Caso Koldo: la ofensiva final ante el Constitucional y el giro de Aldama del juicio en el Supremo

A las puertas del juicio en el Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas, el exasesor Koldo García apura la vía del Tribunal Constitucional para frenar el proceso, mientras el empresario Víctor de Aldama refuerza su estrategia de colaboración con la Justicia aportando pruebas clave sobre pagos vinculados al entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Dos movimientos simultáneos que revelan una pugna procesal decisiva y anticipan un juicio con alto voltaje político y mediático.

La estrategia de defensa de Koldo García podría ser la última bala para evitar sentarse en el banquillo. Su recurso de amparo ante el Constitucional no introduce elementos nuevos sustanciales, sino que insiste en las mismas objeciones ya rechazadas por el Supremo: la competencia del órgano judicial, la imparcialidad del tribunal y la supuesta vulneración de derechos fundamentales.

El núcleo de su argumento se basa en que, tras la renuncia de Ábalos a su escaño —y, por tanto, a su condición de aforado—, el caso debería haber regresado a la Audiencia Nacional. Sin embargo, el Supremo sostiene lo contrario, apoyándose en su propia doctrina asentada en que la competencia queda fijada en el momento en que se abre juicio oral.

Este choque jurídico no es baladí. En él subyace la cuestión estructural de hasta qué punto las reglas procesales internas pueden prevalecer sobre derechos como el juez ordinario predeterminado por la ley o la doble instancia. La defensa de García denuncia un “formalismo extremo”; el Supremo, en cambio, reivindica seguridad jurídica. El recurso al Constitucional, por tanto, no solo busca suspender el juicio del 7 de abril, sino también abrir una grieta en la arquitectura procesal del caso.

La “defensa a ciegas” y la batalla por las pruebas

Otro eje clave del recurso es la denuncia de indefensión. García sostiene que no ha tenido acceso completo a las pruebas digitales —especialmente conversaciones y metadatos incautados por la Guardia Civil—, lo que habría impedido construir una defensa sólida.

Este argumento apunta a un problema recurrente en macrocausas como esta, el control del material probatorio. Si el tribunal valida la tesis de la defensa, el impacto podría ser significativo, pero si la rechaza reforzará la validez de las investigaciones basadas en análisis policiales de datos.

Además, la defensa introduce una acusación especialmente sensible en la existencia de una supuesta investigación “clandestina” previa a la autorización del Congreso a que se investigara a Ábalos. De admitirse, afectaría la legitimidad de parte del procedimiento. De lo contrario, quedará como una estrategia procesal más.

Aldama cambia de posición: de imputado a colaborador

En paralelo, el movimiento deAldama marca un contraste evidente. Frente a la confrontación jurídica de García, el empresario opta por reforzar su perfil colaborador. La documentación entregada al Supremo —correos electrónicos, justificantes de pago y comunicaciones con la inmobiliaria— busca acreditar que su entorno asumió el alquiler de la vivienda de la expareja de Ábalos en Madrid. No es un detalle menor: ese pago es interpretado por la Fiscalía como una posible contraprestación dentro de la trama de presuntas comisiones.

El valor de esta prueba no reside solo en su contenido, sino en su timing. Se presenta justo antes del juicio y responde a una exigencia de las defensas rivales, lo que refuerza su utilidad procesal.

Pero también revela una estrategia en todos los frentes, en la que Aldama parece intentar consolidar su credibilidad ante el tribunal, alejándose del riesgo de ser percibido como un mero “conseguidor” sin respaldo probatorio.

El episodio del piso en el centro de Madrid se ha convertido en uno de los elementos más mediáticos del caso. Según la investigación, la mayor parte del coste —más de 80.000 euros— habría sido asumida por sociedades vinculadas al entorno de Aldama. El hecho de que la inquilina reconociera no haber pagado el alquiler y que, en determinados momentos, los pagos fueran asumidos por Koldo García, implica que la documentación aportada por Aldama podría dar validez a esas declaraciones. @mundiario