Díez, Alonso y el expresidente de la SEPI, ante el juez sin conocer el alcance de la trama
La imagen es poderosa y perturbadora: tres viejos conocidos de los tribunales se sientan de nuevo ante un juez, pero esta vez sin saber exactamente de qué deben defenderse. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero comparecen este sábado en la Audiencia Nacional envueltos en una incógnita judicial que añade dramatismo político y tensión penal a una investigación ya explosiva.
No es su primer contacto con la condición de imputados, pero sí el más áspero. Llegan tras pasar tres días en los calabozos de la Guardia Civil, detenidos por la UCO, y con una causa declarada secreta por el juez Antonio Piña. Sus abogados aún no han podido acceder a los indicios que, supuestamente, sostienen una acusación de enorme calado: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Un cóctel penal que abre la puerta, incluso, a la prisión provisional.
La investigación sitúa el epicentro de la presunta trama en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una de las grandes palancas económicas del Estado y dependiente del Ministerio de Hacienda. Desde allí, según los investigadores, se habrían tejido relaciones opacas entre cargos públicos y empresarios con intereses en adjudicaciones, subvenciones y proyectos estratégicos. El caso no solo interpela a tres personas concretas, sino que amenaza con erosionar la credibilidad de la gestión pública en sectores sensibles.
En el caso de Leire Díez, exmilitante y exconcejala del PSOE, el foco está puesto en su paso por dos empresas públicas clave: ENUSA y Correos. La Guardia Civil ha requerido documentación sobre adjudicaciones bajo sospecha en ambas entidades, donde Díez ocupó puestos de responsabilidad durante los gobiernos de Pedro Sánchez. El registro de un piso en la madrileña calle Diego de León, donde supuestamente se reunía con empresarios, añade un componente casi novelesco a una trayectoria que hasta ahora se movía en los márgenes de la política institucional.
La SEPI como tablero y las sombras del poder
La causa que instruye la Audiencia Nacional no se limita a nombres propios: apunta a una forma de operar. Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, representa ese tránsito inquietante entre lo público y lo privado que tantas veces acaba en los juzgados. Nombrado en 2018 y obligado a dimitir poco más de un año después, su gestión vuelve ahora al centro del huracán. La UCO ha recabado información en varias sociedades ligadas a la SEPI —ENUSA, Mercasa, Sepides y Cofivacasa— en busca de irregularidades en contratos y ayudas públicas.
A ello se suman sus negocios posteriores y un patrimonio inmobiliario que ha despertado sospechas políticas y mediáticas. Los pagos recibidos como asesor externo de Servinabar 2000, empresa vinculada a Antxon Alonso, aparecen documentados en investigaciones previas del Tribunal Supremo. Cantidades elevadas, retenciones fiscales llamativas y una relación profesional que, para los investigadores, podría ser algo más que una coincidencia.
Antxon Alonso y el hilo que no se rompe
El empresario vasco Antxon Alonso es, quizá, el eslabón más persistente de este entramado. Su sociedad Servinabar 2000 ya lo llevó al Supremo en la causa que investiga al exministro José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Ahora, la Audiencia Nacional pone el foco en su relación con Forestalia y en proyectos energéticos de alto voltaje político y económico, como líneas de alta tensión y parques fotovoltaicos.
La sensación que deja el caso es incómoda: las piezas se repiten, los nombres reaparecen y las explicaciones nunca terminan de cerrar. @mundiario
