La crisis del rey honorífico plantea revisar la inviolabilidad y un estatuto de la Corona

Juan Carlos I y Chirac.
Juan Carlos I y Chirac.
Desde hace años está pendiente una Ley Orgánica de la Corona o Estatuto Real que determine lo que los miembros de la familia real y el propio Rey pueden hacer de modo privado, sobre todo en cuanto a negocios, asunto que va más allá de matizar el alcance de la inviolabilidad en el espacio privado.
La crisis del rey honorífico plantea revisar la inviolabilidad y un estatuto de la Corona

Hay un asunto de mayor calado que se sobrepone a la propia actualidad en que nos hallamos sumergidos y que trasciende por elevación a las propias responsabilidades particulares o privadas en el ámbito fiscal y bancario (y consecuentemente, morales y penales) del mal llamado “rey emérito”, cuando su verdadera condición y tratamiento es “rey honorifico”. Me refiero a la cuestión de su inviolabilidad y posterior aforamiento.

Ya tempranamente, en 1928, el eminente jurista Luis Jiménez de Asúa escribía bajo el título “La igualdad ante la ley penal:

Tras de fatigoso camino la civilización jurídica ha conquistado la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley penal, tanto en el orden sustantivo como en lo tocante al procedimiento. Pero por motivos oriundos del Derecho público interno y externo perduran todavía algunas excepciones que no pueden estimarse ya como “privilegios personales”, sino como prerrogativas inherentes a la función que algunas personas desempeñan. […]

Todos los Estados de régimen monárquico consagran el principio de la irresponsabilidad de los Reyes, que los escritores alemanes —sirva de ejemplo Merkel— estiman incluido entre los derechos mayestáticos. Mas el espíritu investigador no acalla su curiosidad reconociendo los hechos, sino que se lanza a la búsqueda de razones. Está superada la vieja fórmula princeps legibus solutus y el procer aforismo inglés The King can do not wrong. Es preciso calar más hondo. Tampoco puede satisfacernos la máxima constitucional de la responsabilidad de los Ministros, puesto que en delitos de índole común no va a ser castigado subsidiariamente quien desempeña el oficio ministerial. Si un Rey mata, roba o viola, no será responsabilizado el Ministro por homicidio, robo o violación. Carlos Binding protesta de semejante hipótesis que no puede sustentarse sin atropellar el apotegma de la personalidad de las penas.

El profesor Binding, acabado de mentar, alega un doble fundamento para esta suerte de privilegio máximo: la esperanza de que nadie será más fiel cumplidor de la ley que quien la hizo, y la conveniencia de que el esplendor del trono no sea obscurecido por la pesquisa penal y por la pena. Estos alegatos están ausentes de base sólida. La esperanza de que nadie será más obediente a la ley que el mismo hacedor de ella, más bien acarrearía su castigo agravado, cuando el supuesto se incumple, y el esplendor del trono no se mantiene por encubrir los crímenes de un Rey […]

En regímenes democráticos deben desterrarse esas ficciones de añeja procedencia; por eso las Repúblicas han de proclamar la responsabilidad de todos sus mandatarios, sin exceptuar al más alto magistrado.

En resumen, nos enseña Jiménez de Asúa: “El progreso jurídico va haciendo su camino. Cuando las arcaicas estructuras monárquicas se hunden, las formas republicanas reemplazantes tienden a despojarse de los privilegios que antaño rodearon al Jefe del Estado, que ahora es un ciudadano, como los demás, sometido a la inexorable vigencia de las leyes, acaso más exigente para ellos por su postura visible”.

Inmunidad absoluta o parcial

Tradicionalmente, los autores más conservadores sostienen que inviolabilidad e irresponsabilidad figuran en términos absolutos cuando van referidas al titular de la Corona; esto es se trata de una inmunidad total y absoluta, jurídica y política. Es decir, que se entendió la inviolabilidad como un privilegio personal del Rey. Desde el plano jurídico significa la exención respecto de cualquier tipo de sujeción ante los demás poderes constituidos, muy en particular la irresponsabilidad jurídica y penal. Pero la teoría del Estado de Derecho supone, básicamente, la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos de poder; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, sociales, culturales y políticos.

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El Rey Juan Carlos en un acto judicial.

Puede inferirse entonces –como destaca Alvarado Tapia- que, en el Estado de Derecho, el orden jurídico comprende, por igual, al gobierno, a los gobernantes y a los gobernados, a diferencia de lo que ocurre en estados despóticos o totalitarios, en donde el orden jurídico vale para los gobernados, pero no para el gobierno ni para los gobernantes, que se hallan fuera de él y que se mueven en un ámbito propio en el que no existe otra ley que su voluntad arbitraria y caprichosa.

¿En qué cabeza cabe que por haber nacido en el seno de una determinada familia o, como en el caso de España, haber sido designado sucesor de manera personal por un individuo que se apropió personalmente del Estado, un sujeto y sus descendientes quedan al margen del orden jurídico común? El artículo 56 de la Constitución española establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. La doctrina sobre este asunto, adopta dos grandes posiciones. La más radical y extendida, concluye que en ningún caso y bajo ningún concepto, ni en el orden penal ni en el civil, el Rey puede ser sujeto pasivo de responsabilidad alguna ante ningún Tribunal.  Más recientemente, y con mejor criterio, a nuestro entender, se considera que exoneración legal del Rey se refiere a los actos que realice en tanto que jefe del Estado, no a sus actos privados. Y esa es la madre del cordero.

Obviamente, en un plano puramente teórico, ¿es sostenible que, en el siglo XXI, el rey pudiera matar, robar, asesinar o violar, por poner ejemplos límites, sin que eso se traduzca en responsabilidad, porque eso equivaldría a negar el propio Derecho Natural y la concepción integral del Ordenamiento Jurídico?  Por ello se debe diferenciar el rey, como órgano del Estado, y la persona física que en un momento dado ostenta esa posición. En España, esta situación genera otra, muy grave a nuestro entender, el vacío legal sobre ante quién habría que presentar una querella por delitos graves presuntamente cometidos por Don Juan Carlos de Borbón como persona privada, y no como rey. La expresión “inviolabilidad” es un concepto jurídico penal con un contenido preciso e indiscutido: se trata de una “causa personal de exclusión de la pena”, que no hace desaparecer el delito, sino que -y por razones de índole individual- únicamente exime de pena a la persona -y sólo a ella- a la que alcanza ese privilegio.

Inviolabilidad como fórmula histórica

Sobre la irresponsabilidad penal del Rey de España, Rosario Serra señala que puede aceptar que nuestra Constitución establezca que la persona del Rey es inviolable como una fórmula histórica, pero a nadie escapa que tal prerrogativa resulta un tanto anacrónica. Efectivamente, el que una hipotética actuación delictiva por parte del Rey no pueda ser perseguida no deja de contradecirse con la esencia del Estado de Derecho:

No han faltado voces relativizando tal afirmación al señalar que, ante el supuesto de que el Rey actuase delictivamente, la Constitución arbitra indirectamente dos medidas que podrían subsanar políticamente, en su caso, el comportamiento personal del Rey: en primer lugar, la abdicación de la Corona que, pese a proceder única­ mente por voluntad del propio Rey, podría ser generada por la crítica o censura política. En segundo lugar, la propia reforma agravada de la Constitución que llevase a la abolición de la Monarquía. Ni que decir cabe que ambas soluciones sorprenden por su extrema gravedad y dificultad y, en todo caso, sólo vienen a solventar la responsabilidad política que podría derivarse de una actuación personal delictiva del Rey.

Estamos ante una de tantas Leyes orgánicas fundamentales y necesarias pendientes de ser desarrolladas. La irresponsabilidad del ciudadano Juan Carlos de Borbón sigue siendo absoluta con respecto los actos realizados durante su reinado. Algunos estudiosos han teorizado en el sentido de proponer o sugerir que las Cortes tendrían que autorizar la acción contra el Rey previamente, aplicando analógicamente el supuesto de declaración de incapacidad del mismo. Pero de ahí nunca se ha pasado.

El aforamiento express

Que el propio presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, dijera que el aforamiento de Juan Carlos I fue una “chapuza”, aunque luego pretendiera matizarlo, es suficientemente expresivo del modo en que se llevó a cabo el proceso de resguardo del rey emérito, tras su abdicación. Posada expresó, en un alarde de sinceridad, las dudas el procedimiento utilizado para aforar al Rey Juan Carlos, apenas siete días antes de que el proceso se cerrada en el Senado. El procedimiento rompió, en esta cuestión por primera vez el consenso en una votación sobre la Corona por parte de los dos grandes partidos dinásticos, El PSOE se abstuvo. Alegaban los socialistas que la forma de trasladar al tribunal Supremo todas las causas civiles y penales referidas al Rey Juan Carlos, las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias no debía utilizar una enmienda a una ley ajena al asunto.

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El rey emérito navegando.

Como es sabido, el aforamiento de Juan Carlos I, su esposa y su nuera, fue incluido en lo que el Gobierno tenía más a mano, la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En la exposición de motivos dice, entre otras cosas

La figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado atribuyen al Jefe del Estado, al establecer el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado.

Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina, a la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Uno.   Se incluye un nuevo artículo 55 bis con la siguiente redacción:

Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.

Protección internacional

Como jefe de Estado, el Rey de España goza de determinadas inmunidades y privilegios, en el ámbito internacional con dos vertientes: ratione materiae (no se le puede atribuir responsabilidad por cuestiones que en último caso corresponden al Estado) y ratione personae que no es de naturaleza substantiva, sino procesal. Pero, en este sentido, Val Garijo advierte que la inmunidad reconocida al jefe de Estado no es absoluta: “Existen límites y excepciones a la misma, debiendo distinguir entre límites a la inmunidad de jurisdicción penal y excepciones a la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa del jefe de Estado”.

En el proceso de adaptación de España al Tribunal Penal Internacional, asunto fue ampliamente debatido ya que, dentro de dicho órgano, desaparece cualquier tipo de privilegio o inmunidad, soberana o de cualquier otro orden. El estatuto de creación de este tribunal fue aprobado en Roma y su objetivo del organismo es la toma de medidas ante la barbarie y la indefensión de las víctimas de atrocidades y violaciones de los derechos humanos y la lucha contra los crímenes de guerra y los genocidios.

Como es sabido, España procedió finalmente a la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional el 24 de octubre de 2000 sin reforma constitucional. Ello significa que en la actualidad se halla confusamente establecida una vía para exigir la responsabilidad penal del monarca español para el más que improbable supuesto de que cometa un crimen de lesa humanidad o similar, pero lo cierto es que únicamente la reforma constitucional acabaría con el anacronismo de la irresponsabilidad penal del Rey en  todos  los  supuestos  de  comisión  de  un  acto  delictivo  por  éste.

El caso Chirac

En cuanto a esa responsabilidad, ¡qué oportuna y definitoria es la cita de Bluntschli! en el sentido de que “la irresponsabilidad es típica de la Monarquía y no lo es de la República, forma de gobierno en la que se hace responsable a cualquiera al que se le confíe un empleo público”.  Se reconoce que, con respecto a las formas de responsabilidad del Presidente de la República, el principio de la irresponsabilidad del Jefe del Estado en el sistema parlamentario se matiza y gradúa, perdiendo la consideración de plena y absoluta, como proponía Jiménez de Asía. En ese sentido, los estudiosos de la diferencia apuntan que:

La responsabilidad jurídica, más concretamente, penal, está ampliamente establecida para los Jefes de Estado republicanos, aunque se concrete en ocasiones en unos tipos muy singulares que se apartan de los comúnmente establecidos en los Códigos penales. Tal sucede, por ejemplo, en el caso italiano respecto de la «alta traición» y el «atentado contra la Constitución» 58. Por su parte, el artículo 68 de la Constitución francesa de 1958 -ahora como ejemplo de sistema mixto o semi presidencialista- prevé un delito específico en el que puede incurrir el Presidente, por lo que respecta al ejercicio de sus funciones: la alta traición”.

Ya he citado en otras cosas el “Caso Chirac”, sobre el que quiero volver, para precisar que no se puede poner como ejemplo de trato benévolo por parte del Estado francés, con respeto al que algunos temen que se le otorgue llegado el caso a Juan Carlos I: En enero del 2000, en medio de un gran escándalo, y pese a los contundentes indicios de conducta irregular, con relación a la financiación ilegal de su partido, el RPR, el jefe del Estado francés, Jacques Chirac, pudo disponer del adecuado blindaje contra toda acción judicial, fuera del alcance de los magistrados que se empeñaban en remover los asuntos de empleos ficticios creados con dinero público y de las "contribuciones" de las empresas a la causa gaullista.

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Chirac –en esta foto con Juan Carlos I– pretendió salvarse de la condena aludiendo a falta de memoria.

El Tribunal de Apelación de Versalles resolvía que, según la Constitución, el jefe de Estado era "penalmente irresponsable" y sólo podía ser enjuiciado por el Alto Tribunal de Justicia en el caso de "alta traición" a la patria. Esa protección cesaría en el momento de concluir el mandato. Pese a declararse incompetente para interpelar a la entonces máxima autoridad de la República, el juez escribió que existían indicios contra Chirac en los casos de "encubrimiento de abuso de bienes sociales" y de "toma ilegal de intereses". Los indicios contra el entonces presidente de la República surgieron a raíz del descubrimiento en los archivos de la alcaldía de la capital de una carta de 1993, firmada de puño y letra por Chirac, que demostraba que el entonces alcalde estaba perfectamente al tanto del sistema de pagar con dinero de la municipalidad los salarios de los militantes del RPR que trabajaban para el partido

Por fin, el 15 de diciembre de 2011, el ex presidente francés Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cometida durante la larga etapa en que fue alcalde de París (1977-1995). Se convirtió en el primer jefe del Estado francés en ser condenado por un tribunal ordinario. El único precedente similar era el del general Philippe Petain, que fue inculpado en 1945 por colaborar con los invasores nazis.

Chirac fue presidente de la República entre 1995 y 2007, hubo de ser juzgado y condenado en ausencia porque según los médicos padecía “anosognosia”, una patología que aqueja a los pacientes neurológicos que no tienen percepción de sus problemas. Según el informe médico presentado por sus abogados, Chirac padecería “severos problemas de memoria” y cometería “importantes errores de juicio y razonamiento”. Pero, en razón de su edad, no fue a la cárcel.

La sala 11 del Tribunal Correccional de París –pese a la benevolencia del fiscal, que finalmente retiró las acusaciones- consideró probados los hechos sucedidos entre 1992 y 1995 y que Chirac incurrió en sendos delitos de malversación y abuso de confianza al contratar con dinero municipal al menos a 19 empleados fantasma y encargados de misión que en realidad no trabajaban para el ayuntamiento sino para el propio Chirac o para su partido, el RPR, agrupación posgaullista fundada por Chirac con la idea de aspirar a la presidencia republicana.

La vista contra Chirac no se pudo celebrar hasta que cesó el blindaje que protege a los presidentes de la República en Francia. El acusado negó la existencia de un “sistema” de desvío de fondos en el ayuntamiento, pero también asumió toda la responsabilidad para intentar librar de una condena a sus ex colaboradores y jefes de gabinete. “Yo era el alcalde, el jefe, y es a mí y solo a mí a quien toca asumir la responsabilidad, aunque no cometí ninguna falta, ni penal ni moral”, declaró antes del juicio. En el periodo de instrucción reconoció haber usado del erario municipal para poder asegurar “legalmente” su asombrosa acumulación de cargos: diputado, presidente del RPR, primer ministro entre 1986 y 1988, alcalde y diputado regional.

La sentencia establece que “gracias a su acción deliberada, al haber recurrido a 19 empleos total o parcialmente ficticios, Jacques Chirac faltó a la obligación de probidad que pesa sobre las figuras públicas encargadas de la gestión de fondos o bienes que les son confiados, en este caso con desprecio del interés general de los parisienses. @mundiario

La crisis del rey honorífico plantea revisar la inviolabilidad y un estatuto de la Corona
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