¿Entrará en la posible reforma constitucional el pacto educativo?

Aula en España.
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Las cuestiones de territorialidad del Estado han abierto el paso a la reforma constitucional. El procedimiento seguido hasta ahora para un pacto educativo no debiera servir de modelo.

¿Entrará en la posible reforma constitucional el pacto educativo?

La tensión de la cuestión catalana parece haber cedido un tanto, pero está lejos de haber terminado. Deja por delante, pase lo que pase el día 16 antes de las 10 hs. a.m., un largo recorrido hasta que se logre restablecer un clima de confianza, que es lo mismo que decir de convivencia hispano-catalana y viceversa. Este debiera ser, al menos, un primer objetivo de futuro a tener en cuenta: construir un “nosotros” que invalide la oposición “unos”/“otros”, “ellos”/“nosotros”, y similares.

Teatrerías

No es buen síntoma, en este momento de expectación, que lo que continúa en proceso haya sido comparado metafóricamente a un reducido espectro de géneros teatrales –de la tragedia a la comedia- capaces de abarcar todo lo acontecido y que la herencia despectiva de la farándula fuera exclusiva de “ellos”. La simplificación ha sido mayor cuando se ha sometido lo complejo de esta situación a un único dictamen o criterio: “teatro del absurdo”.  No deja de ser también sospechoso partidismo que, en un momento tan enmarañado, se hayan renovado las invectivas contra el sistema educativo catalán. Por  “adoctrinante” en algunas áreas del currículum, y a causa de la fuerte atención a la lengua catalana, habría sido motivo principal de que, en el transcurso del tiempo desde 1979, en que se tramitaron de forma preferente los estatutos autonómicos de Cataluña y País Vasco, los independentistas hubieran hecho creer a una amplia y creciente cantidad de ciudadanos cómo mejorarían sus vidas si triunfaban las tesis  del soberanismo.  

Como en muchas otras ocasiones de la Historia, un simplismo, y más si es si es categórico y dogmático, puede ser un modo de enturbiar más una relación que se predica que debe ser cordial, pero a la que se le ponen peros para que lo sea.  En este contexto,  es probable que también Puigdemont reaccione ahora con con una interpretación de lo que dicen que dijo el pasado día uno, que sea de todo menos  canónica.. Los hermeneutas de lo que vaya a suceder son de variada opinión y los demandantes de sentido son apremiantes acerca del alcance de los actos y cuadros más o menos teatrales que  sigan representándose en la escena  política a partir de este 16 de octubre. Para sacar algo en limpio de este entuerto, no estaría mal, por tanto, abandonar por un instante esta cosificación de buenos y malos y, con ella, los reduccionismos simplificadores que suelen esgrimirse cuando lo emocional prima sobre lo racional.

Los Cuadernos de quejas

Mientras recontamos los platos que entre todos ya hemos roto, lo más sensato que parece estar abriéndose camino es que no estará mal repasar cómo haya sido de convincente y cómoda para todos la gestión territorial del Estado a la luz de lo que ha dado de sí el Título VIII de la Constitución y, de paso, hacer una convincente revisión de lo que en la Constitución de 1978 esté o no sobrepasado por la propia evolución social en estos casi cuarenta años. Que incluso los más aferrados al esencialismo de la Carta magna –herederos de los de AP que votaron en contra o se abstuvieron- hayan accedido a ello es ya un éxito. Lo será más si se emprende esa tarea partiendo de que vivir juntos en agradable compañía exige frecuentes acomodaciones de la sensibilidad: igual que han crecido en los años pasados los partidarios del soberanismo particularista, también puede asegurarse que lo acontecido desde el día uno está haciendo medrar el afán demostrativo del  sentimiento contrario. Para alcanzar acuerdos significativos de nuevo cuño, capaces de hacer que todos se sientan a gusto, lo primero a evitar es que aumenten la decepción y al hartazgo en otras capas de la sociedad.  Debiera recordarse, más que nunca, lo acontecido con los Cuadernos de quejas a las que el Tercer Estado trató de atender en la Francia de 1789. Cuanto en lo legislado por el Antiguo Régimen consideraron  injusto y amenazante, en julio de ese año empezó a debatirse y cambiarse. El apego de los otros estamentos  a sus privilegios y los abusos consiguientes -demostrativos de desigualdad de trato-, más las tensiones administrativas entre poder central y poderes locales, fueron los causantes principales de los años revolucionarios que siguieron.

Por otro lado, más allá de lo que transpira en primer plano el encaje de Cataluña en el conjunto territorial de España, los llamados a promover en estos meses los debates y transacciones oportunos –en definitiva, los partidos políticos y sus líderes principales-, han de tener gran sensibilidad hacia lo que está dañado en este momento. Que Cataluña ocupe ahora mismo gran parte de la escena, no ha de restar atención a que hay amplios sectores sociales que, en diverso grado pero de manera constante, han mostrado insatisfacción por cómo el Estado surgido de la Constitución de 1978 les ha mantenido más bien olvidados. Ante todo, ha de restañarse con urgencia asuntos de colectivos que, en los años posteriores a 2008, han sido agravados con los recortes que, en nombre de una “crisis” en que no han sido parte activa,  han sido seriamente perjudicados y que, después de una supuesta recuperación económica, siguen postergados diez años más tarde. Quienes en cumplimiento del  desideratum de renovar las reglas del juego democrático tengan que hacer propuestas y renovar compromisos, también serán pronto olvidados si siguen las pautas  de un pasado en que los maximalismos y minimalismos venían dictados de antemano.

Son muchas las razones para estimar que, si se quiere una historia común –con sentimiento de pertenencia compartida por las variadas formas de sentirse español- ha de construirse como tal y no con dobles raseros o con predeterminaciones establecidas por élites privilegiadas. No estamos en 1978 y los riesgos de desafecto pueden llevar a caminos más tensos que los vividos estos días. El mundo político en que nos movemos –lo que transmiten las noticias de EEUU estos  mismos días con su aislacionismo creciente, o las elecciones últimas en Austria y Alemania, además del Brexit- no está precisamente por un mundo agradable de todos para todos.

¿De todos y para todos?

Esa aspiración –una “escuela de todos para todos”- que desde 2011 es un eslogan constante en los medios, en las huelgas, manifestaciones y declaraciones de los  defensores de la escuela pública, y concretamente de una de sus plataformas reivindicativas más tenaces –Marea verde-, ha sido objeto del insulto y acoso verbal hasta el insulto programado por parte de los amantes del neoliberalismo educativo en diversas ocasiones. Además, ese desencuentro lo han conseguido llevar –legalmente-  a la LOMCE y a un conjunto de decretos y recortes presupuestarios bien conocidos, ampliamente contestados también por sindicatos. Los descontentos que son muchos, y más si se cuentan también los que en Sanidad y otras prestaciones sociales existen -y los que han generado las reformas laborales últimas-, no lo son por adoctrinamiento de nadie, sino por convicción de que la manera en que se les ha impuesto todo ello –legalmente, claro-, solo muestran, con poco respeto a sus demandas, una muy peculiar manera de “dialogar”. En momentos concretos de estos años últimos –especialmente al hilo del 15-M y de las “Marchas de la dignidad”-, los disconformes con tales modos ya han mostrado evidentes señales de hartazgo de este encorsetado modo de proceder, tan poco esforzado en atender -legislativamente- su situación de creciente exclusión, evidenciada en el VII Informe de FOESSA.

A los descontentos con la estructura del sistema educativo existente, ya no les vale la legalidad instituida. Decirles que vamos a un supuesto “pacto educativo” –al que algunos califican “de cartón piedra”- no les consuela, porque no les priva de la precariedad en que las élites gobernantes han situado -legalmente-  a la educación española. Este procedimiento solo alarga el incumplimiento en satisfacer con dignidad el derecho de todos a una educación digna. Entre otras cosas, porque ahí sigue esta norma organizativa, después de cuatro años y sin voluntad de que cambie. Ahí sigue, además –aunque sea poco reivindicada-, la inexistencia de una historia o un relato común, capaz de vertebrar de manera mínimamente homogénea lo acontecido en la evolución de la educación española en estos 39 años. Hay en realidad una continuidad respecto al pasado anterior a 1978. La desconexión narrativa en muchos aspectos principales indica que, por ejemplo, privada y pública configuran estructuras educadoras muy distintas, como si de un estado dentro de otro estado se tratara, no pocas veces subsidiario el primero del segundo. Los investigadores de las políticas educativas -y sobre todo de las culturas escolares en presencia-, son testigos principales de la dificultad de aunar los datos indispensables para analizarlas y compararlas, entre otras cosas por la dificultad existente para disponer de la información adecuada. La que proporcionan unos u otros colegios e instituciones varía según su adscripción. “Privado”, “público” y “concertado”, “religioso” o “laico”,  adjetivan aleatorias gamas de celo empleado en hacer prácticamente imposible un conocimiento público y fiable., lo que indirectamente alude claramente a una dejación persistente –creciente incluso en algunos aspectos- por parte del Estado en cuanto a  su responsabilidad en el cumplimiento de las exigencias que impone combinar la universalidad del derecho a la educación con que sea en libertad e igualdad.

El art. 27

De este modo, desde la perspectiva de lo manifiestamente mejorable en la estructura educativa española –revisable como otros aspectos de una convivencia democrática-, por más que ya haya muchos que se opongan una cuestión principal -determinante de la ambición reformista-  gira  en torno a si el artículo 27 de la Constitución ha de entrar –y en qué medida- en el supuesto revisionismo constitucional que en los últimos días se está mencionando como salida al problema de la catalanidad territorial dentro del marco constitucional español.  Los estudiantes, sus madres y padres, y profesores de los distintos niveles educativos, pueden alegar muchos agravios acerca de los incumplimientos que el citado artículo ha soportado en sucesivas y alternantes políticas seguidas hacia la educación en general y hacia la escuela pública en particular a lo largo de estos 39 años. Sin ley es verdad que no es viable la democracia para todos, pero si la ley impide la legitimidad de las aspiraciones de los ciudadanos o que se desarrolle lo legislado en otro momento, puede hacerse obsoleta y convertirse en rémora pesada. En Francia, muchas de las aquí inatendidas desde 1978, tuvieron allí valimiento legal desde 1905; tienen otros problemas, pero no muchos de los que aquí debieran ya ser pasado histórico.

(Continuará).

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