Feijóo y Puigdemont: duelo a distancia por la identidad lingüística
La disputa sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea ha dejado de ser un asunto técnico o cultural para convertirse, una vez más, en campo de batalla política. El escenario: Bruselas. Los protagonistas: Carles Puigdemont, desde Waterloo, y Alberto Núñez Feijóo, desde la oposición en Madrid. En juego, no solo el estatus internacional de tres lenguas españolas, sino la proyección de poder simbólico de los actores implicados.
Puigdemont, eurodiputado y líder de Junts per Catalunya, ha dirigido un ataque frontal al Partido Popular, al que acusa de boicotear activamente el reconocimiento del catalán en Europa. En una carta pública, el expresidente catalán ha llegado a insinuar que la actitud del PP podría rozar la ilegalidad al incumplir lo establecido en el Estatut de Autonomía de Cataluña, concretamente el mandato de promover la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Su tono ha sido más propio de un juicio moral que de una apelación institucional: ha acusado a los populares de traicionar los intereses de España por una guerra ideológica.
Desde el Partido Popular, las réplicas no se han hecho esperar. Feijóo, lejos de ofrecer una postura clara, se ha movido en la ambigüedad calculada: ni apoyo explícito ni rechazo contundente, aunque dejando caer argumentos sobre el elevado coste económico de la medida —estimado entre 130 y 140 millones de euros anuales—. Desde Génova se ha defendido la tesis de que no debe ser la UE quien cargue con lo que consideran “peajes impuestos al Gobierno desde Waterloo”. Así, se da forma a una narrativa en la que Pedro Sánchez aparece como rehén político de Puigdemont a cambio de apoyos parlamentarios.
Esta batalla verbal ha tenido ecos más allá de las redes y los medios. Salvador Illa, actual president de la Generalitat, ha optado por una lectura menos confrontativa del retraso de la votación europea, interpretando el aplazamiento como un paso más en el proceso hacia la oficialidad. En un gesto diplomático, ha pedido comprensión a los Estados miembros, recordando que más de 20 millones de personas viven en territorios con lenguas cooficiales. Illa, sin embargo, no ha dudado en reprochar a Feijóo su actitud, afirmando que lo deslegitima como candidato a liderar el país.
En el Parlament, las posiciones se han alineado previsiblemente. El PSC y Esquerra han coincidido en calificar de “lamentable” la maniobra del PP. Elena Díaz, portavoz socialista, ha recordado al líder gallego del PP que no solo está torpedeando al catalán o al euskera, sino también a su propia lengua, el gallego. Desde ERC, Jordi Albert ha lanzado una crítica adicional al PSOE, por no haber garantizado de antemano los apoyos necesarios en Bruselas, sabiendo que el PP maniobraría en contra.
En clave vasca, el PNV ha hecho oír su voz a través de Maribel Vaquero, quien ha atribuido el bloqueo a una ofensiva política de la derecha española. Su defensa del euskera como la lengua más antigua de Europa no es un mero argumento cultural, sino una reivindicación identitaria de peso ante la mirada tecnocrática de la UE.
En definitiva, el asunto trasciende la gramática para adentrarse de lleno en la geometría política europea. Mientras las instituciones comunitarias reclaman informes técnicos, previsiones presupuestarias y consensos jurídicos, los partidos españoles proyectan en Bruselas su propio tablero de juego. El reconocimiento de las lenguas cooficiales no se mide solo en euros ni en artículos del Tratado: se mide en voluntad política, coherencia democrática y respeto a la pluralidad de un país que aún parece debatirse entre su diversidad interna y su imagen externa.
España, que pretende ser portavoz de la diversidad cultural en Europa, tropieza con sus propias contradicciones. Y la pregunta persiste: ¿puede una nación defender su riqueza lingüística fuera si no logra consensuarla dentro? Por ahora, la respuesta sigue en suspenso. @mundiario
