El Gobierno aprueba la ley de ‘riders’ pero los repartidores la rechazan

La Ley de riders ha sido finalmente aprobada por el gobierno español, y a pesar de las presunciones de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los acuerdos alcanzados en esta materia; los repartidores, principales protagonistas, la han rechazado en una manifestación que se hizo este martes en Madrid y otras ciudades de España.

"España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia", ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz cuando anunciaba la aprobación de la Ley.

En primer lugar, la ley establece que los riders serán considerados asalariados y no autónomos y además “obliga a todo tipo de empresas a informar a los trabajadores sobre los algoritmos que afecten a su trabajo”.

"Los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su tarea en plataformas digitales de cualquier tipo son laborales, y conllevan todos los derechos del Estatuto de los Trabajadores: organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salariales", destacó la ministra Yolanda Díaz.

En esta parte de la Ley, es donde los repartidores hacen hincapié y por eso la desaprueban. Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos de Madrid, ha dicho que la ley es “injusta”, ya que no se tomaron en cuenta las peticiones de los repartidores a pesar de las varias manifestaciones masivas que han hecho en el país.

“Es un acuerdo que se ha pactado sin condiciones, es decir, simplemente dice, sean ustedes asalariados, como si esto fuese la panacea, cuando nos están condenando a contratos precarios, temporales, pero no vemos mejoría alguna en esta situación”, declaró para medios televisivos.

Gaviria dice que, para resguardar la seguridad jurídica y social de cualquier trabajador, no necesariamente tiene que ser asalariado. “Lo que pasa es que los autónomos en este país somos considerados trabajadores de segunda, lo que queremos es una Ley amplia que nos incluya y que tengamos un poder de decisión como autónomos”.

Hay otro artículo polémico sobre la información de algoritmos a la que están obligadas las compañías a informar a sus trabajadores.

"Las compañías tendrán que dar transparencia para saber si sus algoritmos, fórmulas matemáticas, reglas o instrucciones tienen algún tipo de sesgo en la relación laboral. Este es el núcleo central de la protección y la afectación es global en todas las entidades. Por una razón, los trabajadores tenemos derecho a saber cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales", ha explicado la ministra.

La Asociación Española de Startups, ya se había pronunciado el pasado mes de marzo alertando sobre el caso de los algoritmos. “Resulta especialmente alarmante la propuesta relativa a los algoritmos y a los sistemas de inteligencia artificial, pues no solo excede la supuesta voluntad de regular las relaciones laborales en el sector del delivery sino que entra en contradicción con otras regulaciones vigentes y pone en grave riesgo la protección de la propiedad industrial del conjunto de empresas y startups que operan en el país”.

Las empresas tienen ahora un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adaptarse a la nueva legislación.

El gobierno anunció además la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno en esta materia y que será la encargada de vigilar que se cumpla la Ley. @mundiario