Gobierno y Corona deben explicar el uso de fondos y la actividad del CNI en los lances del rey emérito

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Trio de damas, amigas de Juan Carlos I.

Los ciudadanos, atónitos ante este folletín, merecen que el Gobierno y la Casa Real aclaren qué se hizo con los fondos reservados y las implicaciones de servicios del Estado en asuntos de esta naturaleza que, en todo caso, deben ser asumidos por sus protagonistas, si son hechos privados, y no por los contribuyentes.

Gobierno y Corona deben explicar el uso de fondos y la actividad del CNI en los lances del rey emérito

La extensión del escándalo y la implicación de los Servicios de Inteligencias del Estado en las aventuras galantes de Su Majestad Católica emérito Juan Carlos I, ya para evitar sus efectos ante la opinión pública (echando mano de los fondos reservados y tapar la boca de la beneficiaria de turno), ora para asegurar la plácida presencia y negocios en territorio nacional de una de las barraganas de lujo del ex monarca, están demandando una explicación pública, y no un lacrimoso acto de disculpas hipócritas como ya conocemos por parte del protagonista de estos vodeviles.

Tanto la Casa Real, que presentó como gran novedad un “Código ético” como prueba de que con Felipe VI se iniciaba un tiempo nuevo, como el Gobierno, que considera todo esto un “asunto privado del monarca”, del que nada tiene que decir, deberían dar una explicación pública, detallada y satisfactoria. A estas alturas no tendría sentido una preparada e hipócrita disculpa del emérito, como cuando se lesionó en Botsuana su cacería de elefantes con Corinna, en uno de los más dramáticos momentos para la economía española.

Como es sabido, la Mesa del Congreso ha bloqueado las preguntas que había registrado el diputado de En Comú Podem Joan Mena sobre el presunto uso de fondos reservados por parte del antiguo CESID --actual Centro Nacional de Inteligencia-- para comprar "el silencio de una conocida actriz española que mantenía romance" con el Rey Juan Carlos.

Ni el PP ni el PSOE ni Ciudadanos se han interesado por el caso. Históricamente, tanto el PSOE como el PP, como corresponde a su naturaleza probada como lo que se conoce como “partidos dinásticos”, han impedido que se trataran o investigaran en el Congreso todas las cuestiones graves relativas a la Corona, incluso justificándolo en el carácter “privado” de determinados asuntos; es decir, precisamente los más delicados e interesantes, y que además, como en este caso, repercuten en el indebido uso de los impuestos que pagan los españoles. Como dice Lisón Tolosana “el Rey es siempre el Rey” en su libro sobre la imagen de la Corona. Por lo tanto, el contrapeso de los muchos privilegios de que disfruta es precisamente que su vida privada sea tan ejemplar y transparente como la pública.

La pregunta bloqueada

En el caso de la pregunta bloqueada, según adelantó la agencia Europa Press, el interpelante requería que se le explicara el modo en que los servicios de seguridad del Estado se encargaron de abrir una cuenta en una entidad luxemburguesa en septiembre de 1996 a la que, tres meses después, presuntamente transfirieron una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros).

Tras conocer estas informaciones, Mena pedía que el Gobierno le explicara si tenía conocimiento de estos hechos, le especificase cuánto dinero se pagó a Bárbara Rey y bajo qué concepto. Asimismo preguntaba al Ejecutivo si cree que los fondos reservados están previstos para este tipo de asuntos, si los pagos se ajustaron a la ley, si tiene previsto iniciar alguna investigación para "depurar responsabilidades" y si cree que la Casa del Rey debe dar "explicaciones públicas" por este tema”.

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Rajoy no quiere molestar al Rey emérito.

 

Folletín por entregas

El asunto de María García (Bárbara Rey), que parece un folletín por capítulos o entregas se ha enriquecido esta semana con el aporte de la ex mujer de otro personaje intermediario en esta historia, el periodista Santiago Arriazu, confidente de Bárbara Rey. Según el diario que sobre sus revelaciones de la actriz fue redactando la citada señora, el Rey Juan Carlos I le advirtió que el 23-F de 1981 no saliera, asunto que de ser cierto introduciría una inquietante duda sobre lo que realmente ocurrió aquel día y quién o quiénes estaban al cabo de la calle. Además confirma y amplía otros aspectos ya conocidos de aquel largo romance de 17 años.

El uso de servicios y fondos públicos para proteger a las amigas de Juan Carlos es cosa vieja. En su día el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, reveló que la falsa princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein contó con escolta oficial durante el periodo de tiempo que vivió en España y que recibía protección por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), disimulada por la palabra clave o nombre figurado que en el caso era 'Ingrid'. La amiga del Rey se justificaba diciendo que había prestado servicios oficiales al Reino de España, en tantos se conocía que se la había instalado en una vivienda habilitada al efecto en el recinto de El Pardo.  El diario El Mundo llegó a publicar que Corinna estuvo residiendo durante cuatro años en la finca 'La Angorilla', con acceso restringido al público y con entrada desde el recinto de La Zarzuela.

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Todos los presidentes cubrieron por igual al Rey emérito.

 

Sin embargo, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, ante la reducida comisión de Secretos Oficiales del Congreso, negó cualquier vinculación de dicho centro con la princesa Corinna zu-Sayn Wittgenstein. Y desmintió que el CNI la hubiera protegido o escoltado o que ésta hubiera cobrado o solicitado algún pago al mismo.

Lo cierto es que el propio ministro de Exteriores del momento, García Margallo, se reunió con Corinna a propósito de los negocios en los que ella intervenía como intermediaria y comisionista, principalmente con países árabes, de especial interés para España.

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Félix Sanz Roldán.

El cerco de silencio que ha protegido las cosas de palacio, cuando no convenía a su estrategia,  ya se evidenció por la serie de cauciones que se pusieron en marcha para resguardar el noviazgo del entonces Príncipe de Asturias con la periodista divorciada Letizia Ortiz, cuya presentación en sociedad fue objeto de una minuciosa planificación previa que incluyó, curiosamente, una gran preocupación por los vestigios de los descartes, tomas falsas o recortes que pudieran andar por los medios donde había ejercido como profesional la consorte del joven Capeto.

Gracias a esta protección que puso al monarca a la corte al resguardo de miradas indebidas, la amable prensa se ha ocupado muy someramente de estas mismas cuestiones y rara vez con profundidad. No obstante, el 19 de agosto de 1992, el diario El Mundo trató abundantemente una cuestión personal del Rey. Era la primera vez, desde que la instauración de la nueva monarquía en 1975, que un periódico se sustraía al aparente acuerdo tácito de los medios españoles de abordar con exquisitez los temas incómodos para la familia real. En este caso, se trataba de la reproducción de un extenso reportaje de la revista italiana Oggy, donde se detallaba la relación del monarca español con una conocida decoradora de interiores de Palma de Mallorca, Marta Gayá, con la que mantenía una relación desde 1990 y viajaba de vez en cuando a Suiza. Fue el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, quien descubrió una ausencia no oficial del Rey del territorio nacional, cuando su firma debía rubricar una disposición del Gobierno, nada menos que el nombramiento del ministro de Exteriores.

En fin, que todo esto no es más que un nuevo episodio de una historia interminable mientras Juan Carlos I tenga cuerda y ganas de marcha. Pero esta vez, por lo menos, nos enteramos y tratamos el caso.

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