La compra de balas a Israel desata una crisis de coherencia en el Gobierno
Cuando una coalición se forma bajo el paraguas del progreso, los principios éticos no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar relegados a un segundo plano frente a intereses de Estado. Esta es la tesis que, con contundencia, ha vuelto a poner sobre la mesa Izquierda Unida tras conocerse que el Ministerio del Interior ha decidido seguir adelante con la compra de más de 15 millones de balas a una empresa israelí. En plena ofensiva militar sobre Gaza y con la Corte Penal Internacional investigando crímenes de guerra en la región, el gesto del Ejecutivo no solo desconcierta, sino que coloca a la coalición gubernamental al borde del colapso.
La indignación que ha mostrado IU —una de las almas más históricamente coherentes en la defensa del pueblo palestino dentro del espacio de Sumar— no es nueva, pero sí alcanza ahora un punto de inflexión. Las declaraciones del portavoz parlamentario Enrique Santiago y del coordinador federal Antonio Maíllo no dejan lugar a dudas: si no se revierte el contrato, la formación no descarta abandonar el Gobierno. No se trata, como podría pensar algún estratega cortoplacista, de una pataleta simbólica. Es, en realidad, la consecuencia natural de una contradicción que ya no puede digerirse más sin fracturar del todo la credibilidad de los socios de izquierda.
La adjudicación, publicada discretamente durante la Semana Santa, reabre un capítulo que se creía zanjado desde octubre, cuando el propio Ministerio del Interior aseguró que cancelaría el contrato a raíz de la escalada bélica en Gaza. Que ahora, medio año después, se dé marcha atrás amparándose en tecnicismos jurídicos y posibles indemnizaciones millonarias, no solo evidencia una gestión errática, sino una clamorosa falta de valentía política para sostener decisiones acordes con los principios que el Gobierno dice defender en el plano internacional.
Izquierda Unida no ha sido la única voz crítica. Desde Compromís, el BNG o Podemos también han exigido explicaciones y acciones concretas, no comunicados ambivalentes ni excusas administrativas. La ministra de Juventud, Sira Rego, ha ido más allá al exigir una auditoría que aclare hasta qué punto el Estado mantiene vínculos comerciales con empresas israelíes vinculadas al sector armamentístico. Porque el problema ya no es solo la munición, sino lo que esta simboliza: la posibilidad de que un Gobierno autodenominado progresista financie indirectamente a un Estado acusado de crímenes contra la humanidad.
Este episodio, que podría parecer puntual o puramente técnico, desnuda una tensión profunda en el Ejecutivo: la que se da entre la lógica de Estado que representa el PSOE y la lógica de principios que intentan defender sus socios de Sumar. En el terreno de los discursos, el Gobierno ha mostrado una postura inequívoca de apoyo al pueblo palestino. Pero cuando esa retórica debe materializarse en decisiones concretas, como la ruptura de relaciones comerciales con el complejo militar israelí, surgen las ambigüedades, las dilaciones y, ahora, las rectificaciones incomprensibles.
El argumento de la Abogacía del Estado —el temor a indemnizaciones— no debería prevalecer en una cuestión de esta magnitud ética. ¿Puede un Estado democrático asumir como inevitable transferir recursos a un país inmerso en una guerra asimétrica donde la población civil paga el precio más alto? ¿Puede hacerlo sin que su discurso internacional quede completamente desacreditado? La respuesta es clara para gran parte de la ciudadanía que votó a este Gobierno esperando otra forma de hacer política, una forma valiente, coherente y alineada con el derecho internacional y los derechos humanos.
Por eso, la amenaza de ruptura lanzada por IU no puede despacharse como un chantaje interno o una estrategia electoral. Es una interpelación directa a la coherencia. A la del PSOE, pero también a la de Yolanda Díaz, cuya postura —más contenida en lo público— se enfrenta a un dilema clave: mantener la coalición a toda costa o marcar una línea roja ante un hecho que trasciende lo político para situarse en el terreno de lo moral.
Y aquí está el verdadero fondo de la crisis: ¿qué queda de la promesa de una nueva política si, llegado el momento, se actúa con los mismos reflejos y justificaciones de los gobiernos de siempre? ¿Qué valor tienen las palabras de condena al genocidio si no se traducen en decisiones prácticas que interrumpan cualquier forma de complicidad?
El Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, ya tensionado por los aumentos en gasto militar y otras divergencias estratégicas, entra ahora en una fase decisiva. Lo que está en juego no es solo una licitación o una cartera ministerial. Lo que se dirime es si España puede seguir siendo, con honestidad, una voz crítica frente a la barbarie. O si, por el contrario, elegirá el camino más cómodo, aunque ello implique convertirse en un actor pasivo —o incluso cómplice— de uno de los conflictos más sangrantes y deshumanizantes de nuestro tiempo. @mundiario
