El caso Plus Ultra avanza sin prisión: en libertad los cuatro detenidos
El juez ha acordado este sábado la puesta en libertad de cuatro personas detenidas en el marco de la investigación que afecta a la aerolínea Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales, una causa que pone de nuevo el foco sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía en 2021. La decisión judicial incluye retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias semanales para todos los investigados, según han confirmado fuentes jurídicas.
Entre las personas excarceladas figuran el propietario de Plus Ultra, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; otro empresario llamado Julio Martínez y un abogado español. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, aunque las declaraciones se han producido ante el juez de guardia, el titular del Juzgado número 13, después de que las detenciones se practicaran el pasado jueves.
Silencio procesal y causa bajo secreto
Las cuatro personas investigadas se han acogido a su derecho a no declarar, al encontrarse las actuaciones bajo secreto de sumario. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha sido la encargada de practicar las detenciones y de registrar durante horas la sede de la aerolínea esta semana, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, única acusación personada por el momento.
La causa se ha iniciado a comienzos de este año tras una denuncia del ministerio público, que ha recibido información de Francia y Suiza sobre la existencia de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Según la Fiscalía, la aerolínea habría sido utilizada como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito, incluidos recursos vinculados a malversaciones cometidas por funcionarios venezolanos.
El foco en el rescate público de Plus Ultra
Uno de los ejes centrales de la investigación es el uso de las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra después de que el Gobierno la calificara como empresa “estratégica” durante la pandemia. Anticorrupción sostiene que se habría producido un “uso indebido” del rescate, al desviarse parte de esos fondos a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades presuntamente integradas en la trama.
La denuncia describe movimientos de dinero realizados en fechas consecutivas a la recepción del rescate, lo que, a juicio de la Fiscalía, refuerza la hipótesis de un esquema de blanqueo organizado. Los fondos investigados estarían relacionados, entre otros, con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela y con la venta de oro blanco procedente de ese país.
La denuncia inicial de Anticorrupción se dirigía contra personas de nacionalidad peruana, venezolana, neerlandesa y española, y fuentes jurídicas señalan que al menos cinco personas figuran como investigadas. Entre quienes han pasado este sábado a disposición judicial se encuentra Julio Martínez Martínez, vinculado como cliente a Whathefav S.L., la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según las mismas fuentes, la empresa habría prestado servicios de cartelería y marketing al empresario.
Control judicial sin prisión preventiva
El juez Alfredo Barrera ha optado por medidas cautelares menos gravosas que la prisión, una decisión que apunta a un enfoque de control procesal y aseguramiento de la investigación, sin anticipar responsabilidades penales. La Fiscalía había solicitado precisamente la retirada de pasaporte y las comparecencias periódicas, al considerar que el riesgo principal es el movimiento internacional de fondos y personas.
El avance de la causa dependerá ahora del levantamiento parcial del secreto y del análisis de la documentación incautada por la UDEF. Mientras tanto, el caso Plus Ultra vuelve a situar bajo escrutinio judicial el sistema de rescates públicos y el control del destino final de los fondos concedidos por el Estado. @mundiario
