La coalición de Gobierno y sus socios aceleran para aprobar la reforma de la sedición este mes

PSOE y Unidas Podemos suman ya una mayoría holgada de al menos 185 apoyos para sacar adelante el proyecto, frente a los 154 rechazos de la derecha parlamentaria. Otros 10 diputados aún están en la indefinición de su voto.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Congreso. / Twitter.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Congreso. / Twitter.

La reforma exprés de la sedición avanza entre la coalición de Gobierno y sus socios. PSOE y Unidas Podemos suman ya al menos 185 apoyos entre sus socios para sacar adelante el proyecto, una mayoría holgada que permitiría al bloque de la investidura sacar adelante en las Cortes el proyecto sin problemas. Así, el objetivo es ahora acelerar los tiempos, con la vista puesta en concretar la tramitación – echando mano de los procedimientos de urgencia previstos para este tipo de iniciativas-, antes de que termine noviembre. La iniciativa se enfrenta al rechazo de 154 diputados de la derecha parlamentaria, mientras que otros 10 –más bien críticos-, aún no han definido su voto. 

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado este viernes, tras registrar la propuesta con el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que la intención de los dos partidos en el Ejecutivo es resolver la tramitación del proyecto antes de que finalice el periodo de sesiones en la tercera semana de diciembre. Por esta razón, la medida ha sido patrocinada desde los grupos parlamentarios en vez de por parte del Ejecutivo.

“La primera opción para apurar esa vía de urgencia la podrían intentar ambas formaciones el lunes, en la Junta de Portavoces prevista en el Congreso, pero en ese caso para variar el orden del día programado del siguiente pleno de la Cámara requerirían de una unanimidad de todos los partidos representados, lo que parece prácticamente imposible de conseguir”, explica El País. “Lo normal es que se espere a la siguiente Junta y que tanto PSOE como UP utilicen sus cupos habituales de iniciativas para incluir este proyecto a discusión, algo que podría suceder incluso en el pleno del 24 de noviembre, que debe resolver la aprobación de las enmiendas parciales a los Presupuestos del Estado para 2023. Sería una coincidencia curiosa y algo más que simbólica, sobre todo ante las duras acusaciones de la oposición de derechas, PP, Vox y Ciudadanos, sobre que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a esa pretensión sobre la supresión de la secesión de sus socios independentistas catalanes para asegurarse su respaldo a las Cuentas Públicas y continuar en La Moncloa”. 

Amplia mayoría progresista

El visto bueno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la reforma de la sedición ha dado paso a un terremoto político que ha sacudido el tablero nacional en las últimas horas. 

En una entrevista en LaSexta, el líder socialista anunciaba que su Ejecutivo presentaría una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, que reemplazaría “por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas” y pasaría a llamarse delito de “desórdenes públicos agravados”. “Las penas serán las penas que se están catalogando en democracias europeas, a las cuales nos queremos parecer”, destacaba. 

Sánchez confirmaba así que el Gobierno presentaría una iniciativa legislativa para la reforma mencionada antes de corroborar si había una mayoría en el Congreso para sacarla adelante, como había exigido en estas últimas semanas.

La situación parlamentaria, sin embargo, sugiere desde hace meses que en el Congreso existe a día de hoy una amplia mayoría progresista que cree oportuno suprimir del Código Penal el delito de sedición, que consideran “desfasado” y un factor importuna “la solución política del conflicto social que pervive en Cataluña”.

En concreto, son seis diputados del PNV que votarán a favor de esa modificación legal; 13 de ERC, que llevan semanas negociando discretamente con el Gobierno central y el catalán lo que llaman la “desjudicialización del conflicto”. A la lista de apoyos se sumarán además BNG, los tres parlamentarios de Más País y Compromís, y los cinco de EH Bildu. 

Los 154 diputados que con seguridad votarán no a este proyecto serán los del PP, Vox, Ciudadanos, el de Foro Asturias, los dos que salieron elegidos y ahora son tránsfugas de Navarra Suma y otro de Cs. Otros 10 parlamentarios están aún en la indefinición, pero muy crítica, lo que anuncia un más que probable voto negativo.

De acuerdo con el portavoz de los cuatro parlamentarios del PDeCAT, Ferran Bel, en el Congreso “existe desde el principio de la legislatura [mínimo 187: PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV, Junts y PDeCAT]” una mayoría para cambiar ese delito, por lo que ha reclamado “voluntad y coraje político” como se ha hecho para crear nuevos impuestos a los ricos “en pocas semanas”. 

“Los 154 diputados que con seguridad votarán no a este proyecto serán los del PP, Vox, Ciudadanos, el de Foro Asturias, los dos que salieron elegidos y ahora son tránsfugas de Navarra Suma y otro de Cs. Otros 10 parlamentarios están aún en la indefinición, pero muy crítica, lo que anuncia un más que probable voto negativo. Por un lado, estarían los dos de Coalición Canaria, el del Partido Regionalista de Cantabria y el de Teruel Existe, y, por otras razones, los dos de la CUP y los cuatro de JuntsxCAT. En la CUP aún están estudiando jurídicamente el texto de la nueva propuesta y les sigue pareciendo insuficiente y una mala noticia para más de 4.000 separatistas que mantienen procesos judiciales abiertos”, añade El País. @mundiario

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