El filtro de la regularización de migrantes: más del 30% de solicitudes no saldrán adelante
El Gobierno se prepara para gestionar una de las mayores regularizaciones de migrantes en España en las últimas décadas. Según las previsiones del Ministerio de Migraciones, el proceso podría recibir hasta 750.000 solicitudes, aunque el Ejecutivo estima que finalmente beneficiará a unas 500.000 personas.
La medida, cuya aprobación está prevista para este mes, busca dar salida administrativa a una parte significativa de la población extranjera en situación irregular y, al mismo tiempo, aliviar el colapso acumulado en los expedientes de extranjería.
Dos vías de acceso y requisitos diferenciados
El diseño del plan contempla dos grandes grupos de beneficiarios. Por un lado, unas 300.000 personas que hayan solicitado protección internacional y que acrediten haber entrado en España antes del 1 de enero de este año.
Por otro, cerca de 200.000 migrantes podrán acceder a permisos de residencia y trabajo por arraigo, siempre que demuestren una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses, un requisito sensiblemente inferior al exigido hasta ahora.
El decreto también introduce una flexibilización en materia de antecedentes penales, ampliando el acceso respecto a la normativa vigente.
Un cálculo sobredimensionado para evitar el colapso
Las previsiones del Ejecutivo se han elaborado con margen. El Ministerio ha estimado un volumen de solicitudes equivalente al 150% de los potenciales beneficiarios, teniendo en cuenta experiencias anteriores, como la regularización tras la dana de Valencia, donde el número de solicitudes superó ampliamente las cifras finales por duplicidades e incumplimientos de requisitos.
El objetivo es anticipar la carga administrativa y evitar nuevos cuellos de botella en la tramitación.
Tramitación exprés y refuerzo administrativo
El procedimiento se tramitará por vía de urgencia. La Administración se ha fijado un plazo de 15 días para admitir o rechazar solicitudes y de hasta tres meses para su resolución definitiva.
Una vez admitido el trámite, el solicitante obtendrá un permiso provisional de residencia y trabajo previo pago de una tasa de 38,28 euros.
La gestión recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que será reforzada con personal adicional, incluidos equipos de la empresa pública Tragsa. El tiempo medio estimado para procesar cada expediente es de 15 minutos.
Desatasco de expedientes y “pasarela” automática
Uno de los objetivos clave del decreto es resolver el atasco administrativo acumulado. A finales de 2025 había 180.000 expedientes de arraigo pendientes de resolución.
Para estos casos, el plan prevé una “pasarela” que permitirá resolverlos de forma favorable automática, siempre que no existan antecedentes penales ni riesgos para el orden público.
Este mismo mecanismo se aplicará a otros permisos en trámite por circunstancias excepcionales, con el fin de evitar agravios comparativos entre solicitantes.
Un proceso masivo con apoyo digital y presencial
El sistema combinará tramitación telemática —ya utilizada en el 90% de los casos— con atención presencial en oficinas de extranjería, Seguridad Social y también en Correos.
Para acceder a las citas se habilitará un sistema digital con identificación segura, además del teléfono 060, con el objetivo de evitar fraudes y la reventa de citas.
El Gobierno prevé reforzar horarios de atención, especialmente en las provincias con mayor volumen de solicitudes, como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia.
Las estimaciones apuntan a una concentración de solicitudes en grandes núcleos urbanos y zonas con mayor presencia migrante, mientras que territorios como Soria, Ceuta o Zamora registrarán menor actividad.
El plan también tiene en cuenta la evolución reciente de los flujos migratorios, con especial atención a territorios como Baleares, donde la llegada de migrantes ha aumentado.
La regularización parte de una iniciativa legislativa popular impulsada en 2024 y ha sido respaldada por fuerzas de izquierda, organizaciones sociales y la Iglesia católica.
Sin embargo, la medida ha generado críticas desde la derecha y la ultraderecha, que cuestionan su alcance y sus efectos.
Regularizar para ordenar el sistema
Más allá de su dimensión social, la regularización responde a una lógica administrativa y económica. El Gobierno busca aflorar actividad laboral sumergida, aumentar la recaudación fiscal y reducir la presión sobre un sistema colapsado por miles de expedientes pendientes.
La clave estará en la ejecución. La magnitud del proceso, los plazos ajustados y la necesidad de coordinación institucional convertirán esta regularización en una prueba de estrés para la Administración.
Si el modelo funciona, podría marcar un precedente en la gestión migratoria en España; si falla, reabrirá el debate sobre la capacidad del sistema para absorber procesos de gran escala. @mundiario
