El escudo social en el alambre: el pacto con el PNV enfrenta a los socios y deja al Gobierno sin red
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a una estrategia ya conocida en una legislatura marcada por la aritmética frágil, la de separar las medidas más consensuables de aquellas que generan mayor fricción política. Tras el fracaso del decreto ómnibus la semana pasada, La Moncloa ha optado por dividir el paquete en dos textos: uno dedicado exclusivamente a la revalorización de las pensiones, con apoyos prácticamente garantizados incluso en la oposición, y otro que agrupa las 21 medidas del llamado escudo social. La maniobra, sin embargo, lejos de estabilizar el frente parlamentario, ha aflorado más tensiones internas.
El acuerdo alcanzado con el PNV introduce cambios relevantes en la prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables. En concreto, exonera a los pequeños propietarios —aquellos con una o dos viviendas en alquiler— de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional, trasladando esa responsabilidad a los servicios sociales. Para los nacionalistas vascos, esta corrección evita enfrentar a colectivos vulnerables entre sí y responde a una preocupación recurrente en las derechas sobre el impacto de estas medidas en pequeños arrendadores, a las que partidos como Junts y el PP acusan de desproteger a los propietarios de la okupación y de reducir la inseguridad jurídica.
Desde el punto de vista del Gobierno, el pacto asegura el respaldo del PNV y pretende servir de “pista de aterrizaje” para Junts, cuyos siete votos son decisivos para la convalidación del decreto en el Congreso. Sin embargo, el cálculo no ha dado el resultado esperado. Junts considera que el nuevo texto sigue siendo “injusto” y mantiene riesgos asociados a las ocupaciones y a los impagos, mientras que Podemos denuncia justo lo contrario, lo considera una rebaja inaceptable de la protección a las familias más vulnerables.
La posición de Junts no ha cambiado un ápice. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reiterado que votarán en contra del escudo social, al considerar que el coste de estas políticas, de las “que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y los vecinos”. Aunque la formación independentista sí confirma su apoyo al decreto separado de revalorización de las pensiones, mantiene su amenaza de tumbar el resto del paquete social.
Junts y Podemos: rechazo desde extremos opuestos
En el extremo opuesto del arco parlamentario del bloque de investidura, Podemos ha cargado con dureza contra el acuerdo. Su secretaria general, Ione Belarra, ha calificado el pacto de “criminal” y acusa al Gobierno de ceder ante planteamientos que, a su juicio, debilitan la protección de los inquilinos vulnerables. Más allá del fondo de la medida, en Podemos también se cuestiona la estrategia política del PSOE de pactar con una fuerza percibida como más conservadora, como el PNV, y presionar a la izquierda para cerrar filas, en lugar de hacerlo al contrario.
La situación deja al Ejecutivo en una posición incómoda. Para sacar adelante el escudo social necesita, como mínimo, el apoyo de uno de los dos partidos enfrentados —Junts o Podemos— y la abstención del otro. De momento, ambas posiciones parecen alejadas. El resto de socios habituales (EH Bildu, BNG o Coalición Canaria) se muestran prudentes, a la espera de estudiar la letra pequeña, aunque ya apoyaron el decreto ómnibus original.
Mientras la revalorización de las pensiones avanza con una mayoría amplia y transversal, el escudo social se convierte en un campo de batalla ideológico donde chocan visiones opuestas sobre vivienda, propiedad y protección social. La fragmentación no solo se da entre aliados parlamentarios, sino también dentro del propio bloque progresista, con Sumar advirtiendo contra las “cesiones a la derecha” y defendiendo la centralidad de la moratoria antidesahucios.
El escudo social, concebido como una respuesta integral para proteger a los colectivos más vulnerables, corre ahora el riesgo de convertirse en el símbolo de esa fragilidad. Si finalmente decae, el Ejecutivo habrá logrado blindar las pensiones, pero al precio de exhibir, una vez más, que su margen de maniobra política es tan estrecho como volátil. @mundiario
