El Constitucional francés avala la reforma de Macron que retrasa la jubilación a los 64 años

El Consejo Constitucional francés ha avalado este viernes los puntos fundamentales de la impopular reforma de pensiones del Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que fue aprobada por decreto saltándose el trámite legislativo en la Asamblea Nacional, que incluye la medida estrella de retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años de edad.

Aunque los nueve miembros que componen el órgano, equivalente al Tribunal Constitucional de España, han censurado un par de artículos secundarios, todo indica que el presidente francés podrá promulgar su ley. Además, el alto tribunal ha rechazado la iniciativa de convocar un referéndum solicitado por las fuerzas de izquierda que, de haber tenido lugar dentro de un año, podría anular la controvertida reforma.

Los magistrados del órgano constitucional tenían en sus manos el deber de evaluar no solo la viabilidad del texto, sino el procedimiento empleado para su aprobación. Finalmente han dado luz verde a los puntos esenciales y más controvertidos de la modificación legal, mientras que no han dado el visto bueno a seis disposiciones del Gobierno, entre ellas las relacionadas con el fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas.

De acuerdo con medios locales, una fuente del Consejo ha aclarado a la prensa que, al validar el aumento de la edad de jubilación dos años más, los magistrados han valorado “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”. Esta es una victoria para el Gobierno de Macron, pero el coste social y político ha sido alto con una popularidad por los suelos y el alejamiento de los partidos.

Además, el tribunal ha informado de que ha fijado hasta el 3 de mayo un plazo para estudiar una nueva solicitud presentada por el Nupes, la coalición izquierdista liderada por el anticapitalista Jean-Luc Melénchon, para celebrar otro referéndum que ponga en manos de los ciudadanos la anulación de la reforma. Si esta petición se aprobara, sería una nueva oportunidad para los detractores del cambio de ley, encabezados por los sindicatos, la extrema izquierda y la extrema derecha.

El dictamen del Consejo ha sido muy esperado después de la polémica desatada por la ley, especialmente después de que el Gobierno recurriera al artículo 49.3 de la Constitución para saltarse la aprobación parlamentaria, después de constatar que no tenía los apoyos necesarios para sacarla adelante, una maniobra que fue percibida como antidemocrática. @mundiario