La fuga de Puigdemont y sus secuelas: un año de la reaparición en Cataluña y el giro de Junts
El 8 de agosto de 2024 quedó grabado en la memoria política de Cataluña y España. Ese día, Carles Puigdemont irrumpió en un mitin en el Arco de Triunfo de Barcelona y, minutos después, burló el cerco policial de los Mossos d'Esquadra para huir del lugar. La imagen de un despliegue de seguridad incapaz de detener al expresidente de la Generalitat supuso un golpe a la credibilidad del cuerpo policial y alimentó sospechas sobre fallos de coordinación y órdenes políticas poco claras.
Para muchos dentro y fuera de Cataluña, aquel episodio marcó un antes y un después tanto en la percepción del independentismo como en la operativa de los Mossos.
La fuga tuvo un impacto inmediato en el tablero político. Puigdemont consiguió eclipsar mediáticamente la investidura de Salvador Illa y generó desconcierto en las filas independentistas. Con ese gesto, abandonaba la narrativa del “president legítim” en el exilio para adentrarse en la política de pactos en Madrid. Desde entonces, Junts ha utilizado sus siete diputados como pieza clave en la gobernabilidad de Pedro Sánchez, apoyando leyes y consiguiendo concesiones de calado, como la ley de amnistía.
Sin embargo, el episodio dejó daños colaterales. El Consell de la República, buque insignia del liderazgo simbólico de Puigdemont, entró en crisis, lo que llevó a su dimisión como presidente del organismo y al nombramiento de un sucesor de su entorno, Jordi Domingo, con un aroma a fin de ciclo. En Cataluña, el president renunció a liderar la oposición a pesar de haber intentado recuperar la Generalitat en las elecciones autonómicas en las que quedó en segundo lugar, por detrás del socialismo constitucionalista del PSC.
La ausencia del expresident en el Parlament ha ido cediendo espacio político a Illa y a Silvia Orriols, de Aliança Catalana, mientras concentraba su influencia en el Congreso y en la política nacional.
Junts, atrapado entre el independentismo y el pragmatismo
En este nuevo papel, el partido ha alternado una retórica dura con gestos de pragmatismo político: ha apoyado medidas como la revalorización de las pensiones, el impuesto a la banca y decretos para combatir los aranceles de Donald Trump, pero también ha bloqueado iniciativas clave como el impuesto a las energéticas, el decreto antiapagones y la reducción de la jornada laboral, alineándose con la patronal catalana, Foment del Treball.
Pese a este papel central, los objetivos estratégicos pactados con Sánchez han quedado en gran parte incumplidos: ni el regreso efectivo de Puigdemont con garantías plenas, ni el traspaso de competencias migratorias, ni la oficialidad del catalán en la UE. ERC, con una línea más orientada a pactos autonómicos, ha cosechado mayores avances tangibles, como el inicio de la cesión del servicio de Cercanías y el acuerdo para que Cataluña recaude el IRPF a partir de 2028 dentro de la financiación singular.
El desgaste también se ha notado en las calles. La movilización independentista ha caído drásticamente, con concentraciones reducidas y una Diada descentralizada que refleja la incapacidad de volver a reunir a grandes multitudes en Barcelona. En paralelo, Puigdemont afronta un horizonte incierto: dentro de Junts se da por hecho que no se presentará a nuevos comicios catalanes, y su histórica dificultad para gestionar relevos de liderazgo amenaza con dejar un vacío político en el partido.
Un año después, la fuga del Arco de Triunfo sigue siendo un episodio incómodo para los Mossos y un punto de inflexión para Junts. La policía catalana lidia todavía con el impacto reputacional de aquel día, Puigdemont y su partido continúan atrapados entre la retórica independentista y el pragmatismo político, en un equilibrio cada vez más difícil de sostener. @mundiario