El experto piloto Castro ha estrellado su impecable 'auto' contra Hacienda

El fin de sentar a la Infanta Cristina en el banquillo era intrínsecamente bueno. Pero el uso de Hacienda como medio para justificarlo, roza la demagogia y la apología del legitimado terrorismo fiscal.

Qué cosa dices, ¿el auto del juez Castro? Hombre, por una parte yo qué sé y por otra qué quieres que te diga. A primera vista tiene algo del célebre “coche fantástico”, no sé si te acuerdas, que acababa contribuyendo a sentar a los malos de la película en el banquillo de los acusados. Pero luego analizas alguno de los medios que ha utilizado su señoría para justificar un fin, aquel demagógico y gratuito “Hacienda somos todos” y cosas así, y el dichoso auto que ha provocado un orgasmo masivo en la opinión pública y la opinión publicada, je, se convierte en tu cabeza en una especie de “coche bomba” y una sutil apología del terrorismo fiscal.

Cuando en Hacienda no somos nadie, no somos nada…

El mismo día, y casi a la misma hora en la que el heroico Juez Castro ponía cachondos a los españoles, una mujer venida muy  a menos renunciaba a una herencia salvavidas porque no podía afrontar el peaje de 60 mil euros que le exigía la Agencia Tributaria por adelantado. En nombre del Estado, o sea, de todos los españoles, decenas de miles de herencias en cash, en inmuebles, en acciones, en fincas, que podrían suministrar un poco de oxígeno en familias y hogares en serio peligro de extinción, pasan a engrosar el repugnante “botín” del Patrimonio Nacional. ¡Si eso no es profanar las tumbas de nuestros muertos, que baje Dios y lo vea! ¡Si no es tergiversar la sagrada última voluntad de los moribundos, se le parece un horror! ¡Si no es robar a mano armada, maldita sea, con patente de corso legislativa y complicidad generalizada del pueblo, habrá que revisar el significado del verbo robar en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española! No, de verdad, con los kilómetros cuadrados de inmuebles que les rapiña el Estado a los familiares muertos, aprovechando la minusvalía económica y la indefensión jurídica de los familiares vivos, por lo menos se podría reducir ese vergonzoso agujero, en esa otra capa de ozono social, que provoca la emisión de lamentos de hombres y mujeres sin techo a la enrarecida y contaminada atmósfera de España.

A la misma hora en la que el Juez Castro salía vencedor del Fiscal  Horrach en su peculiar “duelo en el OK Corral” a la mallorquina, un español atravesaba las puertas de una Delegación de la Agencia Tributaria como presunto culpable de haber cometido el delito de ganarse el pan suyo de cada día recibiendo algo más de 1.500 euros al año, je, je, de un segundo pagador. Para el Estado, para nuestro Estado de todos, un tipo que gane más de 11.500 euros brutos al año, utilizando la “vil artimaña” del pluriempleo, es un peligroso sospechoso de evasión fiscal.

A la misma hora en la que el Juez Castro se erigía como Robín Hood cañí en las páginas de periódico y los titulares de televisión de medio mundo, un anónimo compatriota se rasgaba inútilmente las vestiduras ante una ventanilla de Hacienda de esas inasequibles al desaliento. Le estaban reclamando el peaje retroactivo de 2.000 euros, de una insignificante indemnización por despido de 6.000 euros, por haber aceptado la indecente proposición de un empleo, ¡culo, nene!, en la misma empresa que le había puesto de patitas en la calle. Hacienda, en su sabiduría y proverbial sagacidad, sospecha que entre un español despedido y la empresa que ha prescindido de sus servicios, ay, se abre un peligroso período de tres años para pergeñar confabulaciones judeo-masónicas laborales. Sobre todo en un país como España, con sus paradigmáticos bajos índices de desempleo y tan amplia y variada oferta de trabajo, donde resulta extremadamente sencillo rechazar una invitación laboral de la misma empresa que te ha despedido.

El auto de un juez que se estrelló contra Hacienda

Esto, y cosas así, es la dichosa Hacienda que somos todos. El miserable argumento que ha utilizado el Juez Castro, en su “auto” sacramental, para enardecer a la masa indignada y ponerla de su parte. Su Señoría estaba conduciendo el Auto hacia su destino cumpliendo todas las normas de tráfico jurídico: indicios, jurisprudencia, ejemplaridad, imperativo ético y moral de una justicia igual para todos. Pero, chico, en un lapsus del subconsciente, en una concesión de cara a la galería popular y populista, nombró la “bicha” en vano. A  mis escasas luces, su célebre y celebrado “auto” se estrelló con Hacienda; con las conmovedoras sombras de todas sus víctimas anónimas que arrastran sus penas por España como la Santa Compaña por mi tierra gallega; con las siniestras sombras alargadas de todos los Torquemadas, los Montoro, los Solbes, los Rato, los Solchaga, los Boyer, que han ido quemando vivos a algunos poderosos culpables y a un horror de indefensos inocentes.

¿Acaso no sabe su Señoría que Hacienda es un extenso campo de minas personales que hacen saltar en pedazos familias, hogares, vidas humanas, aprovechando que la ignorancia de los mutantes y adaptables Decretos Ley no exime de su cumplimiento, del pago de los intereses de demora y de la correspondiente sanción sin ningún tipo de atenuante? Un juez de los débiles, un látigo de los poderosos, se ha puesto a impartir justicia utilizando, entre variados y lúcidos argumentos, una de las figuras institucionales más injustas y desfasadas de la democracia occidental en el siglo XXI: HACIENDA. Ese omnipotente, omnipresente y legalizado movimiento terrorista, cuyo brazo armado, al que llamamos Agencia Tributaria, practica el impune terror fiscal, la proscrita persecución inquisitorial y el vergonzoso y medieval “derecho de pernada” en nuestras cuentas corrientes, en nuestro patrimonio, en nuestras vidas, sin el mínimo recato a la hora de ultrajar y pisotear el derecho elemental a la presunción de inocencia.

El vigente sistema fiscal es un tumor que amenaza seriamente la salud de la democracia occidental. O la democracia acaba con él, o él acabará con la democracia. O le aplicamos urgentemente quimioterapia garantista o se extenderá e invadirá de metástasis el hermoso y todavía utópico proyecto de la humanidad de una sana, y equitativa, y humanizada, y justa convivencia en libertad.

La objeción de conciencia fiscal

Una cosa es que los españoles queramos pagar, aunque los señores Montoro, esos Ministrillos de paso, partan de la miserable premisa de que somos defraudadores en potencia. Otra, bien distinta, es que aspiremos a decidir en qué se gastan el dinero de las partes alícuotas que nos corresponden para cuadrar los Presupuestos nuestros de cada año. Servidor, por ejemplo, no quiere que su insignificante aportación a las arcas comunes contribuya al papanatismo de “nuevos ricos” del AVE, ni al estúpido complejo faraónico aeroportuario, ni a embajaditas autonómicas para jugar a diplomáticos, ni a contratos de Estado de esos cuyos flecos llenan bolsillos particulares o financian partidos políticos o campañas electorales ¿Es mucho pedir -pregunto- que cada español pueda llegar a elegir el destino (o al menos una parte, oye) de sus impuestos? No, en serio. Servidor pagaría más a gusto y dormiría menos inquieto si supiese qué parte del dinero que le ordeñan se destina a alargar prestaciones a desempleados, a elevar pensiones de nuestros mayores, a erradicar la dolorosa y galopante hambruna infantil, a rescatar compatriotas que cada mañana se suman al coro de españoles que exclama: ¡buenos días, pobreza!  

Me confieso, padre, de tener pensamientos impuros: soy un incorregible demócrata adicto a la Objeción de Conciencia Fiscal.