La exedil de Móstoles denuncia el borrado de su email oficial por el entorno del PP de Madrid
El caso de la exedil de Móstoles no es solo una historia sobre un presunto acceso ilegítimo a un correo electrónico oficial. Es, sobre todo, el relato de una cadena de silencios, decisiones políticas y sospechas que sobrevuelan al Partido Popular de Madrid en uno de sus momentos más delicados. La exconcejala denunció que alguien accedió a su email institucional y eliminó todos sus mensajes en pleno conflicto interno, cuando estaba alertando de un supuesto acoso sexual y laboral por parte del alcalde de la localidad, Manuel Bautista.
El borrado se produjo el 7 de noviembre de 2024, apenas una semana después de que reenviara al Partido Popular nacional los correos intercambiados con el gabinete de Isabel Díaz Ayuso sobre su situación. Para entonces, ya había intentado sin éxito encontrar amparo en la dirección madrileña del partido. Su denuncia apunta directamente al “entorno del Partido Popular de Madrid” como posible responsable de lo ocurrido.
El correo electrónico afectado, con dominio @madrid.org, dejó de existir de forma súbita: bandeja de entrada, mensajes eliminados y archivos. Todo desapareció. La exedil acudió a los tribunales convencida de que no se trataba de un fallo técnico ni de un descuido propio, sino de una acción deliberada en un momento políticamente sensible.
La investigación policial detectó accesos desde direcciones IP gestionadas por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, una empresa externa contratada por el Gobierno regional. Sin embargo, el juzgado archivó el caso al considerar que el acceso podía ser compatible con los sistemas habituales de la denunciante. Una conclusión que ella y su defensa consideran incompleta y precipitada.
Un archivo judicial que no despeja las dudas
El archivo de la causa no ha cerrado el debate, sino que lo ha intensificado. La exedil ha recurrido la decisión y ahora es la Audiencia Provincial de Madrid la que debe pronunciarse. Su abogado insiste en que quedaron diligencias clave sin practicar, como identificar a la persona concreta que tenía asignada la IP sospechosa.
Ahora bien, el contexto político importa. El borrado del correo no ocurrió en el vacío. Coincidió con un pulso interno dentro del PP, con una denuncia de acoso que, según la afectada, fue desatendida por la dirección regional. Ese contexto convierte el incidente tecnológico en un episodio cargado de significado político.
Del silencio interno a los tribunales
Cansada de esperar respuestas, la exconcejala ha decidido dar un paso más y denunciar directamente al alcalde de Móstoles por acoso ante los tribunales. Ya no se conforma con los canales internos de un partido al que acusa de mirar hacia otro lado.
El caso amenaza con erosionar el discurso de tolerancia cero y los protocolos internos del partido. Correos borrados, denuncias archivadas y recursos pendientes dibujan un escenario incómodo que el PP madrileño no ha logrado cerrar. Y mientras la justicia decide, la pregunta sigue en el aire: ¿quién quiso borrar esas pruebas y por qué? @mundiario
