Las diputaciones provinciales, instituciones tan criticadas como apoyadas

El Partido Popular ha anunciado su deseo de reformar las diputaciones provinciales para limitar sus funciones a los municipios menores de 10.000 habitantes. Es la primera vez que se pronuncia en ese sentido, recogiendo propuestas programáticas de Ciudadanos y sobre todo del Partido Socialista. En 2011, cuando arreciaban las críticas sociales en favor de reformar las instituciones, el PSOE, dirigido por Rubalcaba, aprobó en una Conferencia Política una resolución similar, aunque estableciendo el umbral en 20.000 habitantes.

Pequeñas reformas para unas instituciones que junto con el Senado focalizan las críticas más amplias por su carácter presuntamente obsoleto, sus prácticas poco transparentes y su papel de control político. Sin embargo, para ser tan criticadas, apenas han sufrido cambios durante su historia reciente. La explicación de esa paradoja, es que son una pieza básica para los partidos políticos. De hecho  las critican exclusivamente aquellos partidos que no las presiden.

De las 50 provincias españolas, sólo 38 tienen diputaciones de régimen común. No existen en las siete comunidades uniprovinciales, ni en los archipiélagos, donde son sustituidas por organismos similares, de ámbito insular pero con funciones distintas. Tampoco son homologables las diputaciones vascas, que ostentan las competencias forales y que por sí solas gestionan mayor presupuesto que todas las de régimen común. De esas 38 diputaciones ordinarias, el PSOE dirige 17 y el PP 16, cuatro los nacionalistas catalanes y una el PAR.

Como organismos de gestión tienen poca relevancia. En total gestionan 6.000 millones de euros, menos que muchas comunidades autónomas. Su deuda conjunta se eleva a 7.000 m€. Los costes de personal más los gastos corrientes alcanzan el 60% de su presupuesto, de forma que a programas de ayuda a los municipios  e inversiones  dedican menos de la mitad de los recursos. Por otra parte no tienen plantillas sanitarias, ni educativas, ni asistenciales, ni de seguridad, relevantes, pues apenas prestan servicios directos a los ciudadanos. Es decir, las diputaciones autoconsumen la mayor parte de sus recursos.

Su pervivencia  deviene de otros factores. Suponen mil diputados provinciales, designados por los partidos y no elegidos por los ciudadanos, quienes a su vez eligen a sus presidentes. Ni unos ni otros deben rendir cuentas electoralmente, a diferencia de ayuntamientos, comunidades o Gobierno del Estado. De ahí procede su escasa transparencia. Y además cuentan con amplias plantillas de asesores, dedicados principalmente al control político del territorio. diputados provinciales y asesores conforman  dos colectivos muy amplios, financiados con recursos públicos pero al servicio directo de los partidos políticos. De donde la nula voluntad de reforma.

Con esos antecedentes, la nueva propuesta del Partido Popular tiene el aroma de las buenas intenciones pero carece de la sustancia necesaria. Algunas voces han defendido el traspaso de esas instituciones a las comunidades autónomas, más conviene no olvidar que los recursos que las financian son fondos locales, es decir afectados a la resolución de problemas locales.

Con esos datos, ¿son necesarias o podrían ser sustituidas en sus funciones por otras entidades?. Ciertamente, en España tenemos un elevadísimo número de municipios, la mayoría de escasa población, inviables económicamente, pero muy apreciados por los ciudadanos, como interlocutores de proximidad y mediadores ante otros poderes. El estudio detallado de los servicios que prestan las diputaciones es poco favorable: con carácter general y con algunas excepciones de gran interés,  duplican los servicios de otros organismos, sin que se aprecien los beneficios de esa redundancia. Mejorar la forma de prestar los servicios públicos debería de ser la directriz de la que se derivarían las instituciones necesarias o sobrantes. Es decir, evaluación técnica, debate social, decisión política.