Una asociación demanda a Pedro Sánchez ante la CPI por lesa humanidad al gestionar la pandemia
La crisis sanitaria es ahora más un factor de colapso político y social en España contra la clase política neosocialista enclaustrada en el poder, que una coyuntura de la cual se saldrá solo con las indemnizaciones, administración y medidas restrictivas del Gobierno. Y es que justo cuando el presidente del Ejecutivo había asegurado que la salida de la crisis “será justa, pero habrá que atajar el déficit”, entonces un nuevo obstáculo se ha instalado en el tortuoso camino del mandatario.
Una ola de denuncias y querellas que los juzgados han venido recibiendo casi que de forma lineal y consecutiva de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de las administraciones públicas ha traspasado ya las fronteras y ha llegado ante la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos), donde se ha registrado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un delito de lesa humanidad interpuesto por la Asociación Española de Afectados y Víctimas de la Covid-19.
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Este hecho denota un complejo contexto político en el que el Gobierno enfrenta el malestar social generado por el impacto de una crisis donde solo se han aplicado medidas restrictivas, mas no un mecanismo epidemiológico realmente eficaz que contribuya a la erradicación del virus de territorio español. Es así como Sánchez enfrenta un terreno político que no lo deja presionado frente a sus rivales partidistas en el Congreso, sino frente a la sociedad misma, que clama por soluciones eficaces que ayuden a evitar la mengua socioeconómica en cientos de familias españolas.
La iniciativa ha sido recibida, tal y como ha notificado la Fiscalía de este tribunal especial con sede en La Haya tanto a la propia asociación como a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a una documentación clasificada, según reseñó el diario ABC. Ahora, precisa el texto, se abre una fase en la que se estudia si procede abrir una investigación, como ya ocurriese con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunciado por los mismos delitos en relación a la gestión del coronavirus.
De esta forma, se deja entrever que existe un movimiento jurídico de corte judicial extraterritorial en el que toda negligencia política y administrativa contra la gestión de la crisis humanitaria desencadenada por la pandemia, de parte de cualquier Gobierno, será sometida a una auditoría y a una investigación que obligaría a los Estados y a sus jefes a rendir cuentas por la calidad y eficacia de sus medidas, o en el caso de Brasil, omisiones, ante una crisis sanitaria de peligrosa magnitud.
En su denuncia, la asociación repasa cronológicamente las decisiones adoptadas por el Gobierno de España centrando la responsabilidad en su presidente, desde que en enero saltó el virus al continente europeo y hasta que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo para evidenciar lo que, a su juicio, fueron “una cadena de negligencias con responsabilidad penal para Pedro Sánchez”.
Por lo tanto, no se descarta que se produzca una especie de momentum legal y jurídico en el cual la administración de Sánchez tenga que rendir cuentas y explicar por qué ha habido un control epidemiológico tan endeble y tantas infracciones contra el estado de alarma durante la gestión de la pandemia de Covid-19.
“Durante todo ese tiempo, un tiempo que podría haber evitado miles de muertes, el propio Gobierno permitió que todos los vuelos internacionales entraran y salieran del territorio español, incluidos los que vinieron de China, Italia y otros países del mundo, donde ya se conocía la gravedad de la pandemia”, argumenta la denuncia. @mundiario
