La gestión de la alerta de la dana: ¿una falta de coordinación o un error de liderazgo?
En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta. En ocasiones, literalmente. El reciente testimonio de un técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha reavivado el debate sobre la responsabilidad política en la gestión de catástrofes naturales. La tragedia de la dana que arrasó varias localidades valencianas el pasado octubre, dejando tras de sí más de 200 muertos, sigue sumida en un proceso judicial que va revelando detalles tan inquietantes como reveladores.
Según el técnico, la orden de no enviar ninguna alerta masiva a los teléfonos móviles de la población sin el visto bueno expreso de la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, supuso un retraso de al menos una hora en un aviso que podría haber salvado vidas. La alerta, que finalmente se envió a las 20:11 horas, llegó cuando ya era demasiado tarde para muchos: personas atrapadas en garajes, plantas bajas inundadas y municipios completamente colapsados.
Este retraso plantea una cuestión central: ¿puede la política permitirse ejercer control en tiempo real sobre decisiones técnicas vitales cuando hay vidas en juego? El sistema ES-Alert, diseñado para actuar con inmediatez ante amenazas graves, fue condicionado por un protocolo jerárquico que exigía validaciones burocráticas en lugar de priorizar la autonomía de los expertos. El resultado, a la vista está, fue una reacción tardía.
Lo más llamativo del caso es que la propia exconsejera reconoció que no conocía el funcionamiento del sistema ES-Alert hasta la misma jornada de la tragedia. Esta confesión, en el contexto de su responsabilidad al frente del dispositivo de emergencias, resulta cuando menos alarmante. No se trata solo de una falta de preparación técnica, sino de un desconocimiento que se tradujo en parálisis operativa.
El cruce de versiones entre Pradas y los técnicos que operaban el sistema evidencia algo más profundo que una simple descoordinación: revela una cultura administrativa que antepone la centralización política del mando a la agilidad técnica. Según el relato del trabajador, el órgano de emergencias Cecopi ya había dado la orden de preparar una alerta general para la provincia, pero fue frenada por la consejera hasta que diera personalmente su aprobación. Se trataba de una doble validación que, en la práctica, no sirvió para mejorar el contenido del mensaje ni para afinar su alcance, sino únicamente para ralentizar el proceso.
Por si fuera poco, el contenido de la alerta enviada también ha sido criticado por la propia jueza instructora del caso, que lo calificó de confuso y carente de recomendaciones claras, como subir a pisos superiores. Un fallo doble, por forma y por fondo.
La explicación ofrecida por el entorno de Pradas —que su papel se limitó a verificar el cumplimiento de lo acordado en Cecopi— resulta insuficiente cuando se observa que, en paralelo, no se había activado ningún control real sobre los puntos críticos del territorio, como los barrancos o la presa de Forata, cuya posible rotura, según el propio subdirector de Emergencias, podría haber causado decenas de miles de muertos.
Este caso no solo debe evaluarse desde la óptica judicial, sino también desde la ética política. ¿Qué clase de liderazgo se ejerce cuando se ignora un sistema de alerta que puede salvar vidas, y se prioriza el filtro político sobre el criterio técnico? ¿Hasta qué punto debe tolerarse que, en un contexto de emergencia, los mecanismos diseñados para actuar con rapidez se conviertan en instrumentos paralizados por el miedo a la exposición pública?
No es la primera vez que la inercia política o la falta de preparación de cargos públicos tiene consecuencias devastadoras en la gestión de emergencias. Pero pocas veces ha quedado tan claramente documentado el coste humano de un exceso de control desde arriba. La instrucción judicial seguirá su curso, y es probable que el proceso acabe señalando responsabilidades concretas. Pero más allá de los tribunales, lo que aquí se pone en juego es la credibilidad del sistema de protección civil y la necesidad urgente de redefinir quién debe tener la última palabra cuando la naturaleza golpea sin avisar.
En las catástrofes no se vota, se actúa. Y si algo ha quedado claro en este caso es que, mientras los técnicos esperaban permiso, el agua arrasaba vidas. @mundiario
