue una de las operaciones económicas más relevantes del periodo pandémico, y cualquier sombra de irregularidad en su tramitación afecta a la credibilidad institucional. Al mismo tiempo, la naturaleza de las declaraciones —basadas en relatos de terceros— obliga a extremar la prudencia en su valoración, evitando conclusiones anticipadas. @mundiario

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