Del “chantaje” a la rectificación: las pifias de los ‘pocholos’ que Ayuso quiere dejar atrás
Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la Puerta del Sol en 2019, su relato ha sido invariable: la universidad pública madrileña no está infrafinanciada, sino mal gestionada por otros. Sin embargo, seis años después, el foco ya no apunta al pasado heredado, sino a las decisiones adoptadas bajo su propio mandato. En particular, a las tomadas por el círculo de confianza que durante casi dos años controló la Consejería de Educación: el grupo conocido como “los pocholos”. Ahora, con relevo incluido al frente del departamento, la presidenta intenta marcar distancias y cerrar heridas antes de que cicatricen en forma de desgaste político.
El reciente acuerdo de financiación universitaria, presentado como “histórico”, ha funcionado como cortina de humo. Bajo la cifra global de 14.800 millones de euros hasta 2031, los críticos ven un maquillaje contable que no despeja las dudas sobre la suficiencia real de recursos. Pero el debate presupuestario es solo la superficie. Bajo ella laten dos episodios que resumen el periodo de los pocholos: el rechazo inicial a 170 millones del Estado para contratar profesores y el agujero presupuestario que deja a 250 doctorandos sin beca.
Ambos casos comparten un patrón: decisiones adoptadas con tono de confrontación política que, al final, terminaron rectificándose o generando un problema mayor. Y ambos se han convertido en símbolos de una etapa que el Gobierno madrileño ahora preferiría archivar sin demasiadas preguntas.
170 millones que casi no llegan
En 2024, el Ministerio de Ciencia lanzó el programa María Goyri para cofinanciar miles de plazas de profesor ayudante doctor en toda España. Todas las comunidades gobernadas por el PP acabaron firmando el acuerdo. Todas menos Madrid. El entonces consejero de Educación, Emilio Viciana, calificó el plan de “chantaje” y “cacicada”, en una escalada verbal que tensó la relación institucional.
El resultado fue paradójico. Mientras otras autonomías blindaban la llegada de fondos para rejuvenecer sus plantillas universitarias, Madrid quedaba aislada en la negociación. La presión de los rectores y la intervención directa de la ministra Diana Morant forzaron finalmente la firma. El Estado aportará 169,8 millones y la Comunidad 112,3 para 1.091 plazas.
Pero la pregunta quedó flotando: ¿qué hubiera pasado sin rectificación? Durante semanas, Madrid estuvo dispuesta a renunciar a una inyección de talento por una batalla política. Para un sistema universitario que denuncia asfixia, el gesto resultó difícil de explicar.
250 doctorandos en el aire
Si el episodio de los 170 millones fue una pugna ideológica, el de los 250 doctorandos apunta a un problema más estructural: la planificación. Los presupuestos de 2026 no incluyen la partida necesaria para convocar las ayudas predoctorales que permiten a estos investigadores desarrollar su tesis con salario durante cuatro años.
La explicación oficial habla de mejorar condiciones y ajustar calendarios. La lectura de la oposición y de las plataformas universitarias es otra: improvisación o recorte encubierto. El ahorro temporal ronda los 29 millones de euros, pero el coste en incertidumbre académica es mucho mayor.
El efecto dominó puede ser considerable. Si la convocatoria se retrasa a 2027, coincidirán dos promociones compitiendo por las mismas plazas. Jóvenes investigadores que ya acumulan años de precariedad verán prolongada la espera. Y en ciencia, el tiempo no es neutro: quien se queda atrás pierde oportunidades internacionales, proyectos y estabilidad vital.
Distanciarse sin asumir responsabilidades
La salida de Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo permiten a Ayuso ensayar una narrativa de renovación. El problema es que los pocholos no fueron un accidente administrativo, sino una apuesta política. Su líder intelectual, el dramaturgo Antonio Castillo Algarra, fue durante años un aliado estrecho de la presidenta. La línea dura frente al Gobierno central no surgió por generación espontánea.
Ahora, la estrategia pasa por encapsular los errores en una etapa concreta y proyectar una imagen de rectificación. El acuerdo universitario sirve como prueba de voluntad dialogante. Pero los rectores y la comunidad académica no olvidan con facilidad los meses de tensión, ni los titulares sobre sanciones millonarias a estudiantes en borradores legislativos que rozaban la inconstitucionalidad.
En política, el relato importa. Ayuso ha demostrado habilidad para dominar la conversación pública y convertir la confrontación en activo electoral. Sin embargo, la universidad es un terreno distinto: los efectos de las decisiones no se miden en trending topics, sino en carreras científicas y proyectos truncados. @mundiario
