El apoyo de la patronal y los obispos a los indultos descoloca al PP, aislado en la derecha
La patronal española, no solo la catalana, está dando un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con su respaldo a los indultos de los presos independentistas. “En el Estado de derecho caben los indultos. Hay muchas opiniones entre los empresarios, pero si esto acaba en que las cosas se normalizan, bienvenido sea”, ha reflexionado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asistente a las jornadas del Cercle en Barcelona, en una entrevista en TVE. Así, pues, desde la patronal se argumenta que pueden ser una herramienta para “normalizar” la situación política en Cataluña, pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí y qué puede pasar?
En el año 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006. Como consecuencia del mismo se celebró una manifestación en contra. El presidente Mas gana las elecciones y propone el llamado Pacto Fiscal, similar al Concierto Vasco, que es rechazado por el presidente Rajoy. A finales de 2012 diversas organizaciones catalanas empiezan a pedir la independencia, proceso soberanista conocido como “procés”.
Desde el año 2013 a 2017 los sucesivos gobiernos de Cataluña presididos por los presidentes Mas y Puigdemont procedieron a una desobediencia política sistemática a los requerimiento de varias instituciones españolas. Cuando se empezaron a cometer estos delitos el Gobierno español estaba presidido por Mariano Rajoy, del PP, y no tomaron la decisión de juzgar a los separatistas por delito de desobediencia, al amparo del art. 566 del Código Penal. Se dejó hacer y se dejó de utilizar el español en las escuelas, en los rótulos, se hizo dejación de control de la situación.
En enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Desde entonces diversas leyes del parlamento catalán como la ley de consultas o la del referéndum de autodeterminación fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional pero no se juzgó la desobediencia. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia, suspendido por el Tribunal Constitucional. El 10 de octubre Puigdemont declaró la independencia y el 27 de octubre el Senado autoriza aplicar el 155, por lo que la autonomía de Cataluña es intervenida Carles Puigdemont huye.
En la sentencia del procés conocida en octubre de 2019, el Tribunal Supremo descartó la rebelión (penas de hasta 20 años de cárcel) y se condenó a los 12 encausados por sedición y malversación: se les impusieron penas de cárcel 9 a 13 años a nueve líderes independentistas catalanes e inhabilitación a los otros tres.
El alto tribunal consideró probado que en los meses finales de 2017 se sucedieron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia”, manifestada de diversas formas por el gobierno catalán, el parlamento, manifestantes alentados por los Jordis y Junqueras, como se pudo apreciar en la televisión frente a la Consellería de Economía: 16 horas de asedio a personas y 4 vehículos de la Guardia Civil destrozados; hechos probados. No se tomó como un delito de rebelión la proclamación unilateral de ruptura de la Constitución pero a pesar de ello el Tribunal Supremo descartó el delito de rebelión que pedía la fiscalía. Como consecuencia de ello en vez de ser juzgados por delito de rebelión (Art. 472.5 del Código Penal) fueron juzgados por el delito de sedición (Art. 544 del Código Penal).
Ni siquiera veo convicción en quien lo plantea, solo una estrategia por permanecer en el poder (Pablo Casado)
Resumiendo: ahora se estudian los indultos. Dado que en su momento se hizo dejación de control, tampoco se juzgó en el inicio la desobediencia, tampoco se juzgó por rebelión. Ahora no parece el momento más adecuado de ser inflexibles, además siguen inhabilitados para cargos públicos. Puede ser el inicio de un arreglo político entre los catalanes primero y con el resto de España. Molestan las declaraciones de no admitir haber cometido delito o decir que lo volverán hacer. No obstante ningún gobierno español puede conceder un referéndum de independencia y como conocemos el derecho a decidir no existe en ningún tratado internacional y si se ejecuta, según la carta de derechos de Lisboa de 2010 es por definición un movimiento antidemocrático. Por tanto, todo parece indicar que es necesario un arreglo con Cataluña, pero no se contempla un pacto fiscal como el Concierto Vasco. Ello produciría grandes problemas con otras autonomías.
“Ni siquiera veo convicción en quien lo plantea, solo una estrategia por permanecer en el poder”, dijo Pablo Casado, el presidente del PP en el Círculo de Economía. Pero la visita de Pablo Casado a Barcelona ha coincidido no solo con el balón de oxígeno de la patronal a Pedro Sánchez con el respaldo a los indultos, sino también con un comunicado de los obispos catalanes apoyando los indultos y el proceso de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. En definitiva, el apoyo de la patronal y los obispos a los indultos descoloca al PP, aislado en la derecha. @mundiario
