El Gobierno salva la ley estrella de Justicia, pero sufre un revés en la reforma fiscal
El último pleno parlamentario del año se preveía complejo para el Gobierno de Pedro Sánchez, y no defraudó en intensidad ni resultados inesperados. La sesión finalizó con una combinación de victorias ajustadas y derrotas significativas, reflejando las crecientes tensiones entre los socios de la mayoría de investidura. A pesar de ello, el Ejecutivo consiguió aprobar la ley de modernización de la Justicia y la reforma fiscal, aunque sufrió una derrota en la prórroga del impuesto a las grandes energéticas debido al apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP.
El proyecto de ley para modernizar la Administración de Justicia, impulsado por el ministro Félix Bolaños, fue una de las victorias del Gobierno en este pleno. La iniciativa introduce reformas importantes, como la sustitución de los juzgados de Primera Instancia por tribunales colegiados. Sin embargo, la votación estuvo a punto de fracasar por una enmienda del PNV para facilitar desalojos de okupas en 15 días, que generó una amenaza de bloqueo por parte de Podemos.
Tras intensas negociaciones de última hora, el Gobierno consiguió el apoyo de Podemos al comprometerse a prorrogar la moratoria de desahucios para personas vulnerables por un año y extender ayudas al transporte durante seis meses. Con este acuerdo, la ley fue aprobada con 177 votos a favor y 171 en contra de PP, Vox y UPN. “Hoy hemos puesto las bases para la justicia del siglo XXI”, declaró un aliviado Félix Bolaños tras la votación.
La sesión también dejó en evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria. Una enmienda del PP, apoyada por Junts y PNV, logró derogar el impuesto a las grandes energéticas, una medida que el Gobierno había pactado prorrogar con ERC, EH Bildu y BNG. Este impuesto, vigente desde 2022, buscaba gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas debido al aumento de precios tras la guerra en Ucrania.
La derogación de este gravamen supone un duro golpe para el Ejecutivo, que ahora deberá crear una fórmula legal alternativa para reinstaurarlo. El Gobierno planea aprobar un real decreto el próximo lunes, pero su convalidación en el Congreso parece complicada sin el respaldo de PNV y Junts. “El 1 de enero va a haber gravamen a las energéticas”, aseguró Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, insistiendo en que se mantendrá el compromiso adquirido.
Un paquete fiscal con luces y sombras
A pesar del revés en el impuesto a las energéticas, el Gobierno logró aprobar el paquete fiscal diseñado para transponer la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15 % para las grandes multinacionales, y que incluyó otras iniciativas que o decayeron o estuvieron a punto de hacerlo durante las agónicas negociaciones, que hicieron temer al Gobierno que no saldría adelante pese a la presión de Bruselas. Esta medida, clave para desbloquear fondos europeos, se complementa con otras iniciativas fiscales que incluyen:
Impuesto extraordinario a la banca: se aplicará durante tres años con tipos progresivos según el tamaño de las entidades, generando una recaudación estimada de 2.600 millones de euros.
Rebajas menores de impuestos: se aprobó una reducción del IVA al 4% para yogures y productos lácteos fermentados, además de exenciones fiscales para monitores deportivos no profesionales. Todo gracias a las enmiendas que Junts negoció con el PP en el Senado, y que según el Gobierno no alterarían mucho la recaudación.
Nuevas medidas de control fiscal: incluyen un aumento en el gravamen del ahorro en el IRPF y un impuesto a los cigarrillos electrónicos, con una recaudación esperada de 500 millones anuales.
Alianzas cambiantes y tensiones políticas
El pleno reflejó el complejo escenario político en el Congreso. La alianza entre el PP, Junts y PNV para derogar el impuesto a las energéticas dejó al descubierto fisuras en el bloque de investidura. Los nacionalistas vascos justificaron su postura argumentando que el impuesto vulnera el concierto económico de Euskadi, mientras que Junts alegó que podría poner en riesgo inversiones en Cataluña.
Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió al Gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos, amenazando con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 si no se respetan los compromisos adquiridos. “Podemos va a exigir que los acuerdos se cumplan”, afirmó Belarra, recordando la necesidad de mantener el bono social eléctrico y el impuesto a las energéticas.
El Ejecutivo de Sánchez cierra el año con importantes retos por delante. La dificultad para mantener la cohesión en la mayoría parlamentaria amenaza con complicar futuras iniciativas legislativas. Además, el intento de prolongar el impuesto a las energéticas vía decreto podría enfrentarse a un nuevo bloqueo en el Congreso.
En un contexto de alianzas cambiantes y tensiones ideológicas, el Gobierno se prepara para un 2025 marcado por el desafío de negociar cada voto y mantener la estabilidad legislativa frente a una oposición fortalecida y unos socios parlamentarios cada vez más exigentes. @mundiario
