Empresas contaminantes y a veces peligrosas, lejos de disculparse, exigen privilegios
El presidente Feijóo, prudente cuando gobernaba Mariano Rajoy, radicaliza ahora su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez y se convierte en portavoz de empresas como Alcoa, Ferroatlántica y Megasa. La ministra Calviño le planta cara y desautoriza la base de su discurso.
Empresas contaminantes y en algunos casos peligrosas, lejos de disculparse y corregir sus emisiones y riesgos, están reivindicando privilegios al Estado al hilo del debate sobre el futuro de las industrias electrointensivas. Con ese fin se unen contra el Gobierno de España –en precampaña electoral– y lo hacen de la mano de la Xunta de Galicia.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), prudente en esta materia cuando gobernaba Mariano Rajoy, radicaliza ahora su discurso contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) y se convierte en portavoz de empresas como Alcoa, Ferroatlántica y Megasa. El popular Feijóo dice también que la propuesta del Gobierno socialista hace "inviable" la venta de Alcoa en A Coruña, una planta amenazada de cierre, al igual que otra similar en Avilés (Asturias).
El análisis de Alberto Núñez Feijóochoca de frente con el de la ministra de Economía, la coruñesa Nadia Calviño, en cuya opinión el precio de la electricidad "no es el único factor determinante para la permanencia y continuidad" de las industrias electrointensivas.
Preguntada por la viabilidad de algunas plantas en crisis, como es el caso de la de aluminio que Alcoa gestiona en el complejo de San Cibrao, en el norte de Lugo, la ministra Nadia Calviño explicó que los precios de la energía para las industrias electrointensivas es una cuestión que "debería resolverse a nivel europeo".
Alberto Núñez Feijóo opina, por el contrario, que con el marco energético de Pedro Sánchez la planta de la multinacional estadounidense Alcoa en Lugo, las de Ferroatlántica y la de Megasa en Narón (A Coruña) tienen un futuro incierto.
"O se baja el precio de la luz" para las empresas electrointensivas o éstas "no tienen futuro", viene a decir Feijóo, sin referirse a quien debe pagar esa factura de llevarse a cabo su política.
De momento, la Xunta de Galicia valida con las empresas electrointensivas las alegaciones al estatuto gubernamental para que se incluyan sus propuestas. En ese sentido, el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, mantuvo una reunión de trabajo para consensuar e identificar las alegaciones que se presentarán el lunes al borrador del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos elaborado por el Gobierno central.
La Administración gallega presentará varias medidas principales para que se pueda dar "una solución" y "certezas" al sector:
> Se solicitará la creación del consumidor hiperelectrointensivo para que se puedan atender las necesidades concretas de cada empresa en función de su consumo energético. Una medida hecha a medida de Alcoa.
> Se demandará reducir los peajes de acceso en la parte relativa al coste del transporte y que se establezcan compensaciones por el pago de renovables.
> Y se pedirá la revisión de las compensaciones que habilita la Comisión Europea derivadas de las subastas de CO2.
Roberto Tojeiro. / Mundiario
La familia Tojeiro, en el lobby
Francisco Conde dice que están en juego 10.000 empleos, entre la industria siderúrgica afectada por los costes eléctricos, y la incertidumbre que pesa sobre la contaminante Ence tras el cambio de criterio del Gobierno de España respecto a la prórroga de la planta de Pontevedra. De hecho, en el grupo de trabajo de Francisco Conde no están solo las empresas electrointensivas. Afloran así empresas como las madereras Ence, Finsa e Intasa, esta última ligada a la familia Tojeiro, dueña de Gadis y promotora de Reganosa, la controvertida planta de gas de Mugardos (A Coruña), donde la Xunta le apoyó hasta el punto de ser su socia.
En realidad no solo está en juego lo que pagan estas industrias por la electricidad, sino que pretenden conseguir una rebaja de tipo fiscal; léase desgravaciones en impuestos como compensación por los costes eléctricos.
¿En qué contexto se produce todo esto? Con solo el 5% del PIB de España, Galicia es responsable del 15% de las emisiones a la atmósfera. Ni la democracia ni la autonomía han corregido el rol tercermundista de la industria en un país tan rico en energía como Galicia, que tiene poca industria –sobre todo limpia– pero en cambio contamina más que si la tuviera. De entrada, multiplica por tres el porcentaje que le correspondería en función de su PIB.
Curiosamente, las centrales de producción de electricidad suponen la mitad del total de emisiones en Galicia, que es responsable del 15,08% del total de las emisiones a la atmósfera de España, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. @mundiario
