Apogeo y decadencia del Estado de Derecho en la España democrática

Ejemplar de la Constitución de España.
Ejemplar de la Constitución de España.

¿Habremos llegado ya al ocaso del Estado de Derecho? ¿Cuál será la próxima etapa? ¿La habrá? Son preguntas que acompañan una profunda reflexión de este colaborador.

Apogeo y decadencia del Estado de Derecho en la España democrática

Estado de Derecho es aquella forma de organización de la convivencia política que supuso el paso del Estado absoluto a aquel otro en que se viene a consagrar el predominio de la ley. Desde el punto de vista doctrinal podemos considerar autores de la noción teórica y funcional a Rousseau (predominio de la ley como expresión de la voluntad general) y a Montesquieu (que expone y proclama el principio de la división de poderes). Históricamente su manifestación primera tiene lugar con las revoluciones inglesas (1.688), estadounidense (1776), y francesa (1789). Cuajado finalmente por Alexis de Tocqueville en su conocida obra “La democracia en América”.

Permitiéndonos la licencia de prescindir de un minucioso recorrido histórico, y refiriéndonos a España, podemos señalar que la manifestación más precisa, y también la de hasta ahora más larga duración, del “Estado de Derecho”, es la que vino a consagrar la Constitución Española de 1978 cuyo art. 1º proclama la constitución de España como “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, garantizando “el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad”.  

Preceptos los anteriores que se concretan en aquellos otros que desarrollan el principio de división de poderes, principalmente los dedicados a los órganos que personifican cada poder: las Cortes Generales, que “ejercen la potestad legislativa (…) y controlan la acción del Gobierno (…)” (arts. 66 y ss. CE). El Gobierno, que “ejerce la función ejecutiva” (arts. 97 y ss. CE); y el Poder Judicial, integrado por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (…) al que “corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” (arts. 117 y ss. CE).

El año de aprobación y sanción de la Constitución y los inmediatos siguientes fueros los de su apogeo, casi hasta su sacralización, en cuanto que vino a consagrar el principio de división de poderes como máxima garantía del Estado de Derecho, principio que, completado con la tabla de derechos y deberes son los definidores del “Estado social y democrático de Derecho” en que España se constituye. 

A lo largo de los treinta y cinco años transcurridos desde entonces se han producido numerosos aconteceres como modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de designación del Consejo General del Poder Judicial; la “invasión” de los partidos políticos para nombramiento de Jueces, Magistrados y Presidentes de Tribunales y Secciones de los mismos; la operativa para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, en alguna ocasión con dilaciones no convenientes; la prevalencia, en muchas ocasiones, de la proximidad, o lejanía, de las posiciones políticas de los proponentes para el puesto; el abuso, en muchas ocasiones, de la doctrina de la llamada creación judicial del Derecho, provenientes de posiciones ideológicas previas del juzgador sea de instancia o en vía de recurso, etc.; la duración en la sustanciación y resolución de los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales, principalmente en aquellos de gran trascendencia pública, sea por la relevancia de los implicados sea por la cuestión a que atañen. Todo ello por lo que al Poder Judicial respecta, sin olvidar la confusión que se ha producido, cuajando como si fuera correcta, de considerar al Tribunal Constitucional como órgano estrictamente judicial y superior jerárquico del Tribunal Supremo.

En los ámbitos de las Cortes Generales y del Ejecutivo, la confusión a que nos lleva el hecho de que el segundo debe tener, necesariamente, el respaldo del Congreso de los Diputados, cuando es lo cierto que sus componentes lo son por haber sido incluidos en lista electoral de los respectivos partidos políticos, sin ninguna otra consideración, salvo muy honrosas excepciones, que no sea la de la pertenencia (casi) sumisa al respetivo grupo político, de modo tal que la composición del Congreso sirve de comunicación capilar densa y abundante, para trasladar el modo de hacer del Gobierno, sus instrucciones y órdenes, de cuyo modo de operar tampoco se salva el Poder Judicial.

Todo esto, y muchas más numerosas circunstancias han producido un constante y continuado camino descendente en la valoración de la actuación de las Instituciones, que produce una seria desafección y alejamiento de la ciudadanía,  de la llamada “clase política”. Hechos muy recientes lo ponen de manifiesto y constituyen motivo de preocupación de los denominados “líderes” políticos.

Aquello que al fin de la década de los setenta del siglo pasado nos había hecho vibrar por haber alcanzado logros en la convivencia nunca vistos antes en la historia reciente de nuestra Patria, ha dejado paso al hastío, el desinterés y hasta una acentuada indiferencia hacia la actividad no solo política sino de gestión pública en general.

El transcurso del tiempo y los numerosos aconteceres que durante el mismo han venido sucediendo, algunos muy recientes acumulados a la “crisis” que venimos padeciendo, han puesto de manifiesto un cierto y sostenido desprestigio de las Instituciones que, probablemente, haya logrado aproximar todavía más “las togas a los polvos del camino”, hundiéndolas en una situación de desprestigio de la que solo podremos recuperarnos con el concurso de todos que, hoy, muy a nuestro pesar, atisbo muy difícil de alcanzar. ¿Habremos llegado ya al ocaso del Estado de Derecho? ¿Cuál será la próxima etapa? ¿La habrá?

Apogeo y decadencia del Estado de Derecho en la España democrática
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