La fiscal jefa de Madrid se desmarca de la filtración sobre el novio de Ayuso
La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha comparecido ante el Tribunal Supremo para defenderse de la acusación de haber filtrado información confidencial relacionada con la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su declaración, Rodríguez ha negado cualquier implicación en la filtración del expediente fiscal o del correo electrónico enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y buscaba un pacto para evitar la cárcel.
La fiscal ha insistido en que un gran número de personas dentro del ámbito de la Fiscalía y otras instituciones tuvieron acceso a esta documentación antes de que se hiciera pública en los medios de comunicación, lo que complicaría determinar el origen de la filtración.
Una investigación que va más allá del correo filtrado
El juez instructor del caso, Ángel Hurtado, ha subrayado durante el interrogatorio que la investigación no se limita únicamente a la filtración del correo del abogado, sino que también abarca la difusión de la nota oficial emitida por la Fiscalía desmintiendo informaciones del entorno de Ayuso, así como la publicación del expediente tributario y la denuncia contra González Amador.
Rodríguez ha detallado que hasta 571 personas dentro del entorno de la Fiscalía tuvieron acceso al expediente de González Amador, mientras que 60 fiscales pudieron consultar el correo del abogado antes de que este llegara a la Fiscalía General. A estas cifras habría que sumar otras personas del decanato de los juzgados de Madrid y de la Agencia Tributaria, lo que amplía aún más el número de posibles responsables de la filtración.
Declaraciones en un proceso judicial tenso
La comparecencia de la fiscal jefa de Madrid ha tenido lugar un día después de la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también negó cualquier implicación en la filtración del correo y aseguró no tener constancia de que alguien de la Fiscalía General o provincial lo hubiera hecho. García Ortiz, además, rechazó responder a las preguntas del juez instructor, alegando que la investigación se basa en un registro que considera nulo por haber vulnerado su derecho de defensa.
A diferencia del fiscal general, Pilar Rodríguez sí ha respondido al juez, aunque ha optado por no contestar a las preguntas de las acusaciones particulares. La Fiscalía, por su parte, ha decidido no formular preguntas, manteniendo la misma postura adoptada en la declaración de García Ortiz, ya que considera que la instrucción se sustenta en un procedimiento que no se ajusta a derecho.
Una investigación con múltiples incógnitas
El caso sigue envuelto en incertidumbre, ya que, con un número tan elevado de personas con acceso a la información filtrada, el juez tendrá que determinar si existen indicios sólidos que apunten a una responsabilidad directa de Rodríguez o si la filtración provino de otra fuente dentro del entorno judicial o fiscal.
Mientras tanto, el caso sigue generando un gran revuelo político y mediático, dado que la investigación sobre González Amador y su impacto en la figura de Ayuso han sido objeto de un intenso debate público. Con las declaraciones de la fiscal jefa de Madrid y del fiscal general del Estado, la investigación entra en una nueva fase en la que el juez deberá decidir los próximos pasos para esclarecer el origen de la filtración y sus posibles consecuencias legales. @mundiario
