Cuando no conviene enseñar en español
La próxima Ley de Educación que actualmente se debate en el Congreso, eliminará la referencia a la lengua española común como vehicular en la enseñanza, dejando al arbitrio de las Comunidades Autónomas la regulación de su uso. Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia y Baleares tendrán así la oportunidad de modular el peso de la lengua común en la enseñanza pre-obligatoria, obligatoria y post-obligatoria, con modelos ya conocidos: preterición en Cataluña y Baleares, equilibrio en Galicia y otras fórmulas en los demás territorios.
En realidad lo que se aprobará es volver a la regulación anterior a la Ley educativa del Gobierno Rajoy. Los pretendidos derechos de los castellanohablantes a que sus hijos sean educados en su propia lengua en la práctica se ven subordinados a una estrategia política de asimilación, la llamada inmersión lingüística, expresión ideológica carente de base científica aunque generalmente asumida en el ámbito docente.
Es más, aunque se regula la existencia de centros singulares que enseñan en idiomas extranjeros, no se permite en los citados territorios la enseñanza en lengua española fuera del marco común. En otras palabras, familias de rentas muy altas pueden optar por modelos educativos foráneos, pero las familias de menor renta, si son castellano-hablantes, deben pasar por las horcas caudinas del nacionalismo, teóricamente para no ser discriminadas por falta de dominio de la lengua propia del territorio.
El Gobierno renuncia a ejercer esa competencia, como lo hicieron Ejecutivos anteriores, porque necesita contemporizar con Gobiernos autonómicos que son aliados imprescindibles. Se supone que la regulación definitiva dependerá de los acuerdos políticos en cada territorio autonómico. Se trata de una ficción. En todos ellos, salvo en Galicia, el peso del nacionalismo es decisivo, como fuerza mayoritaria e incluso como fuerza minoritaria, que lo es en Navarra. Los partidos estatales o se han plegado a dicho diktat, como el PSOE, o están excluidos de gobernar como el PP. Algo similar ha ocurrido con la cultura, habitualmente cedida a los partidos nacionalistas incluso en gobiernos de coalición.
En favor de la cesión se ha argüido que la influencia difusa de la lengua española es muy potente lo que hace innecesaria una protección adicional en la enseñanza. La regulación autonómica garantizará que al término de la escolaridad el dominio de la lengua sea similar al de la lengua propia, lo cual hasta ahora se viene cumpliendo.
Existen estudios, no concluyentes, que correlacionan el aprendizaje en la lengua que no es familiar con mayores dificultades en determinadas materias y con el origen social. Los hijos de familias con menor capital cultural en forma de recursos en el hogar, nivel educativo de los progenitores, sensibilidad hacia los estudios, etc., estarían en peores condiciones si además su lengua no es la dominante en el territorio.
El problema es complejo como se puede ver. Como es habitual en España se rehúye el debate en profundidad. Hasta tal extremo que la medida citada será aprobada en el último minuto a través de una enmienda transaccional que no figuraba en el texto original pero que sin duda estaba en el deseo de sus proponentes desde el primer momento. La coyuntura política manda, los apoyos necesarios para la estabilidad parlamentaria son precarios y es necesario hacer concesiones para salvar cada votación. Es la servidumbre de la democracia.
