¿Cómo hacer una Ley de la Corona que aluda a lo substancial sin afectar a la Constitución?

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Sánchez y la autorregulación de la Corona
El "Estatuto" o "Ley de la Corona lleva pendiente desde ante de la abdicación de Juan Carlos I, pues el PSOE y PP coincidieron en 2012 que no era asunto que urgiera
¿Cómo hacer una Ley de la Corona que aluda a lo substancial sin afectar a la Constitución?

Desde los tiempos de Zapatero, asunto con el que el PSOE, como partido dinástico que es en esta etapa, estaba de acuerdo con la derecha, está pendiente la que se llamó “Ley de la Corona” o “Estatuto de la Corona”, según el caso, quizá por ambos partidos son conscientes de que la única modernización posible de una monarquía es la república. Ninguno de los dos grandes partidos se atrevió a meterle el diente al borrador de dicho asunto, que ni siquiera es un tema de debate en la agenda del PSOE (salvo miembros de la llamada “izquierda socialista” y algunas de sus juventudes, desde que renunció al voto republicano en la ponencia constitucional, sino que sobre todo en tiempos de Felipe González este partido es el más firme soporte de la monarquía, todavía de forma más expresa que el PP.

Parece difícil que, sin tocar la Constitución –cuya reforma es complicada y exige amplio consenso--- se pueda abordar este asunto. Repetidamente se ha aludido a que no era algo urgente, por lo que nunca se ha oteado desde lejos que los españoles podamos re­clamar el derecho a opinar que nos fue arrebatado du­rante la “Transición”, impidiendo elegir realmente entre la forma de la Jefatu­ra del Estado. Algunas fuerzas políticas ya pidie­ron que, tras la abdicación del Rey Juan Carlos I, se consultara al país sobre la continuidad de la institu­ción que aquel encarnaba o la opción republicana. Se daría ocasión a las nuevas generaciones de refrendar el pacto constitucional.

A la espera del momento adecuado

Cómo abordar ahora y con qué alcance el “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona”. Dolores de Cospedal, como secretaria general del PP, en su día, al referirse al posible Estatuto de la Familia Real, dijo que “el asunto debe tratase con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo entre todos los partidos porque merece una reflexión pausada y no al socaire de una u otra noticia”. Pero el PSOE fue mucho más claro y directo que el PP a la hora de proteger a al Rey y su entorno. Para Elena Valenciano, sólo era preciso “elegir el momento adecuado para modernizar la monarquía”. Por su parte, Felipe VI ha ido dejando caer, por su cuenta –sin duda, adecuadamente asesorado para adelantarse a los acontecimientos- algunas medidas rápidamente difundidas, tales como que las infantas no podrán ejercer actividades privadas o que él o su familia han de ser prudentes a la hora de recibir regalos. No deja de ser algo apenas perceptible y simbólico.

Durante su largo reinado, Juan Carlos recibió miles de regalos de todo tipo. La Zarzuela era, sobre todo en determinadas épocas del año, como un mercado central: jamones de bellota, cajas del mejor marisco, caviar Beluga, o troncos de foie, cajas de vinos de las mejores añadas, cajas de habanos, entre ellas de la marca Cohiba que le mandaba Fidel Castro.  Pero había muchos más regalos que enviaban los más leales súbditos: relojes, caras estilográficas –a las que Juan Carlos era muy aficionado- y todo tipo de objetos de lujo, desde gafas de sol a corbatas de marca o hasta cuadros.

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Invitación clásica de la Casa Real

De suerte que, al no diferenciar nítidamente lo que eran personales o los que eran de Estado, se han quedado con lo que en cada caso estimaron, cuando en otros países ambas cosas estarían marcadas debidamente.  En la monarquía inglesa se publican anualmente los regalos que se reciben y su procedencia. En Estados Unidos la ley impide al presidente aceptar regalos personales de más de 25 dólares. Para no ofender a los donantes ciertos regalos pasan a ser propiedad del Estado a través del llamado “archivo extranjero”. En Francia, el presidente de la República no puede aceptar ningún obsequio personal superior a 150 euros.

Lo más significativo de este tipo de dádivas fue el famoso yate que los empresarios mallorquines regalaron al Rey cesante, pero que siendo regalo personal era mantenido por el Patrimonio Nacional y resguardado por la Armada. Los regalos fueron del lujo a la extravagancia más absoluta. Pero lo que de verdad se recibía con gusto en las Zarzuela eran los coches exclusivos o de lujo, Mohamed Bin Rashid, primer ministro de Emiratos Árabes, mandó a su “hermano” Juan Carlos dos Ferrari, uno de ellos modelo FF, y un F40, cuyo valor se acerca al millón de euros y que, oficialmente fueron cedidos a Patrimonio Nacional para su subasta. El Rey honorífico cedía los regalos que no podía mantener (los mantenía Patrimonio Nacional y él los usaba). La Zarzuela sostenía “que a veces hay que aceptar los regalos para no ofender la donante”. Otro regalo polémico fue el palacio de La Mareta, obsequio de Husein de Jordania, en Lanzarote, donde fallecería la madre del rey honorífico.

Las novedades de Felipe VI

Por eso, las anunciadas medidas sobre la aceptación de regalos fueron algunas de las novedades con que Felipe VI quiso marcar un nuevo tiempo. Por eso desde el primer día se puso en marcha una permanente y progresiva campaña de lanzamiento de imagen de Felipe VI, que presentaba como “gesto o iniciativa del Rey” avances de modernidad, puesta al día, acercamiento a los ciudadanos o cambios radicales, a veces meras apariencias formales. Otra novedad modernizadora es que, a partir d ahora, en las invitaciones oficiales de la Casa Real se ha suprimido del encabezamiento la fórmula tradicional. Detrás de “Su Majestad el Rey”, entre paréntesis la expresión (que Dios guarde)” o, en algunos casos, simplemente, (q. D. g). El formalismo en ocasiones ha aparecido reflejado en el Boletín Oficial del Estado y es una fórmula tradicional.

Otra novedad fue la ampliación de la base social de las recepciones como si se abrieran al país: la de invitar a la primera recepción del nuevo monarca a los “colectivos” de homosexuales y lesbianas. Pero este asunto fue criticado, ya que la sexualidad es una cuestión privada y no se pueden agrupar a los ciudadanos “como colectivos” por algo tan personal. Cada día se presentan ante los españoles como “gesto o iniciativa del Rey” aparentes avances de modernidad, puesta al día, acercamiento a los ciudadanos o cambios radicales, a veces meras apariencias formales que en realidad nada cambian.

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Rey honorífico y sucesor con el mismo gesto

Pero el asunto destacado es no sólo se centra en establecer a qué actividades privadas se pueden o no los miembros de la familia real o que regalos recibir, empezando por definir con claridad quiénes la compone y quiénes son el resto. Pero es evidente que, en este caso, la urgencia que comparten el PSOE y la derecha viene provocada por los escándalos y responsabilidades del rey honorífico, que sigue siendo el cabeza de familia de los Borbones españoles, cosa que por lo visto se ha olvidado. La Corona, ha tenido que enfrentarse a sus propios escándalos y situaciones embarazosas, tanto al trascender determinados gestos del Rey y su esposa con relación a ciertas amistades personales (que fueron calificadas de “peligrosas” como al comportamiento “no precisamente ejemplar” de miembros directos de la familia Borbón. También se supo que cuatro familiares del rey honrífico Juan Carlos I habrían regularizado supuestamente más de 4 millones de euros mediante la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Todos ellos estarían en la línea sucesoria a la corona española justo detrás de los descendientes de Juan Carlos I. En total, habría puesto en conocimiento de Hacienda 4 millones de euros ocultos en Suiza.

Del mismo modo llegó al conocimiento público que Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá gestionada por uno de los bufetes internacionales más polémicos, Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales. Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y directora de la compañía Delantera Financiera SA en agosto de 1974, un mes después de que Don Juan Carlos, entonces Príncipe de España, asumiera de forma interina la Jefatura del Estado debido al grave empeoramiento de la salud de Francisco Franco. La empresa fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre.

Y todo eso sin contar las propias andanzas de Juan Carlos I con sus regalos recibidos y donados a su amante cercana, sus problemas con Hacienda y el resulto de los asuntos nada ejemplares que obligaron a su hijo a distanciarse notarialmente de su herencia, apartarlo de la Casa Real y aceptar sus largas vacaciones en el extranjero.  ¿Afectaría a todas estas personas de la órbita de la Corona un Estatuto que establezca la ejemplaridad pública como modelo de todo lo relacionado con la Casa Real? Yo me temo que no.

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Juan Carlos aplaude a su sucesor

El doctor Sánchez ha sugerido que cabe una alternativa a la redacción de esa Ley o Estatuto, que es que la propia Casa Real se autorregule, lo cual no deja de ser una perfecta charada. ¿Cómo va a renunciar a los elementos esenciales que constituyen los privilegios fundamentales del Rey, que ampara la propia Constitución, como hemos visto al proteger las actuaciones personales de Juan Carlos I, que le permiten salir bien parado de lo que a un ciudadano normal le hubiera reportado serias complicaciones morales y judiciales?

Si la Casa Real, por su parte, ha ido introduciendo en su conducta pública determinados modos de transparencia y ejemplaridad que debe ser una regla común para cualquier ciudadano, ¿realmente qué quieren llevar a la Ley de la Corona los dos grandes partidos dinásticos, asunto en que parecen de pleno acuerdo?

¿Es posible, por ejemplo, despojar al Rey de la inviabilidad completa de sus actos sin tocar la Constitución, sean los que sean?  La Constitución Española, en su artículo 56.3, establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Es decir, el Rey, por su cargo y condición, no puede ser sometido a ningún proceso judicial, por lo que no se le puede exigir responsabilidad alguna por sus actos. Que me expliquen cómo se cambia esto sin tocar la Constitución.

¿Recuerdan el escándalo del príncipe Bernardo de Holanda, marido de la reina, cuando en 1976 se descubrió que éste había aceptado un soborno de 1.100.000 dólares americanos de la Lockheed Corporation?   Nunca sometido a juicio, tuvo que renunciar a su posición como Inspector General de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, y aceptó no volver a vestir su uniforme, con la salvedad del funeral de Lord Mountbatten de Burma en la conmemoración del día D, y su propio funeral, pues fue enterrado con su uniforme de las Fuerzas Aéreas Holandesas. Fue el propio parlamento holandés el que renunció a procesarlo. Se quiso rehabilitar su nombre, pero salieron más escándalos. Es decir, que a ciertos niveles estas cosas se tapan.

¿Cómo hacer una Ley de la Corona que aluda a lo substancial sin afectar a la Constitución?
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