Bukele aplica un nuevo golpe al sistema judicial de El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. / IG @nayibbukele
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. / IG @nayibbukele
El presidente ejecuta una reforma que saca de carrera a 690 jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. La oposición alerta sobre un nuevo intento del régimen para concentrar más poder. 
Bukele aplica un nuevo golpe al sistema judicial de El Salvador

En El Salvador se sigue vulnerando la independencia de poderes. El presidente Nayib Bukele ha sacado adelante una reforma dentro del sistema judicial que ha provocado la salida de 690 magistrados. La oposición, agrupada en la Asamblea Nacional, ha denunciado este suceso como un nuevo intento de concentración de poder del régimen. 

La reforma de la Ley de la Carrera Judicial conllevará la jubilación automática de alrededor de un tercio de los jueces del país, según estiman medios locales, así como de un gran numero de funcionarios de la Fiscalía y los tribunales de El Salvador.

En esa línea, la norma obliga a la separación inmediata de sus cargos de jueces y fiscales que hayan cumplido 60 años o lleven más de 30 de servicio. Entre los jueces que podrían perder su puesto está Jorge Guzmán, que investiga la masacre de El Mozote, una de las peores ocurridas en la guerra civil de El Salvador, en 1981, donde murieron 1000 personas. 

La oposición alega que el Parlamento no tiene la facultad de reformar la Ley de Carrera Judicial, por tanto lo obrado por los legisladores de la bancada oficialista de Nuevas Ideas (con la complicidad de los partidos Gana, PDC y PCN) resulta espurio. 

El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños también reprobó las reformas y sostuvo que el oficialismo pretende “engañar al pueblo diciendo que lo hacen porque el pueblo pidió la depuración del Órgano Judicial. La ley ya establecía mecanismos para sancionar a jueces que actúen al margen de la ley”. 

La aprobación de la reforma se da en medio de un descontento generalizado de la sociedad salvadoreña frente a algunos cambios que el gobierno ha adoptado en materia política, económica y social, entre ellos la implementación del bitcoin como moneda de intercambio en el país.


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NUEVO GOLPE

La reforma de Bukele no es más que un intento por descabezar el sistema judicial que podría bloquear su intención de perpetuarse en el poder de El Salvador.

En agosto pasado se conoció que el presidente salvadoreño tenía en manos una iniciativa que busca cambiar la Constitución y disolver organismos claves como el Tribunal Supremo Electoral, que podría bloquear su intención de alargar su mandato a costa de hacerle un grave daño a la democracia del país centroamericano. 

Según la prensa local, el documento será presentado próximamente a las legaciones diplomáticas extranjeras y a las ONG, antes de destacar que se han realizado un total de 215 modificaciones a la Carta Magna que Bukele apunta a desaparecer para concretar su objetivo político: concentrar el Estado en él. La oposición y las instituciones autónomas serían arrasadas. 

Entre los cambios propuestos por Bukele figuran que los mandatos presidenciales pasen de ser de cinco a seis años, sin posibilidad de una reelección inmediata, pero sí después de un mandato de por medio, en lugar de los dos contemplados actualmente.

Además, se incluye una figura: un referéndum revocatorio que podría ser convocado a los tres años de mandato en caso de que “el presidente o vicepresidente estén haciendo muy mal las cosas” al frente de El Salvador. 

El borrador aprobado por el Gobierno recoge que no sea necesaria la aprobación de las reformas constitucionales por parte de la Asamblea Legislativa vigente y su ratificación por la siguiente, sino que se sustituirá este último paso por un referéndum.

Por otra parte, el borrador realizado por el Gobierno de Bukele contempla la eliminación de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, que será sustituida por un Tribunal Constitucional, en el que “se separan funciones administrativas de las jurisdiccionales”.

De esta forma, se agregarán dos salas al Supremo, siendo una de ellas la Sala de lo Electoral, que se encargará de la parte “jurisdiccional” del actual TSE, mientras que la segunda es la Sala de lo Social para “temas de familia, laborales y medio ambiente”.

A ello se suma que los mandatos del fiscal general, el procurador y otros funcionarios electos de segundo grado pasarán a durar de tres a seis años. Esto, sin duda, generará un enorme impacto en el sistema judicial salvadoreño. @mundiario

 

 

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