Habrá comisión de investigación sobre el accidente del tren Alvia en Santiago
El cambio de criterio del PSOE va a posibilitar una investigación independiente en el Congreso de los Diputados. El PP ha quedado solo en la defensa de la oscuridad.
Hace ahora cuatro años, a las 20.40 del miércoles 24 de julio de 2013, el tren Alvia que circulaba entre Madrid y Ferrol descarrilaba en la curva de A Grandeira a 4 kms. de la capital de Galicia, Santiago de Compostela. Desde el primer momento PP y PSOE intentaron que no avanzase la investigación y el propio Vicepresidente y Conselleiro de Xustiza de la Xunta consiguió que los peritos designados por el juez fuesen sustituidos por funcionarios de la Xunta sin experiencia. En el último año y medio, sin embargo, las cosas han cambiado sustancialmente en el Juzgado y en el ámbito europeo y la nueva dirección federal del PSOE ha roto el pacto de silencio que mantenía con el PP.
Cuatro años después de la catástrofe de Angrois, parece que tendremos una investigación independiente, en vez de la parcial investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, sometido al control político de la ex ministra Ana Pastor. La nueva dirección del PSOE ha solicitado en el Congreso una comisión independiente para la investigación del siniestro, rompiendo de este modo el pacto de hierro que hasta ahora mantenía con el PP para cerrar en falso el caso Alvia, en una clara defensa de la gestión del antiguo ministro José Blanco. Un ministro que inauguró la línea de velocidad alta (que no AVE) Ourense-Santiago de Compostela en diciembre del 2011, sin una evaluación integral de los riesgos de dicha línea, de las modificaciones del proyecto y, singularmente, de las condiciones de seguridad de la bifurcación de A Grandeira, en clara vulneración de la Directiva Marco de Seguridad Ferroviaria del 2004, como acreditó hace ahora un año la Agencia Ferroviaria Europea (ERA).
Este pacto de hierro impidió hasta ahora una investigación parlamentaria y administrativa independiente y puso muchos obstáculos a la investigación judicial. El Vicepresidente de la Xunta, responsable de la administración de justicia gallega, negó la continuidad de los peritos nombrados por el jueiz Aláez, Hugo Ramos y Alfredo Matesanz, forzando su sustitución por dos funcionarios de la Xunta sin experiencia ferroviaria. En octubre del 2015 el juez Lago Louro, nuevo titular de la investigación judicial, rechazaba nuevas diligencias de prueba y la imputación de terceros ajenos al maquinista. Parecía, pues, cerrada la vía al conocimiento de la verdad.
Pero la representante del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, consiguió que la Comisión Europea y la ERA escucharan a los representantes de las víctimas, mientras los abogados de éstas recurrían la decisión judicial consiguiendo de la Audiencia compostelana la reapertura de la investigación judicial en mayo de 2016. Dos meses después la ERA, la instancias de Ana Miranda, descalificaba la investigación de la española CIAF por parcial e incompleta y ratificaba la gravísima infracción cometida por España. Pero el pacto de hierro PP-PSOE seguía impidiendo las investigaciones parlamentarias en Compostela y Madrid.
El cambio de criterio del PSOE va a posibilitar una investigación independiente en el Congreso de los Diputados. El PP ha quedado solo en la defensa de la oscuridad.
